El estado de Oklahoma y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acordaron derogar una ley estatal que permitía a los inmigrantes ilegales pagar las tasas de matrícula estatales.
Las tasas de matrícula estatales se ofrecen en las universidades públicas a los estudiantes que son residentes del estado en el que se encuentra la institución. Las personas que viven fuera del estado suelen pagar tasas de matrícula más elevadas.
La ley de Oklahoma concedía las tasas de matrícula estatales a los estudiantes que se hubieran graduado en un instituto de Oklahoma y hubieran vivido con uno de sus padres o con su tutor legal mientras asistían a dicho centro durante un mínimo de dos años antes de graduarse.
El 5 de agosto, el gobierno federal presentó una demanda judicial ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Oklahoma, iniciando una demanda contra el estado. La presentación se produjo el mismo día en que ambas partes presentaron una "moción conjunta para la emisión de una sentencia de consentimiento".
La demanda forma parte de una iniciativa de la administración Trump para restablecer las distinciones legales entre los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes ilegales.
En la demanda, el gobierno federal afirma que la ley federal prohíbe "a los extranjeros que no se encuentran legalmente en los Estados Unidos obtener los beneficios de matrícula estatal que se les niegan a los ciudadanos estadounidenses de otros estados".
A pesar de ello, la ley de Oklahoma permitía a las personas que se encontraban ilegalmente en el país acogerse a las ventajas de la matrícula estatal en las escuelas públicas, mientras que exigía a los ciudadanos estadounidenses "de otros estados pagar tasas de matrícula más elevadas".
La ley federal prohíbe "este trato desigual de los estadounidenses", que viola la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, según la denuncia.
La Cláusula de Supremacía establece que las leyes federales prevalecen sobre las leyes estatales que entran en conflicto con ellas.
En la moción, ambos gobiernos solicitaron a la corte de distrito que dictara una sentencia definitiva en la que se declarara la invalidez de la ley estatal por violar la Cláusula de Supremacía. También solicitaron a la corte que dictara una orden judicial permanente que impidiera al estado aplicar la política de matrícula.
El Departamento de Justicia dijo que presentó la demanda porque la ley federal "prohíbe a las instituciones de educación superior ofrecer beneficios a los extranjeros, que no se ofrecen a los ciudadanos estadounidenses".
La ley estatal "entra en conflicto flagrante con la ley federal y, por lo tanto, con la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos", dijo el departamento en un comunicado el 7 de agosto.
La demanda se presentó después que el presidente Donald Trump firmara dos órdenes ejecutivas destinadas a impedir que "los extranjeros ilegales [...] obtengan beneficios o tratamientos preferenciales de los contribuyentes", según informó el departamento.
La Orden Ejecutiva 14218, de fecha 19 de febrero, ordena a las agencias federales "garantizar, en la medida en que lo permita la ley, que ningún beneficio financiado por los contribuyentes se destine a extranjeros no cualificados".
La orden ejecutiva 1428,7, de fecha 28 de abril, exige a los funcionarios federales que "tomen las medidas adecuadas para impedir la aplicación de las leyes, reglamentos, políticas y prácticas estatales y locales que favorezcan a los extranjeros frente a cualquier grupo de ciudadanos estadounidenses y que sean ilegales, estén sustituidas por la legislación federal o sean inaplicables por cualquier otro motivo".
El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, celebró el acuerdo judicial.
"Hoy marca el fin de una larga explotación de los contribuyentes de Oklahoma, que durante muchos años subvencionaron a colegios universitarios y universidades que proporcionaban beneficios ilegales a inmigrantes ilegales en forma de matrículas estatales", afirmó Drummond en un comunicado.
"Recompensar a los extranjeros que se encuentran en nuestro país de forma ilegal con matrículas más bajas que no están disponibles para los ciudadanos estadounidenses de otros estados no solo es incorrecto, sino también discriminatorio e ilegal".
El acuerdo entre los dos gobiernos está sujeto a la aprobación de la corte de distrito.
El 7 de agosto, el juez federal D. Edward Snow emitió un informe en el que recomendaba a la corte que se aceptara la moción. Los jueces federales son nombrados para ayudar a los jueces de distrito y tienen autoridad limitada para dictar cierto tipo de órdenes.
Las partes tienen tres días para presentar una respuesta al informe si así lo desean, según el calendario de la corte.
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