La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el lunes que recomienda prohibir los viajes a los países que, según ella, están inundando Estados Unidos de delincuentes y personas que dependen de las ayudas sociales, tras discutir el asunto con el presidente Donald Trump.
"Recomiendo una prohibición total de viajar a todos los malditos países que han inundado nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales", escribió Noem en la plataforma de redes sociales X. "Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que los invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, se quedaran con el dinero de nuestros impuestos ganados con esfuerzo o se apropiaran de las prestaciones que se deben a los ESTADOUNIDENSES".
La propuesta de prohibición de viajar sigue a los llamados de Trump para detener toda la migración procedente de países del "tercer mundo" y reevaluar a todos los inmigrantes de Afganistán que entraron a Estados Unidos durante la administración Biden, relacionando la política con el tiroteo de la semana pasada, presuntamente perpetrado por un inmigrante afgano, contra dos soldados de la Guardia Nacional, uno de los cuales ha fallecido.
El 27 de noviembre, Trump también dijo que "detendría de forma permanente la migración procedente de todos los países del Tercer Mundo" y expulsaría a los extranjeros que "son incapaces de amar" a Estados Unidos, calificando estas medidas como necesarias para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo.
"Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción importante de las poblaciones ilegales y perturbadoras, incluidas las admitidas a través de un proceso de aprobación automática no autorizado e ilegal", escribió en una publicación en Truth Social. "Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede curar completamente esta situación".
El 26 de noviembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dejó oficialmente de tramitar indefinidamente todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos, incluidas las solicitudes de permisos de trabajo, asilo y refugio, naturalización y prestaciones familiares.
La administración Trump convirtió la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley de inmigración en una prioridad máxima, centrándose en las restricciones de visas y las iniciativas de deportación desde enero.
El 21 de noviembre, Trump anunció que iba a revocar inmediatamente las protecciones temporales contra la deportación para los somalíes que viven en Minnesota, alegando el fraude generalizado en las prestaciones sociales y la delincuencia.
El 17 de noviembre, el Departamento de Estado revocó los visados e impuso restricciones a los nicaragüenses, incluidos los ejecutivos y propietarios de agencias de viajes y empresas de transporte, acusados de ayudar a la inmigración ilegal a Estados Unidos. La declaración del departamento destacó que estas entidades "prestan servicios para ayudar a los extranjeros que pretenden inmigrar ilegalmente a Estados Unidos".
El secretario de Estado Marco Rubio anunció en marzo restricciones a los visados de los funcionarios extranjeros por "facilitar a sabiendas la inmigración ilegal a Estados Unidos, entre otras cosas, al no hacer cumplir las leyes de inmigración o al establecer y aplicar políticas y prácticas que facilitan a sabiendas el tránsito de extranjeros que pretenden inmigrar ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera suroeste del país".
Rubio añadió que "las medidas continuarán hasta que esos funcionarios asuman la responsabilidad de garantizar que se apliquen las políticas y las leyes vigentes para impedir el tránsito de esas personas. Estados Unidos no cederá cuando se trata de defender nuestros intereses de seguridad nacional".
Noem ha supervisado medidas como la cancelación del estatus de protección temporal para los venezolanos, aunque una corte federal de apelaciones dictaminó en septiembre que era ilegal, alegando que violaba los procedimientos administrativos.
