El 25 de agosto, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que ordenaba a la fiscal general Pam Bondi “perseguir enérgicamente a quienes violen nuestras leyes de forma que implique profanar la bandera estadounidense”, una medida que podría enfrentarse a impugnaciones legales tanto en las cortes federales inferiores como en la Corte Suprema de Estados Unidos.
"Nuestra gran bandera estadounidense es el símbolo más sagrado y apreciado de los Estados Unidos de América, y de la libertad, la identidad y la fuerza estadounidenses", escribió Trump en la orden. "Profanarla es algo especialmente ofensivo y provocador".
Los críticos de la administración y los activistas de las libertades civiles describen la medida como una violación de la libertad de expresión permitida por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Los partidarios de la medida señalan la naturaleza única de la bandera como símbolo del país y afirman que la prohibición está justificada.
Esto es lo que deben saber.
Orden ejecutiva
La orden instruye a Bondi a dar prioridad a la aplicación de las leyes contra los incidentes de quema de banderas que "violan las leyes aplicables y neutrales en cuanto al contenido, al tiempo que causan un daño no relacionado con la expresión, de conformidad con la Primera Enmienda".Aunque autorizaría a los funcionarios a iniciar acciones penales, la sanción se basaría en violaciones de otras leyes locales, estatales o federales.
También pretende adelantarse a los recursos basados en la Primera Enmienda, al fomentar la aplicación de la orden únicamente mediante el uso de "leyes aplicables y neutrales en cuanto al contenido, que causen un daño no relacionado con la expresión, de conformidad con la Primera Enmienda".
La orden ejecutiva ordena a Bondi "dar prioridad a la aplicación, en la mayor medida posible, de las leyes penales y civiles de nuestra nación" en los casos de quema de banderas, incluso mediante la aplicación de leyes no relacionadas con la libertad de expresión.
Esto incluye las leyes contra los delitos violentos, los delitos de odio, la discriminación contra ciudadanos estadounidenses, otras violaciones de los derechos civiles de los estadounidenses y los delitos contra la propiedad y la paz, así como los esfuerzos por ayudar e incitar a violar dichas leyes.
También anima a Bondi a remitir a las autoridades estatales y locales pertinentes las violaciones de las leyes aplicables, como las relativas a la quema al aire libre, la conducta desordenada o la destrucción de la propiedad.
"Palabras provocadoras"
La orden sugiere que la quema de banderas puede ser perseguida en virtud de la doctrina de las "palabras provocadoras", una de las pocas excepciones al derecho a la libertad de expresión que garantiza la Primera Enmienda.Establecida en 1942 en el caso Chaplinsky contra New Hampshire, la doctrina permite el castigo penal de las palabras que puedan provocar una respuesta inmediata y violenta.
Trump escribió que quemar la bandera "puede incitar a la violencia y a los disturbios".
La orden establece que "a pesar de las sentencias de la Corte Suprema sobre las protecciones de la Primera Enmienda, la Corte nunca sostuvo que la profanación de la bandera estadounidense realizada de una manera que pueda incitar a una acción ilegal inminente o que sea una acción equivalente a 'palabras provocadoras' esté protegida constitucionalmente".
La orden ejecutiva exige a Bondi que procese estos casos "en la medida máxima permitida por la Constitución".
Un manifestante quema una bandera estadounidense frente al juzgado federal Mark O. Hatfield en Portland, Oregón, el 20 de julio de 2020. (Noah Berger/AP Photo).Neama Rahmani, un abogado de California que comenta sobre política nacional dijo a The Epoch Times que es difícil procesar con éxito este tipo de casos.
"Rara vez se procesan y, cuando se hace, a menudo se impugnan basándose en la Primera Enmienda", dijo Rahmani.
Rahmani también señaló que los precedentes existentes, establecidos en el caso Texas contra Johnson de 1989 y en el caso Estados Unidos contra Eichmann de 1990, consideran que quemar la bandera estadounidense es un acto protegido por la libertad de expresión que ni siquiera el Congreso puede prohibir.
"El precedente de la Corte Suprema establece que se trata de una actividad protegida por la Primera Enmienda que no puede ser procesada", agregó Rahmani.
Debate
Las organizaciones de libertades civiles, incluidas algunas de tendencia derechista, afirmaron que la orden transgrede la libertad de expresión.Entre ellas se encuentra la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE), que criticó la orden en un comunicado del 25 de agosto.
"La quema de banderas como forma de protesta política está protegida por la Primera Enmienda", escribió la organización.
"Si bien se puede procesar a las personas por quemar cualquier cosa en un lugar donde no se les permite encender fuego, el gobierno no puede procesar una actividad expresiva protegida, incluso si muchos estadounidenses, incluido el presidente, la consideran 'especialmente ofensiva y provocativa'".
Bryan Leib, director ejecutivo de Henry Public Relations y miembro senior del Centro para los Derechos Fundamentales, con sede en Hungría, expresó su apoyo a la orden ejecutiva.
"La bandera estadounidense representa mucho más que un simple trozo de tela cosido. Es un símbolo de nuestra nación, la nación más grande de la Tierra", dijo a The Epoch Times. "Es decir, un faro de libertad por el que tantos hombres y mujeres dieron su vida, lucharon y murieron para defender".
Leib rechazó los argumentos de que quemar la bandera estadounidense es una forma de libertad de expresión.
"La libertad de expresión, por supuesto, está protegida por la Constitución, pero la libertad de expresión tiene límites", dijo. "Al igual que, como usted sabe, no permitimos que la gente amenace con violencia o grite que va a matar a alguien, no creo que debamos permitir la profanación del símbolo que nos une como nación".
La orden instruye a Bondi a preparar un litigio para impugnar el precedente actual sobre el tema.
Rahmani se mostró escéptico sobre hasta dónde podría llegar la administración con dicho litigio, y predijo que la propuesta sería rechazada por la Corte Suprema.
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