Un documento de inteligencia de Estados Unidos desclasificado el 23 de mayo muestra que el gobierno advirtió que los mandatos de la vacuna contra el COVID-19 podían desencadenar violencia.
El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Centro Nacional Antiterrorista afirmaron en una evaluación conjunta del 31 de diciembre de 2021 que los mandatos de vacunación para niños y trabajadores —que el gobierno federal ya empezaba a imponer— así como “percepciones de trato injusto en salud para los no vacunados” podían provocar actos violentos de extremistas violentos domésticos (DVE) o actores extranjeros.
"Dadas estas condiciones, es muy probable que los DVE planifiquen actos violentos para intimidar al personal sanitario y a los funcionarios encargados de aplicar las medidas de mitigación del COVID-19, así como, posiblemente, asesinatos o secuestros de personal del Gobierno estatal, local o federal", afirmaron los funcionarios.
Según las agencias de inteligencia, ya se habían producido complots en Estados Unidos y otros países. Entre ellos se encontraba un complot para secuestrar a la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, aunque algunos de los hombres acusados en ese caso fueron absueltos tras alegar que habían sido incitados por agentes del Gobierno.
La evaluación conjunta también señalaba que la disponibilidad de las vacunas contra el COVID-19 para niños "podría alimentar las teorías conspirativas y la percepción de que las escuelas vacunarán a los niños en contra de la voluntad de los padres, lo que podría aumentar el potencial de violencia".
Algunos trabajadores sanitarios vacunaron a niños a pesar de la oposición de los padres, incluso en Carolina del Norte.
Las agencias de inteligencia de Estados Unidos definen a un extremista violento doméstico como una persona en Estados Unidos o sus territorios que actúa sin orden ni inspiración de un grupo terrorista extranjero o país y que “busca promover objetivos políticos o sociales, en todo o en parte, mediante actos ilícitos de fuerza o violencia peligrosos para la vida humana”.
La evaluación afirmaba en una nota al pie que los ciudadanos estadounidenses que se oponían a las medidas contra el COVID-19 "probablemente participaban en actividades protegidas por la Primera Enmienda, a menos que actúen en concierto con un actor amenazante” y que no debería asumirse que esos temas “reflejan actividad de DVEs”, salvo que exista información que lo atribuya específicamente a esos actores.
La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ordenó desclasificar el documento.
"Realmente describe a personas que podrían convertirse en extremistas violentos domésticos o recurrir a la violencia por las ‘ideologías’ que sostienen”, dijo Gabbard sobre el documento en Fox News. “Y hay un hilo conductor consistente: caracterizan como posibles actos violentos las ideologías de quienes usan sus derechos de la Primera Enmienda para oponerse a ciertas políticas de la Administración Biden”.
Añadió: “Algunos ejemplos se refieren a quienes se oponen a los mandatos de vacunación contra el COVID, quienes rechazan los mandatos de uso de mascarillas y los padres que temen que sus hijos puedan ser vacunados contra el COVID de forma forzosa sin su consentimiento o conocimiento".
El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
