WASHINGTON—El Departamento de Defensa de EE. UU. anunció el 2 de septiembre que asignará a oficiales militares estadounidenses y a ciertos abogados civiles al Departamento de Justicia para que trabajen temporalmente como jueces de inmigración.
Los abogados militares tendrán la autoridad para presidir las audiencias de las cortes de Inmigración, que se llevan a cabo cuando el gobierno desea expulsar a un extranjero, ya sea inmigrante ilegal o legal, de Estados Unidos. El Departamento de Defensa (DOD) indicó que los abogados fueron solicitados por el Departamento de Justicia y que ayudarán a reducir los atrasos en las cortes de Inmigración, que actualmente ascienden a 3.4 millones de casos.
"A petición del Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa está identificando a abogados defensores y abogados civiles calificados para que actúen como jueces temporales de inmigración. Estos abogados del DOD complementarán los recursos existentes para ayudar a combatir la acumulación de casos al presidir las audiencias de inmigración", escribió el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell. El comunicado decía que el departamento "no tenía detalles adicionales que proporcionar en este momento".
El departamento no especificó el número de abogados que estaba designando, aunque Associated Press informó que se asignarían 600, según un memorando revisado.
El Departamento de Justicia (DOJ) y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
La noticia surge en un momento en que la administración Trump busca aumentar rápidamente el número de jueces de inmigración que atienden casos. El 28 de agosto, la administración emitió nuevas regulaciones que permiten a cualquier abogado del gobierno federal ejercer como juez de inmigración. Anteriormente, solo exjueces de inmigración, jueces de derecho administrativo de otras agencias o abogados del DOJ con al menos 10 años de experiencia en derecho migratorio podían ejercer como jueces de inmigración temporales.
Sin embargo, un proyecto de ley presupuestaria promulgado el 4 de julio, conocido como la Gran y Hermosa Ley, impuso una limitación al número de jueces de inmigración, a tan solo 800 a partir del 1 de noviembre de 2028.
Una división del Departamento de Justicia, conocida como la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, gestiona todas las cortes de inmigración del país. A diferencia de la mayoría de los jueces federales, como los de las cortes de distrito y de apelaciones, así como de la Corte Suprema de los Estados Unidos, los jueces de inmigración son funcionarios públicos nombrados directamente por el poder ejecutivo, sin la intervención del Senado, y sus decisiones pueden ser revocadas por el Fiscal General de los Estados Unidos.
Tradicionalmente, los jueces de inmigración han sido ex abogados de inmigración, incluyendo ex abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que es la parte demandante en el proceso de deportación, con experiencia en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que comprende la mayor parte de la legislación migratoria estadounidense. Un juez de inmigración tiene amplia discreción para otorgar amparo a un acusado, lo que a menudo puede evitar su expulsión de Estados Unidos, incluso si entró al país ilegalmente.
En cambio, los abogados del Departamento de Defensa (DOD) no suelen ejercer la abogacía migratoria, ya que casi toda la plantilla del departamento está compuesta por ciudadanos estadounidenses. Los abogados defensores uniformados, que son oficiales militares estadounidenses, suelen ejercer en los ámbitos de la defensa penal, el derecho de los conflictos armados y el derecho internacional humanitario; mientras que los abogados civiles se centran en la redacción de leyes, la gestión de contratos y la asesoría jurídica general. Por lo tanto, los abogados delegados podrían necesitar formación adicional en derecho migratorio antes de incorporarse al servicio.
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