Esta foto del 5 de abril de 2020 muestra un sobre con una carta del censo de 2020 enviada por correo a un residente de Detroit. (Paul Sancya/AP Photo)

Esta foto del 5 de abril de 2020 muestra un sobre con una carta del censo de 2020 enviada por correo a un residente de Detroit. (Paul Sancya/AP Photo)

Trump quiere cambiar el censo para excluir a los inmigrantes ilegales: lo que debe saber

El recuento nacional determina la distribución de los escaños en la Cámara de Representantes de EE. UU. y billones de dólares en fondos federales.

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13 de agosto de 2025, 3:13 p. m.
| Actualizado el13 de agosto de 2025, 3:13 p. m.

El presidente Donald Trump quiere cambiar la forma en que la Oficina del Censo de los Estados Unidos recopila datos y excluir a los inmigrantes ilegales del censo.

Trump ordenó al Departamento de Comercio que lo hiciera y anunció el plan a través de una publicación en Truth Social, en la que escribió que el departamento comenzaría a trabajar en un "censo nuevo y altamente preciso basado en datos y cifras actuales y, lo que es más importante, utilizando los resultados y la información obtenidos en las elecciones presidenciales de 2024".

Los que se encuentran en el país de forma ilegal "no serán contabilizados en el censo", escribió Trump en mayúsculas.

El cambio propuesto continúa con los esfuerzos que lleva a cabo desde hace tiempo el presidente para reducir el impacto político y fiscal de la inmigración ilegal en Estados Unidos.

No está claro si Trump está pidiendo un nuevo censo antes de 2030 o si los cambios propuestos se aplicarían solo a los recuentos futuros.

El censo de Estados Unidos también es crucial para la distribución del poder político en el país, y es seguro que la medida de Trump se enfrentará a impugnaciones en los tribunales federales, al igual que han hecho en el pasado otras iniciativas para introducir modificaciones de este tipo.

Esto es lo que debe saber sobre el cambio.

El censo

El censo, un recuento de las personas que viven en Estados Unidos que se realiza cada diez años al comienzo de cada década, es un componente fundamental del sistema político estadounidense y está previsto en la Constitución de Estados Unidos.

Si bien todos los estados tienen dos escaños en el Senado independientemente de su tamaño, el número de escaños que un estado tiene en la Cámara de Representantes, así como el número de votos del Colegio Electoral que recibe, se basa en su población.

Todos los estados obtienen al menos un escaño en la Cámara, pero los estados más poblados reciben muchos más, como es el caso de California, con 52 representantes, y Texas, con 38.

El número de votos que obtiene un estado en el Colegio Electoral se determina sumando el número de escaños que tiene en la Cámara a sus dos escaños en el Senado.

También es responsable de determinar cómo distribuir alrededor de 2.8 billones de dólares en fondos federales para carreteras, sanidad, educación y otros sectores.

Según Pew Research, Los Ángeles y otras ciudades de California, Nueva York y Chicago albergan las mayores poblaciones de inmigrantes ilegales.

Durante su primer mandato presidencial, Trump intentó que los inmigrantes ilegales quedaran excluidos del reparto de escaños en la Cámara de Representantes, los votos del Colegio Electoral y los fondos federales.

En 2019, impulsó la inclusión de preguntas sobre la ciudadanía de las personas en el censo, pero fue bloqueado por los tribunales federales.

¿Está Trump considerando un censo anticipado?

El anuncio de Trump no aclara si sus planes se aplicarían al próximo censo de 2030 o si está considerando un nuevo censo antes de lo previsto.

El Departamento de Comercio, que supervisa el censo, no respondió inmediatamente a una solicitud de aclaración sobre el plan.

Recientemente, los republicanos de Texas han tomado medidas para rediseñar los mapas electorales de su estado, aunque se han visto frustrados en su intento por la huida de unos 56 demócratas del estado para evitar la votación.

La iniciativa ha sido alentada por Trump, que también ha buscado cambios similares en estados republicanos como Misuri y Luisiana.

Un nuevo censo que excluya a los inmigrantes ilegales, muy representados en estados demócratas como California y Nueva York, así como en estados disputados como Arizona, podría suponer una pérdida de representación y poder electoral para los estados demócratas.

Sin embargo, realizar un censo anticipado sería difícil, y ordenar tal medida sin la aprobación del Congreso podría exponer al gobierno a impugnaciones legales.

El censo decenal representa la mayor empresa no militar del gobierno federal, ya que requiere un ejército de empleados para recibir respuestas de casi el 100 % de los hogares estadounidenses.

La Oficina de Estadísticas Laborales estimó que se emplearon alrededor de 288,000 personas para hacer un seguimiento de los hogares que no respondieron al censo de 2020.

Esto lo convierte en una empresa costosa.

En marzo de 2023, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental estimó que el censo de 2020 costó a los contribuyentes alrededor de 13,700 millones de dólares.

Recursos judiciales

Cualquier medida para cambiar el censo probablemente se enfrentará al escrutinio de los tribunales y, en el pasado, los jueces federales no se han mostrado favorables a los esfuerzos de Trump para excluir a los inmigrantes ilegales.

La 14.ª Enmienda establece que el censo debe contar "el número total de personas en cada estado" para la distribución de los escaños en la Cámara de Representantes.

En 2019, la Corte Suprema impidió a la primera administración Trump añadir una pregunta sobre la ciudadanía al censo.

Esta pregunta se incluyó por última vez en el censo de 1950.

Los detractores de los planes de Trump afirman que añadir este tipo de preguntas probablemente provocará que las personas que se encuentran en el país de forma ilegal declaren un tamaño inferior al real de sus hogares.

A pesar de haber sido bloqueado por la Corte Suprema, Trump volvió a intentar excluir a los inmigrantes ilegales de las decisiones sobre la distribución, pero perdió en las cortes inferiores.

La Corte Suprema no se pronunció sobre esta segunda cuestión hasta después de las elecciones de 2020, desestimando el caso por motivos de procedimiento.

En una decisión sin firmar en ese momento, la Corte Suprema escribió: "No expresamos ninguna opinión sobre el fondo de las alegaciones constitucionales y legales presentadas. Solo sostenemos que no son aptas para juicio en este momento".


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