La buena noticia llegó el día de la boda de Heather Knuckles: su madre, postrada en cama con fallas hepáticas y renales, había encontrado un órgano compatible.
Fue el día más feliz de sus vidas, dijo Knuckles, recordando a su madre sonriendo mientras imaginaba una nueva vida por delante.
En cambio, relató, lo que comenzó fue una pesadilla.
La madre de Knuckles, Mary Ann Hollis, se sometió a trasplantes de hígado y riñón el 30 de octubre de 2022. Cinco días después de la cirugía, los médicos informaron a la familia que el hígado donado tenía un problema no reportado previamente: una forma rara y mortal de cáncer.
Hollis fue sometida poco después a una segunda cirugía para reemplazar el hígado, un procedimiento de cuatro horas que la dejó frágil y en estado de delirio.
Para Navidad, dependía de una sonda de alimentación, y los familiares se reunieron a su alrededor para abrir los regalos que ella estaba demasiado débil para abrir por sí misma. Murió tres semanas después, con una masa sólida desarrollándose en su cuerpo.
Lo que la mató fue el mismo cáncer —un adenocarcinoma indiferenciado— del donante cuyos órganos, afirma Knuckles, nunca debieron ser considerados aptos para trasplante.
Tres años después, con un nuevo escrutinio nacional sobre el sistema de trasplantes de EE. UU. y su proceso de procuración, ella exige rendición de cuentas.
“Nadie debería tener que vivir lo que mi madre y nuestra familia han soportado”, dijo ante legisladores durante una audiencia en el Congreso el 2 de diciembre, en medio de la investigación en curso sobre las organizaciones sin fines de lucro que facilitan donaciones y trasplantes de órganos, conocidas como Organ Procurement Organizations (OPO por sus siglas en inglés).
Y su historia distaba mucho de ser un caso aislado.
"Inhumano"
En la audiencia, denunciantes declararon que hubo pacientes al borde de que se les extrajeran los órganos pese a mostrar señales claras de vida, órganos de donantes desechados y preocupaciones por posibles malas prácticas que fueron silenciadas.Una de las testigos es Nyckoletta Martin, excoordinadora de preservación quirúrgica en Kentucky Organ Donor Affiliates (Afiliados de Donantes de Órganos de Kentucky), que luego se fusionó con otra OPO para formar Network for Hope (Red para la Esperanza) en octubre de 2024.
En 2021, el hospital recibió a TJ Hoover, quien había sufrido un paro cardíaco y permaneció inconsciente durante días. Se despertó en la sala de operaciones justo cuando los médicos evaluaban si sus órganos estaban lo suficientemente sanos para ser donados. Pero en lugar de detener el procedimiento de inmediato, dijo Martin, el personal médico supuestamente lo sedó para impedir que se moviera, lo que alarmó a algunos miembros del equipo, quienes calificaron las acciones como “inhumanas” y similares a una “eutanasia humana”.
Red para la Esperanza es una de las 55 OPO en Estados Unidos encargadas de recuperar órganos para trasplantes.
Una investigación federal realizada en julio descubrió más de 100 casos en los que la procuración de órganos comenzó cuando los pacientes aún mostraban signos de vida. Tras ello, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos descertificó a un grupo de procuración de órganos, señalando que se trataba de una advertencia para otras redes de trasplante.
Jennifer Erickson, investigadora principal en políticas de donación de órganos en la Federation of American Scientists, describió que Estados Unidos ha llegado a niveles de corrupción propios de una crisis nacional en las OPO.
“Las OPO, financiadas por los contribuyentes, operan con prácticamente ninguna rendición de cuentas, y han presionado a familias en duelo y, en los casos más horribles, han apuntado a pacientes que ni siquiera están muertos”, dijo ante legisladores.
Denunciantes le dijeron a Erickson que habían sido entrenados para “apuntar a médicos inexpertos, especialmente en zonas rurales de Estados Unidos”, con el fin de empeorar la condición de los pacientes administrándoles en exceso medicamentos paliativos, como el fentanilo.
El representante Don Beyer (D-Va.) retomó después este punto.
“¿No es esto esencialmente intentar matar a personas para obtener sus órganos?”, preguntó.
Erickson respondió: “Quiero ser absolutamente clara: las cosas de las que estamos hablando son delitos.
“No solo representan un peligro para las personas que viven ahí. Son un peligro para cualquier estadounidense que viaje por cualquiera de estos estados donde los denunciantes han señalado que ocurren estas prácticas”.
Charles Bearden, el coordinador de trasplantes con más años de servicio en el país, fallecido este verano, una vez “literalmente cubrió a un paciente con su propio cuerpo para impedir que OPO peligrosas dañaran a pacientes que podían sobrevivir”, dijo Erickson.
“La línea entre donación de órganos y extracción de órganos es el consentimiento. Ninguna familia consentiría que un ser querido fuera llevado al quirófano para que le retiraran los órganos cuando todavía podía sobrevivir. Sin embargo, eso es lo que está ocurriendo en todo el país”.
Silenciados
Tras lo ocurrido con Hoover, Martin dijo que varios miembros del personal querían reportar el caso a las autoridades correspondientes, pero les dijeron que la OPO manejaría el asunto internamente.“Nuestro acceso a los registros de TJ fue restringido. Nos silenciaron”, expresó Martin.
Martin renunció por la forma en que la institución manejó el caso y posteriormente fue despedida de su nuevo empleador, Buckeye Transplant (Transplantes Buckeye), después de hablar públicamente sobre el tema.
Martin dijo que vio un patrón mientras leía una carta del Subcomité de Supervisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes dirigida a la New Jersey Organ and Tissue Sharing Network, una OPO que el comité está investigando por posibles fraudes a Medicare.
Más de una docena de denunciantes han presentado acusaciones preocupantes sobre órdenes para continuar con la procuración de órganos aun cuando un paciente mostraba señales de vida y sobre la eliminación de documentación. La carta también citaba hojas de Excel de la organización que supuestamente mostraban el descarte masivo de páncreas, recolectados bajo el pretexto de investigación pero aparentemente destinados a mejorar métricas, según el comité.
Los paralelos entre su experiencia y las acusaciones de los denunciantes en la carta eran “inconfundibles”, dijo Martin, subrayando “fallas sistémicas que exigen una rendición de cuentas y una reforma urgentes”.
La Red Unida para la Donación de Órganos (UNOS por sus siglas en inglés), que administra la lista nacional de espera y el sistema de asignación de órganos mediante un contrato federal, había amenazado con emprender acciones legales contra testigos de una audiencia previa en la Cámara de Representantes, afirmó Erickson, citando reportes de medios locales en Richmond, donde tiene su sede la organización.
La organización sin fines de lucro señaló en un comunicado del 2 de diciembre que “cumple con las leyes de protección a denunciantes y no tolera, ni participa en, represalias contra ellos”.
“UNOS nunca ha incurrido en comportamiento ilegal. Cualquier afirmación en contrario es escandalosa y actionable en los tribunales”, agregó.
Contactada por The Epoch Times, la red señaló su testimonio de julio ante el Congreso, en el que la directora ejecutiva de UNOS, Maureen McBride, propuso crear un sistema de reporte de seguridad del paciente de "puerta abierta" para atender posibles preocupaciones. El caso de la madre de Knuckles es “profundamente perturbador”, dijo McBride, pero UNOS no regula a las OPO ni a los hospitales de trasplante, ni participa en decisiones clínicas.
Barry Massa, director ejecutivo de Network for Hope, dijo que las acusaciones presentadas en la audiencia “no reflejan el impacto positivo de Network for Hope desde su fusión.”
“Network for Hope ha trabajado de manera cooperativa con el Congreso y las agencias de supervisión”, dijo a The Epoch Times. Señaló que su organización está “comprometida con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua en el proceso de donación de órganos”, reiterando su misión de “priorizar y garantizar un proceso seguro y compasivo para los donantes y sus familias”.
Para quienes trabajan en organizaciones de procuración de órganos, el consejo de Martin es: “No tengan miedo.”
“Estamos en la primera línea. Somos los defensores del paciente. Para eso nos inscribimos, ¿no?” dijo. “Tenemos protecciones, pero al final del día, estamos aquí para salvar vidas. No podemos permitir que esto siga ocurriendo”.
