La Legislatura de California prolongó su sesión anual un día más y aprobó una serie de medidas sobre la regulación de la inteligencia artificial, las ayudas a los hijos de inmigrantes ilegales y las políticas medioambientales.
Esta iniciativa se produjo en medio de un déficit presupuestario previsto de 12,000 millones de dólares y la disminución de los fondos federales, lo que obligó al gobernador Gavin Newsom a decidir antes de mediados de octubre sobre cientos de proyectos de ley.
Los legisladores levantaron la sesión el 13 de septiembre tras cerrar acuerdos, especialmente sobre iniciativas climáticas que se encontraban estancadas. Ampliaron el programa estatal de comercio de derechos de emisión, aumentaron la financiación para la lucha contra los incendios forestales y permitieron el aumento de la producción de petróleo con el objetivo de estabilizar los precios del combustible.
De los aproximadamente 1200 proyectos de ley presentados, cientos avanzaron, apuntando a temas como la vivienda, los derechos laborales y la tecnología. Entre los proyectos de ley más importantes se encuentran los relacionados con la "justicia racial" en materia de vivienda. La asambleísta Tina McKinnor, demócrata de Los Ángeles, presentó el proyecto de ley AB 57 para destinar el 10% de las ayudas a la compra de primera vivienda a los descendientes de esclavos. Su proyecto de ley AB 62 compensaría las "motivaciones raciales". La asambleísta Tina McKinnor, demócrata de Los Ángeles, presentó el proyecto de ley AB 57 para asignar el 10% de las ayudas a la compra de primera vivienda a los descendientes de esclavos. Su proyecto de ley AB 62 compensaría las expropiaciones de propiedades "por motivos raciales".
En el ámbito tecnológico, el senador de San Francisco Scott Wiener presentó el proyecto de ley SB 53, que exige a los desarrolladores de inteligencia artificial (IA) potente que evalúen y mitiguen riesgos como víctimas masivas o perturbaciones importantes.
Wiener citó el comité asesor de IA de Newsom como un indicador positivo, a pesar del veto previo a normas más amplias.
Wiener también propuso reformas de salud. El proyecto de ley SB 40 limita los costos mensuales de insulina a 35 dólares para los diabéticos, perfeccionando una versión previamente rechazada. El proyecto de ley SB 41 regula a los intermediarios que fijan los precios de los medicamentos para frenar las tácticas que impulsan la inflación.
El proyecto de ley AB 1261 de la asambleísta Mia Bonta proporcionaría abogados financiados por el estado a los menores no acompañados en casos de deportación de inmigrantes ilegales.
"Es inaceptable que haya niños que se enfrenten solos en nuestros tribunales de inmigración. Con un conocimiento limitado de los procedimientos judiciales, por no hablar a veces del idioma inglés, estos jóvenes están condenados al fracaso en nuestro sistema actual", dijo Bonta, demócrata que representa a Oakland, en una declaración el 10 de septiembre.
«El acceso a la representación legal es vital para que estos jóvenes tengan un juicio justo y una oportunidad justa de alcanzar el sueño californiano».
La asambleísta Rebecca Bauer-Kahan, demócrata de Orinda, propuso varias medidas de protección digital. El proyecto de ley AB 1064 prohíbe los bots manipuladores dirigidos a los niños; el proyecto de ley AB 621 prohíbe la pornografía deepfake no autorizada;
la AB 56 exige advertencias sobre salud mental en las plataformas de redes sociales; y la AB 1018 exige auditorías para las herramientas de inteligencia artificial sesgadas.
Los acuerdos ambientales incluyeron la renovación del sistema de límites máximos y comercio de permisos de contaminación para financiar iniciativas ecológicas, la adición de recursos para incendios forestales y aceleración de los permisos para hasta 2000 nuevos pozos de petróleo al año, con el objetivo de evitar subidas de precios.
Estos acuerdos se negociaron durante meses de forma privada en medio de la incertidumbre provocada por los posibles cambios en la política federal, ya que la administración Trump recorta los fondos federales como parte de su esfuerzo por reducir lo que considera fraude, derroche y abuso en el gasto público.
La oficina de Newsom no ha hecho comentarios sobre los proyectos de ley. El gobernador tiene hasta el 12 de octubre para firmarlos o vetarlos.
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