El requisito de Pensilvania de que los funcionarios electorales rechacen las boletas sin fecha viola la Constitución de Estados Unidos, según dictaminó una corte federal de apelaciones el 26 de agosto.
El requisito socava el derecho constitucional al voto, y los funcionarios estatales no han aportado pruebas suficientes que respalden su argumento de que los intereses del estado prevalecen sobre esa carga, según afirmó por unanimidad un panel de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos.
"Aunque el Estado ha planteado intereses legítimos relacionados con el voto, solo vemos vínculos tangenciales, en el mejor de los casos, entre estos intereses y el requisito de la fecha que Pensilvania impone a los votantes por correo. El requisito de la fecha no desempeña ningún papel en la administración de las elecciones, ni contribuye a una mayor solemnidad más allá de la que crea la firma. Y solo en circunstancias extremadamente raras contribuye al enjuiciamiento del fraude electoral", dijo el juez de circuito D. Brooks Smith en el fallo de 55 páginas.
"Sopesando estos intereses frente a la carga que supone para los votantes, no podemos justificar la práctica del estado de descartar las boletas contenidas en sobres de devolución con fechas faltantes o incorrectas, lo que ha dado lugar a la descalificación de miles de papeletas presumiblemente válidas".
El Comité de Campaña Senatorial Demócrata, uno de los demandantes en el caso, y el fiscal general de Pensilvania, que intervino para defender el requisito, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Una ley estatal obligaba a los votantes a rellenar, fechar y firmar los sobres que contenían las boletas por correo. La Corte Suprema de Pensilvania dictaminó que la ley obligaba a los funcionarios electorales del condado a descartar los sobres y las boletas que contenían si la fecha faltaba o era incorrecta.
Más de 10,000 votos emitidos en las elecciones de 2022 y 4500 votos emitidos en las elecciones de 2024 fueron rechazados en virtud de este requisito.
Un votante y varios grupos demócratas presentaron una demanda, argumentando que la ley infringía los derechos constitucionales.
La jueza federal de distrito Susan Paradise Baxter falló en marzo a su favor, dictaminando que el requisito violaba los derechos constitucionales de los habitantes de Pensilvania porque suponía una carga para los votantes y "no había pruebas de que el requisito de la fecha sirviera a ningún interés estatal".
El Comité Nacional Republicano, junto con el fiscal general de Pensilvania, apeló la sentencia.
Afirmaron que el requisito ayuda a los funcionarios a celebrar las elecciones de manera eficiente, promueve la solemnidad y contribuye a la detección y disuasión del fraude electoral.
Todos ellos son intereses estatales legítimos, pero los recurrentes no aportaron pruebas que establecieran vínculos suficientemente sólidos entre ellos y el requisito, según la corte de apelaciones.
"En todo caso, exigir a las juntas electorales de los condados que comprueben la fecha en los sobres de devolución parece obstaculizar la eficiencia, al imponerles una responsabilidad adicional sin ningún propósito aparente", afirmó Smith.
Tampoco existe ningún precedente que respalde la postura de que fechar el sobre de devolución convierte el voto en un acto serio y solemne, señaló el juez.
Aunque los republicanos presentaron pruebas de que los requisitos ayudan a los funcionarios a investigar el fraude electoral, dichas pruebas indicaban que el requisito "no protegerá contra la gran mayoría de los intentos de fraude electoral", según la corte.
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