La Universidad Brown llegó a un acuerdo con el gobierno de EE. UU. para restablecer la financiación, lo que supone el tercer acuerdo de este tipo entre las prestigiosas universidades de la Ivy League en un mes por denuncias de discriminación.
En el acuerdo, Brown, en Providence, Rhode Island, se comprometió a pagar 50 millones de dólares a iniciativas estatales de empleo durante 10 años, en un acuerdo que restablece la financiación federal perdida para la investigación y pone fin a las investigaciones sobre discriminación sexual y racial.
Además, Brown aceptó realizar varios ajustes en sus políticas, como adoptar la definición gubernamental de "masculino" y "femenino" para los deportistas y el alojamiento en el campus, cumplir las normas de la NCAA y ajustarse al Título IX.
Esto incluye ofrecer la posibilidad de elegir entre baños masculinos y femeninos y plantas exclusivas para mujeres en las residencias universitarias.
La universidad tampoco participará en ninguna actividad relacionada con la atención sanitaria para la reafirmación de género, lo que incluye la cirugía de reasignación de género o la prescripción de bloqueadores de la pubertad a menores.
El Título IX es una ley de 1972 que prohíbe la discriminación sexual en cualquier programa o actividad educativa que reciba financiación federal, y el gobierno alega que las universidades de la Ivy League la infringieron al no respetar las distinciones de género tradicionales.
En virtud del acuerdo, Brown también tomará medidas para hacer frente al antisemitismo en el campus.
En 2024, se produjeron protestas en todo el país por la respuesta militar de Israel al ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.
La presidenta de Brown, Christina H. Paxson, respondió con una declaración en la que aceptaba que el acuerdo "preserva la independencia académica de Brown" sin admitir ninguna culpa.
"La principal prioridad de la Universidad durante las conversaciones con el gobierno fue permanecer fieles a nuestra misión académica, nuestros valores fundamentales y lo que somos como comunidad en Brown", escribió Paxson.
La secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, aplaudió el acuerdo.
"La Administración Trump está revirtiendo con éxito la captura woke de las instituciones de educación superior de nuestro país, que se prolongó durante décadas", escribió en un comunicado.
"Devolver a las instituciones de educación superior de nuestro país su condición de lugares dedicados a la búsqueda de la verdad, el mérito académico y el debate civil, donde todos los estudiantes puedan aprender sin discriminación ni acoso, será un legado duradero de la Administración Trump, que beneficiará a los estudiantes y a la sociedad estadounidense durante generaciones".
La Universidad de Columbia llegó a un acuerdo similar y anunció el 25 de julio que pagará 200 millones de dólares para hacer frente a las acusaciones de violación de las leyes contra la discriminación de los estudiantes judíos.
En marzo, el gobierno de Estados Unidos retiró 400 millones de dólares en subvenciones a Columbia por no haber abordado el acoso antisemita a estudiantes judíos en el campus durante las protestas.
El 1 de julio, la Universidad de Pensilvania acordó modificar los registros escolares establecidos por la nadadora transgénero Lia Thomas para evitar una multa y presentar una disculpa oficial a las atletas femeninas que se habían visto afectadas.
La Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, está actualmente en conversaciones con el gobierno federal por acusaciones similares.
El 29 de julio, el Departamento de Justicia también determinó que la Universidad de California en Los Ángeles violó los derechos civiles por no haber hecho frente al acoso y los abusos contra estudiantes judíos e israelíes durante las protestas.
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