HOUSTON—Está llegando a su fin la batalla legal por la publicación de grabaciones de audio y vídeo y otros registros de la masacre en la escuela primaria Robb, de Uvalde (Texas). Se espera que el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde y el condado de Uvalde hagan públicos los registros en disputa esta misma semana.
Varios medios de comunicación, entre ellos The Associated Press, demandaron al distrito y al condado en 2022 para que hicieran públicos los documentos relacionados con el tiroteo masivo que causó la muerte de 19 estudiantes y dos profesores. En julio, un tribunal de apelación de Texas confirmó la sentencia de un tribunal inferior que ordenaba la publicación de los documentos.
La ciudad de Uvalde publicó en agosto de 2024 los documentos sobre el tiroteo masivo, incluidos vídeos devastadores y grabaciones de las comunicaciones por radio de la policía y las llamadas al 911. La ciudad, de unos 15,000 habitantes, se encuentra a unos 130 kilómetros al oeste de San Antonio.
Esa información detallaba la agonizante lentitud de la respuesta de las fuerzas del orden, que ha sido ampliamente condenada. Casi 400 agentes esperaron más de 70 minutos antes de enfrentarse al tirador en un aula llena de niños y profesores muertos y heridos.
Se espera que el distrito escolar haga públicos los registros de la policía y las llamadas al 911; los registros de pruebas relacionadas con el tiroteo; las imágenes de las cámaras corporales y de seguridad de la escuela primaria Robb; archivos estudiantiles del tirador; las comunicaciones internas entre los funcionarios del distrito; y los resultados de las auditorías de seguridad de la escuela.
También podría hacer públicos los expedientes personales y otros registros relacionados con Pete Arredondo, el exjefe de policía de las escuelas de Uvalde que fue despedido y acusado por su papel en la respuesta policial.
Se espera que los registros del condado incluyan informes del incidente y del 911 relacionados con la escuela primaria Robb y otros lugares; registros de despacho del sheriff y comunicaciones por radio; imágenes de vídeo; registros balísticos y de pruebas; e informes de las interacciones de las fuerzas del orden con el tirador y su madre.
Aún no está claro cuánta de esta información ya se ha hecho pública.
Las familias de las víctimas llevan mucho tiempo buscando responsabilidades por la lenta respuesta policial.
“No hay nada en esos registros y archivos que pueda hacernos más daño del que ya hemos sufrido. Una vez que se hagan públicos, habrá preguntas. Habrá transparencia. Puede que haya culpas. Habrá responsabilidades”, declaró Berlinda Arreola, abuela de Amerie Jo Garza, una víctima de 10 años, ante la junta escolar de Uvalde antes de que esta votara a favor de la publicación de los registros el 21 de julio.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) sigue luchando contra una demanda independiente presentada por varios medios de comunicación para que se publiquen los registros de ese organismo relacionados con el tiroteo en la escuela.
El DPS afirmó que la publicación de sus registros podría ser “peligrosa”, ya que dejaría en una posición vulnerable a las fuerzas del orden al revelar información sobre cómo realizan su trabajo los agentes y también podría complicar los procesos judiciales del caso, según los registros judiciales.
La demanda sobre los registros del DPS sigue pendiente en la Corte de Apelaciones número 15 de Texas.
Dos de los agentes que respondieron a la llamada se enfrentan a cargos penales. Arredondo y el exagente escolar Adrian Gonzales se han declarado inocentes de múltiples cargos de abandono y puesta en peligro de menores. Están citados a juicio el 20 de octubre.
Por Juan A. Lozano
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