Una importante empresa tecnológica global pagará 15 millones de dólares para resolver las acusaciones relacionadas con la denegación de las solicitudes de exención de la vacuna contra el COVID-19 a ciertos empleados y por el despido de quienes se negaron a recibir las vacunas, según un comunicado de prensa del 24 de marzo de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC).
La empresa, cuyo nombre no se ha revelado, tiene presencia en 12 estados de EE. UU. La denuncia se presentó en 2021 ante la Oficina del Distrito de Phoenix de la EEOC. La compañía optó por resolver el caso voluntariamente, sin admitir responsabilidad, para evitar una disputa prolongada, según el comunicado.
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La agencia federal de derechos civiles encontró "motivos razonables" para creer que la empresa discriminó a los empleados por motivos de religión y discapacidad al denegar sus solicitudes de exención de vacunación.
"No hubo ninguna excepción por la pandemia a los derechos civiles y las libertades de los trabajadores", dijo Andrea Lucas, presidenta de la EEOC.
El Título VII y la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA) exigen que los empleadores proporcionen adaptaciones razonables para las creencias religiosas sinceras y las discapacidades que califican, a menos que puedan demostrar dificultades excesivas. Cuando los empleadores no cumplen con esta obligación, la Comisión tomará medidas. Esta resolución deja claro que los lugares de trabajo en Estados Unidos deben permanecer abiertos a los empleados de fe y a los trabajadores con discapacidades.
Según el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, un empleador no debe discriminar a los trabajadores por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. La ADA garantiza la igualdad de oportunidades y el acceso a los entornos laborales para las personas con discapacidad. Según la EEOC, la empresa presuntamente violó el Título VII y la ADA sin poder demostrar una carga excesiva derivada de las exenciones.
La vacunación contra el COVID-19 ha sido un tema candente debido a las estrictas restricciones impuestas a la vida pública y privada durante la propagación mundial del coronavirus, y a la lucha de los países y los empleadores por encontrar un equilibrio entre los requisitos de salud y seguridad y las libertades personales.
Una de las primeras órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump tras asumir el cargo para su segundo mandato fue la reincorporación de los miembros del servicio militar que habían sido despedidos por negarse a recibir la vacuna contra el COVID-19.
La orden dispuso que el secretario de Guerra reintegrara a todos los miembros de las fuerzas armadas, tanto en servicio activo como en la reserva, que habían sido dados de baja por negarse a vacunarse contra el COVID-19. Se les abonó el salario retroactivo completo y se les restituyó su rango anterior.
El 20 de marzo, el Departamento de Guerra extendió el plazo para que estas tropas se reincorporaran, fijando la nueva fecha límite para el 1 de abril de 2027.
"Estamos extendiendo esta medida para asegurarnos de que cualquiera que quiera aprovecharla tenga tiempo adicional para hacerlo", dijo el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en un comunicado en video. "Quizás estaban esperando a ver si lo decíamos en serio o no. Y sí, lo decimos en serio".
Aproximadamente 8700 miembros de las fuerzas armadas fueron dados de baja en 2021 durante la pandemia de COVID-19 por negarse a cumplir con los requisitos de vacunación impuestos por la administración anterior.
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La EEOC ya ha llegado a acuerdos con otras organizaciones en relación con el tema de las vacunas.
El 2 de marzo, la agencia anunció un acuerdo de 150,000 dólares con Rex Healthcare, con sede en Carolina del Norte, por supuestamente denegar la solicitud de un trabajador remoto para quedar exento de la política de vacunación obligatoria contra el COVID-19 del proveedor.
En diciembre de 2025, UT-Battelle LLC, una empresa contratista de gestión del Departamento de Energía con sede en Tennessee, acordó pagar más de 2.8 MDD en compensación económica a un grupo de empleados por violar sus creencias al denegarles una exención religiosa en la política de vacunación contra el COVID-19 de la organización.
"La pandemia de COVID-19 requirió medidas extraordinarias para proteger la salud y la seguridad de los miembros del personal mientras trabajaban juntos para mantener el laboratorio abierto", dijo Stephen Streiffer, presidente y director ejecutivo de UT-Battelle.
"Durante estos tiempos sin precedentes, su dedicación nos permitió seguir cumpliendo con nuestras misiones nacionales, incluida la producción de isótopos médicos para combatir el cáncer y apoyar la seguridad nacional. Agradecemos la asistencia de la EEOC para resolver estos litigios, lo que nos permite seguir adelante plenamente centrados en nuestro trabajo para la nación".
