Una juez federal de Washington se negó a impedir que el personal del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) acceda a los sistemas del Departamento del Tesoro que contienen millones de datos personales de estadounidenses.
La jueza de distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly, que anteriormente restringió el trabajo del DOGE en el Tesoro a dos empleados con acceso de solo lectura, emitió una decisión el 7 de marzo que rechaza una solicitud de la Alianza para los Estadounidenses Jubilados y varios sindicatos de empleados para prohibir al personal del DOGE el acceso al sistema del Servicio Fiscal del Tesoro, que procesa aproximadamente el 90 por ciento de los pagos federales.
En su fallo, Kollar-Kotelly determinó que los demandantes no lograron demostrar que permitir a los empleados de DOGE acceder al sistema causaría un daño irreparable.
"Si los demandantes pudieran demostrar que los demandados planeaban hacer pública su información privada o compartirla con personas ajenas al gobierno federal sin obligación de mantener su confidencialidad, la corte no dudaría en determinar la probabilidad de un daño irreparable", escribió la jueza.
No encontró indicios de ningún plan para hacer un uso indebido o revelar de forma inapropiada datos sensibles y señaló que los demandantes son libres de volver a la corte para solicitar una reparación de emergencia si estas circunstancias cambian.
La decisión también levanta las restricciones de acceso anteriores de Kollar-Kotelly, que permitieron a dos personas afiliadas a DOGE ver el sistema del Servicio Fiscal en modo de solo lectura.
The Epoch Times se puso en contacto con el abogado de los demandantes para solicitar comentarios sobre la sentencia.
El personal de DOGE sigue sin poder acceder al Servicio Fiscal en virtud de una orden separada emitida por la jueza de distrito de EE. UU. Jeannette Vargas en Nueva York.
Vargas, en respuesta a una demanda de 19 fiscales generales demócratas, accedió parcialmente a su petición de bloquear al personal de DOGE del sistema de pagos del Tesoro, citando preocupaciones sobre una investigación y capacitación insuficientes.
"De hecho, tomarse el tiempo para mitigar adecuadamente las posibles preocupaciones de seguridad e incorporar adecuadamente a los miembros para que participen en este trabajo supera la necesidad inmediata de los demandados de acceder y volver a desarrollar el sistema del Tesoro" declaró Vargas en su orden de 64 páginas. "Si no se abordan estas cuestiones, las posibles consecuencias de una violación de la ciberseguridad podrían ser catastróficas".
Vargas dejó abierta la posibilidad de levantar o modificar su orden si la administración certifica que el personal de DOGE recibió la capacitación adecuada y obtuvo las autorizaciones de seguridad necesarias.
También denegó la solicitud de los demandantes de imponer restricciones más amplias que impidan a DOGE crear procesos para detener los pagos dentro de los sistemas del Tesoro. Vargas argumentó que tales medidas "superarían con creces" el alcance de la orden de restricción temporal anterior y que los demandantes no habían justificado la necesidad de una reparación tan amplia contra DOGE.
Los funcionarios de la administración Trump defendieron la presencia de DOGE en el Tesoro, argumentando que DOGE está llevando a cabo medidas que, en última instancia, mejorarán la eficiencia de las operaciones gubernamentales.
Los críticos dicen que la participación de DOGE plantea problemas de seguridad y supervisión, sobre todo teniendo en cuenta su papel relativamente nuevo e indefinido en la gestión financiera federal.
El presidente Donald Trump creó DOGE en su primer día en el cargo, encargándole que explorara formas de eliminar el gasto innecesario del gobierno y optimizar las operaciones federales.
El personal de DOGE actuó con rapidez y determinación para auditar y llevar a cabo reformas en todos los organismos federales y el órgano asesor informó recientemente de un ahorro de 105 mil millones de dólares gracias a la cancelación de subvenciones, la venta de activos, la reducción de plantilla y la rescisión de contratos y arrendamientos.
Se presentaron varias demandas para detener las operaciones de DOGE, lo que dio lugar a una mezcla de sentencias.
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