El 14 de agosto, un juez federal de Maryland anuló una directiva del Departamento de Educación de EE. UU. destinada a eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en escuelas y universidades.
La directiva incluyó en una carta de "Estimado colega" enviada el 14 de febrero a los departamentos de educación de los 50 estados. El incumplimiento de la directiva podría conllevar la pérdida de fondos federales para las escuelas, según la carta.
La carta, firmada por Craig Trainor, subsecretario interino de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE. UU., criticaba lo que denominaba "discriminación racial manifiesta y encubierta" en escuelas primarias y secundarias y universidades, en particular bajo el lema de las políticas de DEI de los cuatro años anteriores.
La carta hacía referencia a prácticas como la discriminación contra estudiantes blancos y asiáticos, la promoción de la falsa premisa de que Estados Unidos se basa en un 'racismo sistémico y estructural' y el fomento de la segregación racial en las ceremonias de graduación y en las residencias estudiantiles.
Dichas prácticas, según la carta, ya no serán toleradas porque están prohibidas por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Cláusula de Igual Protección de la Constitución de los Estados Unidos y el fallo de la Corte Suprema de 2023 en el caso Estudiantes por Admisiones Justas contra Harvard College.
Según la carta, es ilegal tratar a los estudiantes de forma diferente por motivos de raza para lograr objetivos ambiguos como la diversidad, el equilibrio racial, la justicia social o la equidad.
La directiva se emitió luego que el presidente Donald Trump firmara el 29 de enero la Orden Ejecutiva 14190, que ordenaba a las agencias federales eliminar por completo la financiación para el "trato y adoctrinamiento ilegal y discriminatorio en las escuelas primarias y secundarias, incluyendo aquellos basados en la ideología de género y la ideología discriminatoria de equidad".
El 14 de agosto, la jueza federal de distrito Stephanie Gallagher dictaminó en el caso, conocido como Federación Estadounidense de Maestros contra el Departamento de Educación, que la directiva de la agencia violaba la Ley de Procedimiento Administrativo federal.
La ley es un estatuto federal promulgado en 1946 que rige los procedimientos de derecho administrativo para los departamentos ejecutivos federales y las agencias independientes. El difunto senador estadounidense Pat McCarran (D-NV) afirmó que la ley era "una declaración de derechos para los cientos de miles de estadounidenses cuyos asuntos son controlados o regulados de una u otra forma por agencias del gobierno federal".
La ley exige que las agencias federales publiquen las normas propuestas en el Registro Federal y permitan al público formular comentarios antes de su aprobación definitiva.
Gallagher escribió en su fallo que el departamento no siguió los procedimientos "estrictos" exigidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, que existen "para garantizar que las agencias se mantengan dentro de los límites de su autoridad delegada y ejerzan dicha autoridad dentro de los límites de la ley en general".
Afirmó que la corte "no se pronuncia" sobre si las políticas involucradas en el caso son "buenas o malas, prudentes o insensatas, justas o injustas".
Al eludir importantes requisitos procesales, el gobierno, sin darse cuenta, se topó de frente con graves problemas constitucionales.
Gallagher rechazó el argumento del gobierno de que la carta simplemente notificaba la interpretación actual del Departamento de Educación sobre la ley federal, recordando a los departamentos estatales que la discriminación es ilegal.
La carta "inició un cambio radical en la forma en que el Departamento de Educación regula las prácticas educativas y la conducta en el aula, lo que provocó que millones de educadores temieran razonablemente que su discurso legal, e incluso beneficioso, pudiera resultar en sanciones para ellos o sus escuelas", afirmó.
La directiva fue impugnada en las cortes por una coalición nacional de asociaciones de docentes y un distrito escolar público.
Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, uno de los grupos que interpuso la demanda, celebró el nuevo fallo judicial, que, según ella, "confirmó la importancia de nuestra labor como educadores para fomentar la oportunidad, la dignidad y la participación".
"La corte coincidió en que este requisito vago y claramente inconstitucional representa un grave ataque a los estudiantes, a nuestra profesión, a nuestra historia honesta y al propio conocimiento", declaró.
"Obstaculizaría los esfuerzos para ampliar el acceso a la educación y frustraría la promesa de igualdad de oportunidades para todos, un principio fundamental de Estados Unidos desde su fundación", añadió Weingarten.
La portavoz del Departamento de Justicia, Natalie Baldassare, declaró a The Epoch Times que el departamento no haría comentarios sobre el caso.
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