Un experto en derechos humanos de la ONU está instando al régimen comunista chino a respetar los derechos de los defensores de derechos humanos encarcelados y a divulgar información detallada sobre varios activistas detenidos, incluido el abogado chino de derechos humanos desaparecido Gao Zhisheng.
Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, dijo que se sentía “preocupada por las constantes denuncias” sobre el maltrato a defensores de derechos humanos encarcelados en China, en un comunicado del 11 de agosto.
Esas denuncias incluyen “tortura, negación del acceso a atención médica adecuada y a derechos de visita”, afirmó.
“A pesar de haber realizado solicitudes repetidas, las autoridades chinas aún no han proporcionado respuestas detalladas sobre el presunto trato a estos defensores de derechos humanos. En cambio, el Gobierno solo ha ofrecido respuestas genéricas con poca información específica sobre las cuestiones planteadas”, añadió Lawlor.
El Partido Comunista Chino (PCCh) tiene un largo historial de abusos a los derechos humanos. En un informe internacional sobre derechos humanos publicado el 12 de agosto, el Departamento de Estado de EE. UU. señaló que antiguos presos y detenidos habían informado haber sido golpeados, violados, sometidos a descargas eléctricas, colgados de las muñecas, privados de sueño, alimentados a la fuerza, obligados a tomar medicación en contra de su voluntad, así como sometidos a una amplia gama de otros abusos físicos y psicológicos, siendo los disidentes políticos y religiosos los que con frecuencia enfrentan el trato más severo.
Lawlor afirmó que Beijing debería garantizar que estos detenidos puedan recibir visitas de sus familias y representantes legales, contar con atención médica adecuada, ser recluidos en instalaciones de detención oficialmente reconocidas y que se divulgue su estado y ubicación a cualquier persona con un interés legítimo.
Señaló su esfuerzo por obtener información sobre siete defensores de derechos humanos que cumplen condenas de 10 años o más, cuando ella y otros expertos de la ONU enviaron una carta a las autoridades chinas en febrero. Sin embargo, Beijing respondió proporcionando información limitada, indicó Lawlor, lo que la llevó a instar a las autoridades chinas a ofrecer una respuesta más completa, específicamente con actualizaciones detalladas sobre sus condiciones de salud y acceso a sus familiares y representantes legales.
Los siete individuos son Huang Qi, Huang Yunmin, Ilham Tohti, Qin Yongmin, Zhang Haitao, Zhao Haitong y Ding Jiaxi.
Ding, abogado de derechos humanos y figura destacada del Movimiento de Nuevos Ciudadanos, fue condenado a 12 años de prisión por un tribunal chino en abril de 2023. El movimiento promueve la transparencia sobre la riqueza de los funcionarios del PCCh, la defensa de los derechos civiles y busca la transición pacífica de China hacia el constitucionalismo.
El 13 de agosto, la esposa de Ding, Sophie Luo, respondió al comunicado de Lawlor. En una publicación en X, Luo dijo que, al igual que ella, los familiares de otros presos de conciencia no necesitan conocer la magnitud completa del sufrimiento que sus seres queridos han soportado en prisión.
“Lo que necesitamos es que el Partido Comunista Chino los libere de inmediato e incondicionalmente”, escribió Luo. “Liberen de inmediato e incondicionalmente a Ding Jiaxi. Liberen de inmediato e incondicionalmente a todos los presos de conciencia en las cárceles de China”.
Lawlor también renovó su llamado a China para que aclare el destino y paradero de Gao, cuestionando las afirmaciones previas de Beijing sobre no tenerlo bajo custodia ni someterlo a desaparición forzada.
“Gao Zhisheng ha estado desaparecido durante casi ocho años y la negativa del Gobierno chino a abordar su desaparición forzada es totalmente inaceptable”, declaró Lawlor.
“Si no está detenido, en prisión o bajo arresto domiciliario, entonces las autoridades deben revelar qué medidas han tomado para averiguar qué le ha ocurrido”.
Gao estaba bajo arresto domiciliario antes de desaparecer de su hogar en la provincia de Shaanxi, al norte de China, el 13 de agosto de 2017.
Abogado autodidacta y cristiano devoto, Gao comenzó a ejercer la abogacía en 1996, defendiendo a víctimas de expropiaciones de tierras por parte del gobierno; a familias de mineros que buscaban compensación tras la muerte de sus seres queridos en accidentes mineros; así como a cristianos perseguidos y practicantes de Falun Gong.
El 13 de agosto, la esposa de Gao, Geng He, describió en redes sociales el caso de su marido como ilustrativo del esfuerzo “sistemático, persistente, brutal e implacable” de China por cometer violaciones de derechos humanos.
“Durante ocho años no ha sido visto, no se ha sabido de él y su familia no ha recibido ni una sola llamada telefónica de su parte”, escribió. “Esto no solo es un golpe devastador para un abogado y un ciudadano, sino también una humillación pública para el estado de derecho y la humanidad”.
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