El lunes, un juez federal de distrito ordenó a las autoridades federales y estatales de Florida que revelen los documentos que muestran qué grupos tienen autoridad legal para detener a personas o desempeñar funciones de agentes de inmigración en el recién construido centro de detención de inmigrantes "Alligator Alcatraz", en los Everglades de Florida.
La orden se dictó en respuesta a una demanda colectiva presentada el 16 de julio por cuatro detenidos y el abogado de uno de ellos, con el respaldo de tres bufetes de abogados especializados en inmigración y la organización sin ánimo de lucro Sanctuary of the South, que se ocupa de personas sin hogar, en nombre de todas las personas que se encuentran actualmente recluidas o que lo estarán en el futuro en el centro. Dos de los detenidos están identificados en los documentos judiciales como ciudadanos cubanos y dos se encuentran en el país con solicitudes de asilo o de reunificación familiar (I-130) pendientes.
Los demandantes alegan violaciones constitucionales, entre ellas la falta de protocolos para la comunicación confidencial entre abogados y clientes en el centro, la detención indefinida y la cancelación de las audiencias de fianza. Presentaron una moción para obtener una orden de restricción temporal y una medida cautelar ante la corte.
El juez Rodolfo A. Ruiz, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, concedió el 4 de agosto dos de las cinco peticiones de los demandantes.
Ordenó la divulgación de todos los acuerdos y contratos escritos que muestran quién tiene la custodia legal de los cientos de detenidos.
Los gobiernos federal y estatal habían solicitado que cualquier divulgación se limitara a los acuerdos entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y tres agencias estatales: el Departamento de Policía de Florida, la Patrulla de Carreteras de Florida y la Guardia Nacional de Florida.
Los abogados de los detenidos también solicitaron documentos que muestren quién era responsable de los procedimientos de deportación, así como información sobre el número de empleados en "Alligator Alcatraz". Ruiz dijo que estas solicitudes eran demasiado amplias en la fase actual del proceso judicial.
“Y la identificación de qué actores gubernamentales son ‘responsables de llevar a cabo las operaciones de detención en Alligator Alcatraz’ ayudará a la Corte a determinar qué Demandados son las partes apropiadas para los fines de las reclamaciones de la Primera y Quinta Enmienda de los Demandantes”, escribió el juez en la orden.
La divulgación parcial permitirá a la corte "discernir qué entidades gubernamentales cometieron [las presuntas acciones en Alligator Alcatraz] en primer lugar2, añadió.
La autoridad en el centro de detención no ha estado clara desde que las instalaciones abrieron sus puertas en julio.
Alberga a miles de inmigrantes ilegales detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que están a la espera de ser procesados y deportados. En lo profundo de los Everglades, las instalaciones se construyeron en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, situado en la Reserva Nacional Big Cypress, que alberga a unos 30,000 caimanes.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el director en funciones del ICE, Todd M. Lyons; el director de la oficina local del ICE, Garrett Ripa; el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la directora de Correccionales y Rehabilitación del condado de Miami-Dade, Sherea Green; el director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie; y la directora en funciones de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, Sirce E. Owen, han sido nombrados como demandados en la demanda.
Tienen hasta el 7 de agosto para entregar los documentos.
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