Un nuevo proyecto de ley presentado ante el Congreso pondría fin a la protección de responsabilidad civil que actualmente se concede a los fabricantes de vacunas.
El proyecto de ley H.R. 4668, o Ley para poner fin a la exclusión de vacunas, modificaría la legislación federal para exponer a los fabricantes a más demandas judiciales de las que se permiten actualmente.
En virtud de una ley de 1986 denominada Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles, las personas que alegan ser víctimas de afecciones por vacunas o muertes por vacunación solo pueden demandar a los fabricantes después de presentar una petición ante un programa de indemnización del Gobierno. La reclamación también debe ser juzgada.
El programa tiene un largo retraso; actualmente se tarda años en obtener una sentencia.
El nuevo proyecto de ley, presentado el 23 de julio, permitiría a las personas acudir directamente a los tribunales para presentar demandas civiles contra los fabricantes.
La Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles también establece en parte que los fabricantes no son responsables de ninguna lesión o muerte relacionada con las vacunas "si la lesión o la muerte se debieron a efectos secundarios que eran inevitables a pesar de que la vacuna se preparó correctamente y se acompañó de las instrucciones y advertencias adecuadas".
Y solo permite demandas si los fabricantes cometieron fraude, ocultaron información al gobierno antes de la aprobación de la vacuna, ocultaron información después de su aprobación o participaron en "otras actividades delictivas o ilegales relacionadas con la seguridad y la eficacia de las vacunas".
El nuevo proyecto de ley derogaría esas partes de la ley.
El representante Paul Gosar (R-Ariz.) presentó el proyecto de ley.
"Las disposiciones actuales en materia de inmunidad, que protegen injustamente a las grandes farmacéuticas de los daños causados por sus productos, impiden a las personas perjudicadas por las vacunas interponer demandas civiles ante los tribunales estatales o federales. Esta excepción ha permitido cientos de miles de millones de dólares de beneficios para las grandes farmacéuticas, mientras que ha dejado a decenas de miles de personas sin la posibilidad de obtener justicia y una indemnización por los daños causados por las vacunas", declaró Gosar en un comunicado el 24 de julio.
Añadió más tarde que el proyecto de ley "antepone la salud de los pacientes a los beneficios económicos al eliminar las actuales protecciones de responsabilidad civil y suprime la prescripción que protege injustamente a las grandes farmacéuticas de los daños causados por sus productos, permitiendo a las personas perjudicadas por las vacunas interponer demandas civiles ante los tribunales estatales o federales".
Gosar presentó el proyecto de ley en 2024, pero nunca ganó terreno en el dividido Congreso. Los republicanos controlan ahora ambas cámaras, aunque el número de miembros que copatrocinaron la nueva versión, 29, es similar al de los 30 que copatrocinaron la anterior.
Mary Holland, presidenta de la organización sin ánimo de lucro Children's Health Defense, fue una de las personas que expresó su apoyo a la legislación.
El proyecto de ley "es exactamente lo que necesitamos para garantizar que las vacunas cumplan con los más altos estándares de seguridad y eficacia, al igual que casi todos los demás productos", dijo en un comunicado.
PhRMA, un grupo comercial que representa a los fabricantes de vacunas, no respondió a una solicitud de comentarios antes de esta publicación.
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