Una demanda por derechos civiles, presentada el 11 de junio ante una corte federal del Distrito Este de Tennessee, alega la inconstitucionalidad de un programa que otorga fondos federales a universidades si los estudiantes hispanos representan al menos el 25 por ciento del alumnado.
La demanda fue interpuesta por el estado de Tennessee y Students for Fair Admissions (Estudiantes por Admisiones Justas), un grupo cuya demanda condujo a la Corte Suprema de Estados Unidos en 2023 a anular el uso de criterios raciales en la admisión de estudiantes a instituciones de educación superior en el caso Estudiantes por Admisiones Justas contra Harvard College.
La querella del miércoles incluye como demandados al Departamento de Educación de Estados Unidos y a la secretaria de Educación, Linda McMahon.
Los demandantes argumentan que el programa de subvenciones del gobierno federal para Instituciones que Sirven a los Hispanos (HSI) discrimina inconstitucionalmente por motivos de raza y etnia, según la denuncia.
La División de Instituciones que Sirven a los Hispanos del Departamento de Educación proporciona subvenciones a instituciones de educación superior para ayudar a fortalecer los programas, instalaciones y servicios institucionales y ampliar las oportunidades educativas para los hispanoamericanos y otras poblaciones subrepresentadas, según indica el sitio web del Departamento de Educación.
El Congreso asignó 350.6 millones de dólares para el programa en el año fiscal 2024, según informa el centro de estudios educativos New America.
El departamento no puede discriminar por motivos de raza o etnia, "incluso cuando el Congreso lo ordena", afirma la denuncia.
A pesar de ello, en virtud de la Ley Federal de Educación Superior, el departamento asigna fondos del programa HSI a universidades solo si cumplen con el umbral étnico arbitrario del 25 por ciento de matrícula estudiantil hispana, según la denuncia.
Tennessee opera diversas universidades e instituciones de educación superior, todas ellas dirigidas a estudiantes hispanos y de bajos recursos. "Sin embargo, ninguna de ellas califica para recibir becas del programa HSI" porque no cuenta con la "combinación adecuada de etnias en el campus", afirma la denuncia.
"Los fondos deberían ayudar a los estudiantes necesitados, independientemente de sus características inmutables, y la negación de dichos fondos perjudica a los estudiantes de todas las razas", según la denuncia.
En su forma actual, el programa incurre en un "equilibrio racial inconstitucional" y opera al margen de la autoridad constitucional del Congreso. La disposición del 25 por ciento de matrícula hispana mínima funciona como un "controlador racial estricto", que determina qué escuelas pueden recibir millones de dólares del programa, declaró Estudiantes por Admisiones Justas en un comunicado.
El equilibrio racial es la práctica de utilizar la raza como factor para buscar una representación proporcional de los grupos raciales en instituciones como las escuelas. Incluso antes de su fallo en el caso Students for Fair Admissions v. Harvard College, la Corte Suprema sostuvo que las políticas de equilibrio racial deben evaluarse según el estándar de escrutinio estricto, lo que significa que deben promover un interés gubernamental imperioso y estar cuidadosamente diseñadas.
Tennessee argumenta que el programa HSI presenta a sus escuelas una disyuntiva imposible: deben renunciar a millones de dólares en subvenciones federales o participar en un sistema ilegal de equilibrio racial en las admisiones para impulsar la matrícula hispana. Una nueva ley estatal prohíbe específicamente las preferencias raciales en la educación, por lo que ahora las escuelas estatales corren el riesgo de violar la ley estatal o federal, independientemente de su postura, según el comunicado.
El presidente de Estudiantes por Admisiones Justas, Edward Blum, afirmó que el programa HSI es inconstitucional porque condiciona la recepción de fondos gubernamentales a la composición racial del alumnado.
La Corte Suprema determinó en el fallo de 2023 que tales prácticas son manifiestamente inconstitucionales.
"Discriminar a universidades, profesores y estudiantes por motivos de raza viola el principio fundamental de igualdad de protección ante la ley", declaró Blum en un comunicado.
The Epoch Times contactó al Departamento de Educación para obtener comentarios. No se recibió respuesta al cierre de esta edición.
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