El presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema el 16 de septiembre a mantener intacto su despido de la integrante de la Comisión Federal de Comercio (FTC) Rebecca Slaughter, después de que la alta corte lo confirmara temporalmente la semana pasada.
Slaughter, antigua asesora jurídica del senador Chuck Schumer (D-N.Y.), fue nombrada por primera vez por Trump en 2018 para ocupar un puesto reservado a los demócratas en la FTC y luego fue reelegida en 2023 por el presidente Joe Biden.
Trump despidió a Slaughter a principios de este año. En una carta en la que explicaba la decisión, la Casa Blanca dijo que mantenerla en su puesto sería incompatible con las prioridades de la Administración Trump.
El fiscal general D. John Sauer dijo en un nuevo escrito presentado en nombre del presidente que la Corte Suprema debería mantener el despido, ya que es probable que el gobierno federal demuestre que la corte inferior que reincorporó a Slaughter "se excedió en su autoridad correctiva".
Sauer dijo que los miembros de la FTC ya no están protegidos contra el despido por la sentencia Humphrey's Executor v. United States (1935), que confirmó las limitaciones legales que el Congreso impuso a la destitución de los miembros de la FTC, considerada una agencia federal independiente.
Desde 1935, la comisión se volvió tan poderosa que ejerce "poder ejecutivo fundamental" y "debe rendir cuentas plenamente al presidente", lo que significa que el presidente debería poder despedir a sus miembros a su antojo, añadió el fiscal general.
El despido de la integrante de la FTC por parte de Trump es el último acontecimiento en su continuo esfuerzo por destituir al personal de las agencias federales independientes, cuyos nombramientos tradicionalmente han estado protegidos contra el despido sin causa justificada.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió una suspensión administrativa el 8 de septiembre que paraliza hasta nuevo aviso una sentencia dictada el 17 de julio por la jueza federal Loren L. AliKhan. La jueza dictaminó que el despido de Slaughter era ilegal porque lo prohibía el precedente Humphrey's Executor.
La suspensión administrativa de la Corte Suprema da a los jueces más tiempo para examinar a fondo el caso.
La jueza de distrito dijo en ese momento que la administración Trump había pedido a la corte que ignorara el caso Humphrey's Executor y "apruebe lo que equivale a la anulación implícita de un precedente vinculante, unánime y con noventa años de antigüedad".
"Dado que 'es prerrogativa exclusiva de la Corte [Suprema] anular uno de sus precedentes', esta corte no puede ni cumplirá con esa solicitud", dijo.
El 2 de septiembre, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia votó por 2 a 1 a favor de confirmar la decisión que permitía a Slaughter permanecer en su cargo.
En la decisión de la Corte de Circuito de D.C., la jueza de circuito Neomi Rao discrepó, diciendo que la FTC "ejerce un poder ejecutivo significativo" y que otros factores también favorecen al gobierno en el caso.
En "dos casos prácticamente idénticos", la Corte Suprema suspendió medidas cautelares similares, dijo.
Rao se refería a los casos Trump contra Boyle y Trump contra Wilcox. En el caso Boyle, la Corte Suprema confirmó el despido por parte de Trump de tres personas nombradas por Biden en la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo. En Wilcox, la alta corte confirmó el despido por parte de Trump de los nombramientos de Biden en la Junta de Protección del Sistema de Méritos y la Junta Nacional de Relaciones Laborales.
En Wilcox, la Corte Suprema falló a favor de la administración Trump, diciendo que el gobierno "se enfrenta a un mayor riesgo de perjuicio por una orden que permite a un funcionario destituido seguir ejerciendo el poder ejecutivo que el que se enfrenta un funcionario destituido injustamente por no poder desempeñar sus funciones legales", dijo.
Sauer dijo en el escrito del 16 de septiembre que la Corte Suprema dictaminó en el caso Seila Law contra la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (2020) que Humphrey's Executor se refería a los poderes más modestos que tenía la FTC en 1935, no a los que ejerce en la actualidad.
"Humphrey's Executor no es una carta de salida gratuita para la FTC, independientemente del poder ejecutivo que ejerza realmente la agencia".
Sauer dijo que la Corte Suprema debería aceptar la solicitud de emergencia del gobierno para mantener a Slaughter fuera de la FTC. La corte también debería tratar la solicitud como una petición de certiorari, o revisión, que, si se concede, podría dar lugar a alegatos orales formales en el caso, añadió.
Slaughter declaró ante la Corte Suprema en un escrito del 15 de septiembre que la solicitud del gobierno debería denegarse porque Humphrey's Executor, que sigue siendo ley vigente, controla el caso.
La Corte Suprema reafirmó la sentencia en 1958 y 1988, y se negó a revisarla en 2010, 2020 y 2021, según el escrito.
El escrito dijo que la corte de distrito actuó correctamente al considerar que el intento de Trump de despedir a Slaughter era "ilegal según la Ley de la FTC [y] Humphrey's Executor". La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia consideró que era "muy improbable que el gobierno tuviera éxito en la apelación porque" la "cuestión concreta" que plantea en el caso "ya fue planteada y respondida por unanimidad por [esta] Corte en Humphrey's Executor", según el escrito.
El presidente Roberts o la Corte Suprema en pleno pueden volver a examinar el caso, conocido como Trump v. Slaughter, en cualquier momento.
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