El 24 de septiembre, una jueza federal confirmó la decisión del presidente Donald Trump de despedir a ocho exinspectores generales, a pesar de opinar que violaba una disposición de la ley que exige al presidente notificar el despido o proporcionar una justificación.
La jueza federal Ana C. Reyes escribió que los inspectores generales, que fueron despedidos en febrero, no demostraron un “daño irreparable” por el supuesto perjuicio de no poder desempeñar sus funciones durante 30 días, correspondiente al período de notificación que exige la ley que regula su destitución.
Por lo tanto, a pesar de considerar que Trump no cumplió con este requisito de notificación procesal, el poder judicial no puede reincorporar a los inspectores generales, escribió la jueza Reyes, describiendo la reincorporación como una "solución extraordinaria".
Es una "norma bien establecida que tradicionalmente se ha concedido al Gobierno la mayor libertad en la gestión de sus propios asuntos internos", escribió el tribunal, añadiendo que "los inspectores generales son funcionarios del Poder Ejecutivo y la autoridad del presidente para destituirlos es indiscutible".
La demanda
Los ocho demandantes, que son vigilantes no partidistas de agencias federales como el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado, demandaron a la administración Trump en febrero, días después de que los destituyera de sus cargos.Solicitaron ser reintegrados mientras Trump cumple con el requisito de notificación de la Ley del Inspector General, la ley que rige su destitución y exige una notificación de 30 días por parte del presidente. En otras palabras, argumentan que deberían mantener sus cargos durante 30 días más.
“Es decididamente incorrecto y contrario al interés público que los límites legales diseñados [para proporcionar] una protección muy necesaria... contra el fraude, el despilfarro y el abuso sean ignorados por el mismo funcionario encargado constitucionalmente de velar por que las leyes del Congreso se ejecuten fielmente”, escribieron los demandantes en su demanda del 27 de marzo, refiriéndose a Trump.
Por su parte, la Administración Trump replica que la reincorporación de los inspectores generales supondría una intromisión inconstitucional en las facultades de destitución del presidente recogidas en el artículo II de la Constitución de Estados Unidos.
"Conceder la medida extraordinaria solicitada sería una intromisión sin precedentes en la autoridad del presidente para ejercer 'todo el poder ejecutivo' de los Estados Unidos", escribieron los abogados de la administración Trump en su respuesta. "Redunda en interés del gobierno y del público que estos puestos de inspector general sean ocupados por personas que cuenten con la confianza del presidente".
La corte, aunque comentó que es “obvio” que Trump violó el requisito del plazo de notificación de la Ley del Inspector General, se puso del lado de la administración Trump.
"En el caso típico en el que un empleado impugna su despido, la pérdida de su trabajo no 'constituye un daño irreparable'", escribió la corte, explicando que una solución alternativa y menos drástica para los demandantes es "recuperar los salarios y prestaciones atrasados —soluciones que solicitan en su demanda— si tienen éxito en el fondo de sus reclamaciones".
Además, la reincorporación de los inspectores generales interferiría con las funciones del presidente, lo que va en contra de la posición legal de los demandantes.
"La capacidad del presidente para elegir y confiar en personal de confianza es fundamental para el funcionamiento eficaz del Poder Ejecutivo", añadió el tribunal, señalando que esta autoridad forma parte del mandato constitucional del presidente de velar por el fiel cumplimiento de las leyes.
E incluso si el tribunal reincorpora a los demandantes, "el presidente podría destituirlos legalmente después de 30 días, previa notificación y justificación al Congreso", escribió el tribunal, por lo que ordenar una reincorporación —que es una "medida drástica"— es inapropiado.
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