Una revisión electoral llevada a cabo en Texas identificó que 2724 personas inscritas en el padrón electoral carecen de prueba de ciudadanía.
La secretaria de Estado de Texas, Jane Nelson, dijo el 20 de octubre que, tras comparar los 18 millones de votantes registrados en Texas con la base de datos SAVE del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, se descrubrió que “2724 personas que podrían no ser ciudadanas están registradas para votar en Texas”.
“Solo los ciudadanos estadounidenses elegibles pueden participar en nuestras elecciones”, dijo Nelson en su comunicado de prensa. “La decisión de la Administración Trump de dar a los estados acceso libre y directo a este conjunto de datos por primera vez supone un cambio radical, y agradecemos la colaboración con el gobierno federal para verificar la ciudadanía de las personas que figuran en nuestros censos electorales y mantener listas de votantes precisas”.
Los supuestos votantes no ciudadanos recibirán una notificación de su condado y se les ofrecerá la oportunidad de impugnar su eliminación del censo electoral presentando una prueba de ciudadanía para seguir siendo votantes registrados. Si no se recibe ninguna respuesta en un plazo de 30 días, se cancelará el registro.
El desglose por condados de la revisión publicada por la oficina del Secretario de Estado mostró que el condado de Harris, que abarca gran parte de Houston, era el que tenía más votantes problemáticos, con 362 casos detectados. El condado de Dallas no se quedó atrás, con 277, mientras que el condado de Bexar, donde se encuentra San Antonio, tuvo 201 y el condado de El Paso, 165.
Varios de los condados no registraron ningún votante marcado, y muchos de los más de 250 condados tuvieron menos de 10.
Este cambio se produce poco más de un año después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunciara que el estado había eliminado a más de un millón de personas de las listas electorales estatales.
El anuncio de agosto de 2024 indicaba que las eliminaciones incluían a personas que se habían mudado fuera del estado, habían fallecido o no eran ciudadanas.
El estado también se ha involucrado recientemente en una redistribución de distritos a mitad de década, lo que ha provocado un conflicto entre los legisladores estatales.
Abbott promulgó la ley “One Big Beautiful Map” el 29 de agosto, que podría dar la vuelta a hasta cinco escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a favor de los republicanos, después de que el Departamento de Justicia sugiriera a principios de este año que algunos de los distritos demócratas del estado se habían trazado de forma inconstitucional y debían revisarse.
“Hoy he promulgado la ley One Big Beautiful Map”, escribió Abbott en un comunicado en X. "Este mapa garantiza una representación más justa en el Congreso. Texas será más ROJO en el Congreso".
Esta medida fue muy controvertida por los demócratas de la Cámara de Representantes del estado, que acusaron a los republicanos de manipulación electoral. Muchos legisladores estatales demócratas abandonaron el estado en señal de protesta para impedir, al menos durante un tiempo, la aprobación del mapa.
El representante Lloyd Doggett (D-Texas) se retiró tras la polémica sobre la redistribución de distritos.
"Si este mapa de Trump, manipulado por motivos raciales, es rechazado, como debería ser, seguiré buscando la reelección en el Distrito 37 del Congreso para representar a mis vecinos en la única ciudad que he llamado mi hogar", dijo el legislador en ese momento. "Si los tribunales dan al [presidente Donald] Trump la victoria en su plan para mantener el control de una Cámara complaciente, no buscaré la reelección en el DC 37 reconfigurado".
De los más de un millón de votantes que fueron eliminados el año pasado, se descubrió que más de 6500 no eran ciudadanos y otros 6000 eran votantes con condenas por delitos graves. En Texas, los condenados por delitos graves pierden su derecho al voto mientras están encarcelados, en libertad condicional o en libertad vigilada.
En ese momento el gobernador dijo: "El voto ilegal en Texas nunca será tolerado. Seguiremos salvaguardando activamente el sagrado derecho al voto de los texanos, al mismo tiempo que protegemos agresivamente nuestras elecciones del voto ilegal".
El gobernador también señaló que el secretario de Estado y los registradores electorales de los condados tienen la "obligación legal permanente" de revisar los censos electorales y eliminar a las personas que no tienen derecho a votar.
Por mucho, los grupos más numerosos entre los eliminados fueron las personas fallecidas, que sumaron más de 45o,000 de los votantes eliminados, y los más de 460,000 que ya figuraban en la lista de votantes “suspendidos” de Texas, debido a cuestiones como una dirección no verificada.
Abbott promulgó la Ley 1243 de la Cámara de Representantes en 2023, que aumentó la pena por voto ilegal a un delito grave de segundo grado. Esto incluye el voto de personas que no son ciudadanas.
La reciente purga de Texas se produce menos de un mes después de que el Departamento de Justicia anunciara una demanda contra seis estados por supuestamente no proporcionar al gobierno sus listas de registro de votantes.
El Departamento de Justicia presentó una demanda el 25 de septiembre contra California, Míchigan, Minnesota, Nueva York, Nuevo Hampshire y Pensilvania, citando la Ley de Derechos Civiles de 1960, que, según afirma, exige a los estados proporcionar los registros de inscripción de votantes al fiscal general cuando este lo solicite.
La revisión de los censos electorales por parte de los estados se produce en cumplimiento de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 25 de marzo, "Preservar y proteger la integridad de las elecciones estadounidenses", que instaba a los funcionarios a "identificar a los votantes no cualificados registrados en los estados".
Apenas unos días antes de la demanda, las autoridades del condado de Orange, California, pusieron en marcha una investigación para verificar que ningún perro o gato estuviera registrado para votar. La decisión de la Junta de Supervisores del 23 de septiembre ordenó una revisión de los registros de mascotas para garantizar que ningún animal estuviera preparado para "emitir su voto" en las próximas elecciones especiales de noviembre.
La investigación del condado se produjo tras múltiples acusaciones de delito grave contra una mujer de Costa Mesa por supuestamente registrar a su perro para votar.
"El derecho al voto de todas las personas es sagrado y debe protegerse", dijo Nelson en su comunicado de prensa. "La base de datos SAVE ha demostrado ser un conjunto de datos de vital importancia y uno de los muchos que seguiremos utilizando en Texas para garantizar que solo los votantes cualificados emitan su voto en nuestras elecciones".
Con información de Kimberly Hayek y Jackson Richman
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