El 17 de septiembre, un tribunal federal de apelaciones se negó a levantar una orden judicial preliminar que bloqueaba un plan del secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., para reformar el departamento de acuerdo con las prioridades políticas de la administración Trump.
Los fiscales generales de 19 estados y del Distrito de Columbia presentaron en mayo una demanda judicial en la que impugnaban la reestructuración del HHS llevada a cabo por Kennedy, que incluía despidos y la reorganización de varias agencias, argumentando que los cambios violaban la ley federal y la Constitución de los Estados Unidos.
El miércoles, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, con sede en Boston, rechazó la afirmación de la administración Trump de que los estados no podían demostrar que se verían perjudicados de forma inmediata si se levantaba la orden judicial en espera de una apelación. El panel señaló que el tribunal inferior se basó en cientos de páginas de testimonios de funcionarios estatales.
"El gobierno no explica en qué ha incurrido claramente en error el tribunal de distrito al dar crédito a estos hechos incontrovertibles", señaló el tribunal en una orden sin firmar.
Kennedy anunció el 27 de marzo que su departamento "racionalizaría las funciones" de su plantilla federal mediante la consolidación de subagencias, la reducción del número de oficinas regionales y la aplicación de un plan de reducción de plantilla que afectaría a 10,000 empleados del HHS. A todos ellos se les ofrecieron opciones de compra para incentivarlos a renunciar antes de los recortes de empleo anunciados.
El plan de reestructuración pretendía racionalizar 28 divisiones en 15 y cerrar la mitad de las 10 oficinas regionales del departamento. En la reestructuración se nombraron cuatro subagencias del HHS: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Centro para Productos de Tabaco de la FDA, la Oficina de Head Start de la Administración para Niños y Familias y la Oficina del Subsecretario de Planificación y Evaluación (ASPE).
Los fiscales generales presentaron una demanda judicial ante un tribunal federal de Rhode Island en la que impugnaban el plan de reestructuración. Los demandantes alegaron que la medida ejecutiva violaba la Ley de Procedimiento Administrativo y excedía el alcance de la autoridad ejecutiva, violando la doctrina de separación de poderes y la cláusula de asignaciones de la Constitución.
También señalaron los posibles perjuicios que sufrirían sus estados si se permitía que la medida ejecutiva siguiera adelante, afirmando que sus agencias no podrían realizar las pruebas de laboratorio suficientes ni procesar los datos sanitarios críticos necesarios para hacer un seguimiento de las enfermedades infecciosas y mejorar los resultados de salud materno-infantil. Añadieron que las reformas crearían tensiones financieras, obligando a los estados a cubrir los déficits de financiación dejados por la retirada de los recursos federales.
La administración Trump había argumentado que el caso de los estados se basaba en especulaciones sobre los daños que sufrirían como resultado de los cambios en los servicios del departamento, y que cualquier impugnación de los despidos debía ser presentada por los propios empleados federales ante la Junta de Protección del Sistema de Méritos.
En julio, el Tribunal de Distrito del Distrito de Rhode Island concedió una medida cautelar a los demandantes.
La jueza federal Melissa DuBose dictaminó que la administración "no tiene autoridad para ordenar, organizar o implementar cambios generales en la estructura y el funcionamiento de las agencias creadas por el Congreso".
Su orden judicial obligó al HHS a congelar sus planes de reducción de personal y reestructuración en las cuatro agencias.
El 12 de agosto, el gobierno solicitó el levantamiento temporal de la orden judicial, a la espera de los procedimientos judiciales.
En su recurso, el HHS afirmó que la sentencia del tribunal inferior debía ser anulada, ya que la demanda era funcionalmente idéntica a dos casos anteriores en los que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos levantó las órdenes que le obligaban a readmitir a los empleados despedidos en masa en otras agencias por la Administración.
The Epoch Times se puso en contacto con el HHS y con la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que encabeza la demanda, para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.
El mandato del HHS es "mejorar la salud y el bienestar de todos los estadounidenses, proporcionando servicios sanitarios y humanos eficaces y fomentando avances sólidos y sostenidos en las ciencias que sustentan la medicina, la salud pública y los servicios sociales", según su sitio web.
Reuters ha contribuido a este informe.
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