La orden del presidente Donald Trump para recortar los fondos para los medios de comunicación viola la Constitución de Estados Unidos, según afirma la Radio Pública Nacional (NPR) en una demanda presentada el 27 de mayo.
La orden viola la protección de la libertad de expresión recogida en la Primera Enmienda, según la demanda.
«La orden también viola el debido proceso, la separación de poderes y la cláusula de gastos de la Constitución», dice.
La demanda fue presentada en una corte federal de Washington.
La Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y la Corporación para la Radiodifusión Pública no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La orden de Trump del 1 de mayo ordenó a la corporación, una organización sin ánimo de lucro creada por el Congreso en 1967 para supervisar las emisoras financiadas con fondos públicos, que pusiera fin a la financiación directa a NPR y del Servicio Público de Radiodifusión (PBS).
La orden afirma que ningún medio de comunicación tiene derecho constitucional a recibir fondos públicos y que ninguno de ellos «ofrece una cobertura justa, precisa o imparcial de la actualidad a los ciudadanos contribuyentes». Esto a pesar de que la ley por la que se crea la corporación establece que la entidad no puede «contribuir o apoyar de cualquier otra forma a ningún partido político», escribió Trump.
La Casa Blanca señaló artículos de NPR como uno sobre «entusiastas de los dinosaurios genderqueer», su negativa inicial a informar sobre el ordenador portátil del hijo del expresidente Joe Biden, Hunter Biden, y cómo su directora ejecutiva, Katherine Maher, ha llamado racista a Trump.
NPR y varias emisoras locales afiliadas, entre ellas Colorado Public Radio, afirmaron en la demanda que la orden les afecta indebidamente debido a la opinión del presidente sobre sus noticias.
«Los objetivos de la orden no podrían ser más claros: la orden pretende castigar a la NPR por el contenido de las noticias y otros programas que no gustan al presidente y coartar el libre ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda por parte de la NPR y de las emisoras de radio públicas de todo el país», afirmaron.
«La orden es una represalia típica y una discriminación basada en opiniones que viola la Primera Enmienda e interfiere con la libertad de asociación expresiva y la discreción editorial de NPR y las emisoras locales afiliadas».
Maher dijo en un comunicado: «defendemos los derechos constitucionales, la libertad de prensa y la información del público, y hoy presentamos esta demanda en su nombre».
Los demandantes solicitan a la corte que declare ilegal e inconstitucional la orden y todas las medidas adoptadas para aplicarla, así como que prohíba permanentemente a los demandados aplicar la orden.
Maher y la directora ejecutiva de PBC, Paula Kerger, defendieron sus medios de comunicación durante una audiencia en el Congreso celebrada en marzo, en la que afirmaron ante los legisladores que prestan servicio a audiencias de todo el espectro político.
«Nuestras emisoras aúnan recursos para invertir en programación que beneficie a todos los estadounidenses, desde la historia y la ciencia hasta el arte y la música», declaró Kerger en ese momento.
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