La Cámara de Representantes de Oregón rechazó el 5 de junio un proyecto de ley que obligaría a las escuelas de Oregón a designar los equipos deportivos escolares según el sexo biológico.
Después de que los demócratas bloquearan el proyecto de ley, los republicanos de la Cámara de Representantes de Oregón enviaron una carta urgente al fiscal general adjunto Harmeet Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, instando a una rápida intervención federal y ofreciendo su plena cooperación con la investigación en curso del Título IX sobre el sistema educativo de Oregón.
El proyecto de ley 2037 de la Cámara de Representantes permitiría que solo las mujeres participaran en los deportes escolares femeninos y accedieran a los espacios íntimos de las mujeres, como los baños y los vestuarios.
El proyecto de ley fue rechazado por motivos partidistas, a pesar de que se escucharon los testimonios de más de una docena de jóvenes atletas femeninas que estuvieron presentes en la votación, entre ellas las saltadoras de altura Reese Eckard, del instituto Sherwood High School y Alexa Anderson, del instituto Tigard High School.
Esta medida supone un nuevo punto álgido en la batalla por la participación de las personas transgénero en el deporte.
El enfrentamiento legislativo se produjo tras un fin de semana en el que atletas masculinos que se identifican como transgénero compitieron en la categoría femenina en competiciones de atletismo de institutos de California, Washington, Maine y Oregón, «desplazando a las competidoras femeninas y confirmando la naturaleza sistémica del problema», según la carta de los republicanos a Dhillon.
En el Campeonato Estatal de Atletismo de Oregón, celebrado en el Hayward Field de Eugene el 31 de mayo, Eckard y Anderson, que quedaron tercera y cuarta en la prueba de salto de altura, bajaron del podio y dieron la espalda en señal de protesta a la quinta clasificada, Liaa Rose.
Solo dos años antes, Rose, estudiante de último año de la Ida B. Wells High School de Portland, quedó en undécimo lugar en la división masculina JV.
«Lo que ocurrió el fin de semana pasado en Hayward Field fue desgarrador», escribió el representante republicano de Oregón Darin Harbick en una declaración enviada a The Epoch Times.
«Un atleta masculino le quitó la pista a una chica que entrenó todo el año para ese momento. Esto no solo es injusto, es incorrecto y es precisamente por eso que necesitamos supervisión federal».
Al rechazar el proyecto de ley HB 2037, el representante republicano Ed Diehl afirmó que la mayoría demócrata antepuso la ideología a la justicia, el sentido común y el cumplimiento de la ley federal.
«Este proyecto de ley era muy claro: proteger a las atletas femeninas y garantizar la igualdad de condiciones en los deportes escolares. En cambio, la mayoría dio prioridad a sus agendas políticas por encima de la igualdad de oportunidades para los jóvenes atletas de Oregón».
El representante demócrata Rob Nosse dijo durante la sesión legislativa del 5 de junio que se debería permitir a los atletas transgénero competir en deportes juveniles y advirtió que dicha legislación podría alienar a los atletas trans a quienes se les negaría la oportunidad de usar baños que se ajusten a su identidad de género.
«Lo que escuché esta mañana fue, en su mayor parte, simplemente cruel», dijo Nosse.
El representante Jules Walters, demócrata, se hizo eco de su colega y señaló que muchas personas transgénero forman parte del personal del Capitolio.
«Cuando los políticos hablan con insensibilidad sobre cuestiones relacionadas con la identidad, se dirigen a sus colegas, al personal de sus colegas y a las familias de sus colegas», dijo Walters.
«Esta cámara no es un vacío».
El Departamento de Justicia se centra en Oregón
El Departamento de Justicia ya se había centrado en Oregón.Dhillon anunció en una carta del 23 de mayo que el Departamento de Justicia iniciaría una investigación federal sobre las denuncias de discriminación por motivos de sexo por parte del Departamento de Educación de Oregón (ODE) y la Asociación de Actividades Escolares de Oregón (OSAA), el organismo rector de los deportes de secundaria en Oregón.
«Cuando se permite a los hombres competir con las mujeres en deportes o eventos exclusivos para mujeres, se pierden las protecciones que el Título IX otorga a las atletas femeninas y, sencillamente, se infringe la ley», escribió Dhillon en su carta al abogado del America First Policy Institute (AFPI).
El instituto es una organización de políticas públicas con sede en Fort Worth, Texas, que presentó una denuncia por discriminación en virtud del Título IX contra la OSAA y el ODE.
Junto con la correspondencia republicana a Dhillon se incluía una carta de abril de 2024 del director ejecutivo de la OSAA, Peter Weber, en la que reconocía que las políticas de «identidad de género» de la asociación se elaboraron con la ODE.
«La ODE recibirá alrededor de USD 1.5 mil millones en fondos federales durante este bienio», escribió el representante republicano Boomer Wright en una declaración compartida con The Epoch Times.
«Ese dinero no debe destinarse a políticas que violen la ley de derechos civiles».
La carta instaba al Departamento de Justicia a «revisar cuidadosamente cómo esos fondos se cruzan con políticas que pueden violar la ley federal de derechos civiles».
También se adjuntaba una carta de los republicanos de la Cámara de Representantes de Oregón a Weber, con fecha del 11 de febrero de 2025, en la que se solicitaba a la OSAA que alineara inmediatamente sus políticas deportivas con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump «Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos», una solicitud que sigue sin respuesta.
La orden ejecutiva sugiere que las instituciones educativas que permitan a los atletas transgénero competir en deportes femeninos podrían perder su financiación.
Aunque la carta del Departamento de Justicia no saca ninguna conclusión sobre los casos de Oregón, señala el inicio de una revisión formal que podría tener implicaciones más amplias para los distritos escolares y las asociaciones deportivas de todo el país.
Si se detectan infracciones, el departamento podría exigir cambios en la política y su aplicación o emprender acciones legales para garantizar su cumplimiento.
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