El Ejército de los Estados Unidos se enfrenta a una demanda por negligencia presentada por los supervivientes y las familias de las víctimas del tiroteo masivo de 2023 en Lewiston, Maine, que acusan al ejército de ignorar las señales de alerta antes de que un reservista del Ejército llevara a cabo el ataque.
La demanda, presentada el miércoles en una corte federal de Maine a nombre de 100 personas, también se dirige contra el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Keller Army Community Hospital de West Point, Nueva York, donde el autor, Robert Card, se sometió a una evaluación de salud mental apenas seis semanas antes de los asesinatos.
El 25 de octubre de 2023, Card abrió fuego en una bolera y un restaurante cercano en Lewiston, Maine, matando a 18 personas e hiriendo a otras 13. La masacre desencadenó una persecución de dos días que terminó cuando Card fue encontrado muerto por lo que se dictaminó como una herida de bala autoinfligida.
Aunque Card, de 40 años, era un civil reservista y no estaba en servicio activo en ese momento, la demanda sostiene que el Ejército debió seguir siendo responsable de sus propios procedimientos para tratar a los miembros del servicio en crisis de salud mental, incluidas las medidas que podrían haber restringido su acceso a "armas de grado militar".
"El Ejército incumplió repetidamente su promesa de proteger a la comunidad que se compromete a defender y debe ser considerado responsable", dijo el abogado Travis Brennan en un comunicado. «Las pruebas que hemos recopilado desde el tiroteo son inquietantes. Los hechos demuestran que, a pesar de todas las posibles advertencias que planteaba el comportamiento de Card, el Ejército falló en todos los aspectos».
Los Departamentos de Justicia y Defensa y el Ejército se negaron a comentar la demanda.
Investigación del Ejército
En julio de 2024 concluyó una investigación militar sobre los acontecimientos que condujeron al tiroteo. Las conclusiones de la investigación eximieron en gran medida al Ejército de responsabilidad directa, pero reconocieron una serie de fallos y deficiencias en la comunicación dentro de la cadena de mando de Card.Los investigadores descubrieron que los problemas de salud mental de Card surgieron alrededor de enero de 2023 y señalaron que él les había dicho a sus compañeros de la unidad que oía voces y que se burlaban de él cuando nadie hablaba. Sus superiores eran conscientes de sus "problemas continuos de salud conductual", pero aun así le ordenaron que asistiera al entrenamiento anual en West Point en julio de 2023.
Tras una discusión verbal con otros soldados en West Point, los jefes de la unidad de Card lo enviaron al Keller Army Community Hospital para que le realizaran una evaluación de salud mental. Los profesionales de ese centro determinaron que el estado de Card era lo suficientemente grave como para ordenar su hospitalización en un centro de salud mental civil, el Four Winds Hospital de Westchester, Nueva York.
Card pasó 19 días en Four Winds, donde le diagnosticaron un "trastorno psicótico breve" y le recetaron medicación psiquiátrica, según el informe. Four Winds transmitió su diagnóstico a Keller, pero los investigadores dijeron que la información nunca se transmitió a su cadena de mando.
Card fue dado de alta el 3 de agosto de 2023 y nunca volvió al servicio. El Programa de Salud Psicológica de la Reserva del Ejército se puso en contacto con él el 11 de agosto y observó que había dejado de tomar la medicación recetada y que estaba molesto porque su hospitalización limitaba "su capacidad para comprar armas de fuego". El Programa de Salud Psicológica realizó varios intentos adicionales para ponerse en contacto con Card antes de cerrar su caso a finales de agosto de 2023.
El 14 de septiembre de 2023, Card "agredió violentamente a su mejor amigo", otro soldado de su unidad, quien se puso en contacto con su cadena de mando para advertir de su preocupación de que Card "llevara a cabo un tiroteo masivo en su unidad o en otro lugar", según el informe. La cadena de mando se puso rápidamente en contacto con las fuerzas del orden locales, que fracasaron en dos ocasiones al intentar contactar con Card.
El Centro de Gestión Médica de la Reserva del Ejército hizo un último intento por contactar con Card en octubre de 2023 "para hacer un seguimiento de su tratamiento y su bienestar", pero no pudo localizarlo.
La teniente general Jody Daniels, comandante del Comando de la Reserva del Ejército en Fort Liberty, Carolina del Norte, dijo en una mesa redonda con los medios de comunicación el pasado mes de julio que el servicio carecía de autoridad para obligar a Card a someterse a tratamiento o confiscarle sus armas mientras no estuviera en servicio activo. Sugirió que las fuerzas del orden locales y otras agencias civiles pudieron estar en mejor posición para intervenir.
"Estamos haciendo todo lo posible por comprender lo que ocurrió y luego introducir cambios para el futuro", dijo Daniels a los periodistas en el Pentágono tras aceptar las conclusiones de la investigación. "Si se pudo evitar es algo que, a estas alturas, solo se puede saber a posteriori".
Fallos de la policía local
La demanda presentada el miércoles no se centra en los fallos de las fuerzas del orden locales, que son objeto de una investigación independiente encargada por el estado de Maine.La investigación estatal concluyó que Card era el único responsable del tiroteo, pero señaló que hubo "varias oportunidades que, de haberse aprovechado, pudieron cambiar el curso de los acontecimientos". Por un lado, la Oficina del Sheriff del condado de Sagadahoc realizó una inspección de bienestar a Card en septiembre de 2023 y, según el informe, tenía "motivos suficientes" para confiscar sus armas y ponerlo bajo custodia protectora en virtud de la llamada ley de "bandera amarilla" de Maine.
Maine cuenta actualmente con la única ley de "bandera amarilla" del país. Bajo este sistema, cualquier persona que sospeche que el propietario de un arma representa una amenaza inminente debe primero informar de ello a la policía. Los agentes de policía pueden decidir si detienen a la persona bajo custodia protectora y organizan una evaluación médica. Si tanto el médico evaluador como la policía coinciden en que la persona es peligrosa, pueden solicitar a una corte una orden que suspenda temporalmente la licencia de armas de la persona y le retire las armas. Solo después de estos pasos se pueden confiscar legalmente las armas.
En noviembre de 2025, se preguntará a los votantes de Maine en las urnas si quieren que el estado adopte una ley de "bandera roja" que tiene menos pasos intermedios. Esta ley permitiría a los familiares o compañeros de piso solicitar directamente a una corte, una orden de emergencia. Si el juez lo aprueba, el propietario del arma estaría obligado a entregar su licencia y sus armas de fuego inmediatamente, aunque tendría derecho a recurrir.
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