Agentes de policía junto al lugar de los hechos mientras recogen las imágenes de las cámaras de seguridad tras el apuñalamiento de varias personas en el barrio chino-internacional de Seattle el 8 de noviembre de 2024. (Lindsey Wasson/AP Photo)

Agentes de policía junto al lugar de los hechos mientras recogen las imágenes de las cámaras de seguridad tras el apuñalamiento de varias personas en el barrio chino-internacional de Seattle el 8 de noviembre de 2024. (Lindsey Wasson/AP Photo)

Seattle recupera el control total de la policía tras 13 años de supervisión federal

Una sentencia judicial reconoció los esfuerzos por reformar el Departamento de Policía de Seattle bajo supervisión federal

ESTADOS UNIDOSPor Bill Pan
4 de septiembre de 2025, 11:00 p. m.
| Actualizado el4 de septiembre de 2025, 11:00 p. m.

La ciudad de Seattle recuperó el control total de su departamento de policía después de que un juez federal aceptara una moción para poner fin al decreto de consentimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) que estuvo vigente durante 13 años.

La sentencia, dictada el 3 de septiembre por el juez James Robart de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, marca el fin de la supervisión federal que comenzó en 2012 después que una investigación del DOJ descubriera que el Departamento de Policía de Seattle incurría en "un patrón de uso excesivo de la fuerza" y en prácticas inconstitucionales.

La ciudad inicialmente disputó esas conclusiones, pero finalmente acordó reformar los aspectos que, según el DOJ, contribuían al uso excesivo de la fuerza, incluidas las políticas, los procedimientos, la formación y la supervisión del departamento de policía.

En la audiencia del 3 de septiembre, Robart reconoció los avances generales de la ciudad, al tiempo que señaló algunos retrocesos, en particular cuando la policía de Seattle incumplió las tácticas de control de multitudes durante las protestas de 2020. Según él, esa situación resultó "muy difícil" de manejar para los agentes de policía.

"En Seattle tenemos y hemos tenido durante mucho tiempo una tradición de grupos extremistas, incluido un grupo de anarquistas que vi con demasiada frecuencia, que vienen buscando problemas", dijo Robart a los representantes de la ciudad y del Departamento de Justicia.

Seattle tiene fama de ser un centro de protestas, que se remonta a la huelga general de 1919. En 2020, en medio de los disturbios nacionales, Seattle destacó al convertirse en la sede de la Protesta Ocupada del Capitolio, una zona libre de policía declarada después de que los agentes se retiraran tras los enfrentamientos con los manifestantes. A continuación, los manifestantes trasladaron las barricadas de la ciudad a las calles para bloquear el acceso y organizaron sus propias patrullas para hacer cumplir las normas dentro de la zona. Durante casi un mes, los residentes vivieron sin acceso a la protección policial o contra incendios habitual. Durante esa ocupación, la zona fue escenario de dos homicidios, múltiples tiroteos, incendios provocados y presuntas agresiones sexuales.

Más recientemente, Seattle fue objeto de una investigación del FBI después de que un grupo cristiano evangélico fuera presuntamente atacado por activistas de extrema izquierda mientras celebraba una manifestación en un barrio conocido por su presencia LGBT. Los enfrentamientos en el evento dieron lugar a 23 detenciones, y la mayoría de los detenidos fueron acusados de agresión y obstrucción.

"Casi siempre hay contramanifestantes dispuestos a enfrentarse a ellos", dijo Robart en la audiencia. "En particular, creo que se trata de una falsa dicotomía entre la derecha evangélica y la extrema izquierda.

"La policía se encuentra en medio de esas dos fuerzas, y ambas se lanzan insultos y, a veces, armas, de un lado a otro. Me gustaría que el público comprendiera mejor que la función de la policía no es suprimir la libertad de expresión, sino garantizarla".

El Departamento de Justicia acogió con satisfacción el fin de la supervisión federal y reconoció al Departamento de Policía de Seattle por las reformas relativas al uso de la fuerza, la intervención en crisis, las detenciones y los arrestos, la supervisión y la rendición de cuentas.

"Felicitamos al Departamento de Policía de Seattle por lograr un cumplimiento sustancial y sostenido de este decreto de consentimiento", dijo Harmeet Dhillon, fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. "Estamos orgullosos de apoyar a los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Seattle ahora que finaliza la supervisión federal y la corte devuelve el control total de la aplicación de la ley local a la ciudad".

El alcalde de Seattle, Bruce Harrell, calificó la decisión como un punto de inflexión para la ciudad.

"Durante los últimos 13 años, bajo el decreto de consentimiento, el Departamento de Policía de Seattle experimentó una transformación integral, creando uno de los sistemas de rendición de cuentas más sólidos del país y cambiando fundamentalmente nuestra forma de abordar la labor policial", dijo Harrell.

"Creemos que devolver el control de nuestro departamento de policía a los ciudadanos de Seattle es el siguiente paso más adecuado, ya que la policía democrática funciona mejor cuando los agentes cuentan con la confianza de sus comunidades".

Harrell afirmó que la ciudad invirtió más de USD 127 millones en la reforma de las operaciones y la gestión policiales durante el decreto.

Ahora, los agentes documentan y revisan todos los usos de la fuerza, las detenciones y los arrestos. El departamento de policía también amplió la formación en desescalada, se asoció con profesionales de la salud mental para la respuesta a crisis y generalizó el uso de cámaras corporales. Los paneles de control públicos ahora registran los datos sobre detenciones, uso de la fuerza y delitos.

Desde 2014, los incidentes de uso de la fuerza en general disminuyeron de forma constante. Los funcionarios municipales señalaron en su solicitud de poner fin al decreto de consentimiento que los agentes registraron una media de unos 1000 usos de la fuerza al año entre 2014 y 2018, frente a poco más de 600 en 2024.


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