Durante meses, los jueces federales han ordenado al presidente Donald Trump reincorporar a los jefes de las agencias, a pesar de su interés en destituirlos.
Las decisiones de los jueces se han basado en un precedente de la Crote Suprema de hace 90 años, conocido como "Humphrey's Executor vs. United States", que establece que el Congreso puede limitar los motivos por los que los presidentes destituyen a funcionarios como los miembros de las juntas laborales.
Sin embargo, ese precedente y varios obstáculos legales a los despidos de Trump podrían eliminarse dependiendo del fallo de la Corte Suprema en un caso próximo, lo que podría dar a Trump y a sus sucesores más flexibilidad con su personal.
El 8 de diciembre, la Corte Suprema escuchará los argumentos orales en el caso Trump vs. Slaughter, que se centra en el intento del presidente de destituir a Rebecca Slaughter como comisionada de la Comisión Federal de Comercio (FTC).
Humphrey's Executor
En una carta enviada el 18 de marzo, Trump comunicó a Slaughter que su continuidad en el cargo era "incompatible" con las prioridades de su administración y que la destituiría en virtud de la autoridad que le confiere el artículo II.Cabe destacar que no identificó ninguna "ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber o mala conducta", que son los motivos por los que, según la Ley Federal de Comercio, el Congreso establece que los presidentes pueden destituir a los comisionados.
En cambio, Trump dijo que el caso Humphrey's Executor no era aplicable a los actuales comisionados porque la FTC tiene más poder ejecutivo que cuando se dictó la sentencia Humphrey's Executor en 1935.
Al igual que Trump, el expresidente Franklin Delano Roosevelt destituyó al comisionado de la FTC William Humphrey sin identificar ninguna de las causas establecidas por el Congreso.
En su lugar, despidió a Humphrey tras describir que ambos tenían visiones diferentes sobre la FTC.
En una decisión unánime, la Corte Suprema falló en contra de Roosevelt.
Su principal argumento fue que los comisionados ejercen un poder cuasi legislativo o cuasi judicial y, por lo tanto, pueden recibir una mayor protección que otros funcionarios de la agencia.
"En la medida en que ejerce alguna función ejecutiva (...) [la FTC] lo hace en el ejercicio y la aplicación de sus poderes cuasi legislativos o cuasi judiciales, o como agencia de los departamentos legislativo o judicial del gobierno", dijo el entonces presidente de la Corte Suprema, John Sutherland.
"Poder ejecutivo"
Sobre la demanda de Slaughter y otras se cierne la cuestión de qué distingue el poder ejecutivo de un comisionado del poder "cuasi legislativo" o "cuasi judicial".En una sesión informativa ante la Corte Suprema, la administración argumentó que estas categorías son erróneas.
"Los poderes cuasi mixtos son ajenos a nuestra estructura constitucional", dijo el fiscal general de los Estados Unidos, D. John Sauer, quien más tarde describió las agencias independientes como un "mito".
En lo que respecta a la FTC moderna, Sauer dijo que sus poderes eran claramente de naturaleza ejecutiva y, por lo tanto, otorgaban al presidente una mayor autoridad para destituir a los comisionados. Señaló aspectos como la capacidad de la FTC para negociar acuerdos internacionales con la aprobación del secretario de Estado.
Slaughter respondió que tanto la historia como los precedentes de la Corte Suprema respaldaban la idea de que las funciones cuasi legislativas o cuasi judiciales se desarrollaran dentro del poder ejecutivo.
Es probable que los argumentos orales se enfoquen en cómo la Corte ha manejado este tema en decisiones más recientes, como Seila Law v. Consumer Financial Protection Bureau, que según la administración había debilitado el efecto de Humphrey's Executor.
En Seila Law, la Corte Suprema dictaminó que el Congreso había invadido la autoridad del presidente al imponer un requisito de destitución «por causa justificada» para el director de la agencia.
La mayoría de los jueces de la Crote estuvieron de acuerdo en que no extendería el razonamiento del caso Humphrey's Executor a la oficina, en parte porque el director poseía un poder ejecutivo significativo.
Entre otras cosas, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que la "autoridad de ejecución del director incluye el poder de solicitar sanciones monetarias desalentadoras contra partes privadas en nombre de los Estados Unidos en un tribunal federal, un poder ejecutivo por excelencia que no se consideró en el caso Humphrey's Executor".
Sin embargo, en una nota al pie, la opinión mayoritaria de Roberts dice que "la conclusión de la Corte Suprema de que la FTC no ejerció poder ejecutivo no ha resistido el paso del tiempo".
El poder del precedente
Sauer les dijo a los jueces que deberían anular el caso Humphrey's si fuera necesario. Eso parecía una posibilidad, y es una de las cuestiones que está considerando la Corte Suprema.La presidenta de JCN, Carrie Severino, antigua secretaria del juez Clarence Thomas, declaró a The Epoch Times que el precedente se encuentra en "terreno inestable" e indicó que las decisiones más recientes de la Crote podrían suponer una dura batalla para Slaughter.
"En los 90 años transcurridos, la Corte se ha vuelto mucho más protector a la hora de garantizar que se respete nuestra estructura constitucional", declaró Severino a The Epoch Times.
Severino añadió que si Slaughter argumenta "que realmente está haciendo cosas que son legislativas y judiciales, además de ejecutivas, la Crote tendrá problemas con eso, como los ha tenido en varios casos recientes".
Si la Corte anula Humphrey's Executor, tendrá que tener en cuenta una doctrina jurídica conocida como stare decisis, que significa "mantener lo decidido" en latín. En general, significa que las cortes deben atenerse al razonamiento de decisiones anteriores, a menos que múltiples factores indiquen que no deben hacerlo.
Slaughter ha defendido el razonamiento de Humphrey, pero también ha destacado cómo la decisión ha influido en las expectativas del gobierno y del público.
"El Congreso creó docenas de organismos administrativos basándose en la norma del caso Humphrey's Executor", dice su escrito.
Añadió que anular el caso Humphrey's crearía una "niebla eterna de incertidumbre" para las industrias que planificaban en función del funcionamiento de esos organismos reguladores.
Reincorporación de los directores de las agencias por parte de los jueces
Sea cual sea la decisión de la Corte Suprema, se espera que los efectos de su decisión se extiendan a muchos otros casos, incluidos los que involucran a Trump.Por ejemplo, dos funcionarios despedidos de la junta laboral han presentado escritos amicus sugiriendo que el resultado del caso de Slaughter también podría afectar sus casos.
Trump no solo ha desafiado a Humphrey's Executor, sino que ha dicho que, incluso si el Congreso puede proteger a ciertos funcionarios de ser destituidos, los jueces no deberían poder reincorporarlos.
Sauer dijo a la corte que, si bien los funcionarios despedidos pueden solicitar el pago de salarios atrasados, su reincorporación invade el poder ejecutivo y obliga al presidente a "confiar el poder ejecutivo a alguien a quien ha destituido".
Slaughter no estuvo de acuerdo y argumentó que "no hay ningún problema con el artículo II al exigir al presidente que 'confíe el poder ejecutivo a alguien a quien ha destituido' si no tiene la autoridad del artículo II para destituir a esa persona en primer lugar", añade su escrito.
Las recientes decisiones de la Corte Suprema sobre su agenda de emergencia indicaron que simpatizaba con la posición de Trump.
En al menos cinco casos distintos, incluido el de Slaughter, los jueces han permitido a Trump despedir temporalmente a funcionarios mientras se desarrollaba el litigio.
La Corte ha dicho en repetidas ocasiones que el poder ejecutivo "se enfrenta a un mayor riesgo de daño por una orden que permite a un funcionario destituido seguir ejerciendo el poder ejecutivo que el que se enfrenta un funcionario destituido injustamente por no poder desempeñar sus funciones legales".
Sin embargo, más recientemente, la Corte dijo que aplazaría la decisión sobre la solicitud de Trump de destituir a un funcionario de derechos de autor hasta que se decidieran tanto el caso de Slaughter como otro relacionado con un miembro despedido de la Reserva Federal.
Conocido como Trump vs. Cook, ese caso tiene programado los argumentos orales para enero y se centra en si Trump violó una protección contra la destitución por causa justificada en la Ley de la Reserva Federal.
La Corte ha indicado que la Reserva Federal podría gozar de mayor protección legal que la FTC y otras agencias.
Cuando los funcionarios de la junta laboral intentaron comparar sus agencias con la Reserva Federal, la Corte no estuvo de acuerdo y dijo que "la Reserva Federal es una entidad cuasi privada con una estructura única que sigue una tradición histórica distintiva".
