Un equipo de cuatro empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) puede ahora acceder a un sistema del Departamento del Tesoro, según dictaminó el martes una juez federal en una victoria para la administración Trump.
La juez federal Jeannette Vargas permitió a cuatro empleados del DOGE, asociado con el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, acceder a la Oficina de Servicios Fiscales del Tesoro, que utiliza el Gobierno federal para distribuir billones de dólares en pagos. La sentencia se produjo en respuesta a una demanda presentada por estados liderados por los demócratas.
Los cuatro miembros del DOGE con acceso al sistema del Tesoro son Thomas Krause, Linda Whitridge, Samuel Corcos y Todd Newnam, según la juez, quien también señaló que a otro miembro del equipo, Ryan Wunderly, obtuvo acceso el mes pasado.
“No tiene mucha utilidad que esta corte funcione como la oficina de recursos humanos del Tesoro cada vez que se incorpora un nuevo miembro al equipo”, escribió Vargas, en parte.
Más adelante en la sentencia, la juez escribió que los cuatro miembros del DOGE mencionados anteriormente "han cumplido las condiciones para quedar excluidos de la definición de personal restringido, [y] se les permitirá el acceso a los sistemas de pago del Tesoro en las mismas condiciones que a Wunderly".
“Para evitar dudas, sin embargo, los demandados no están obligados a obtener una resolución judicial que determine que una persona en particular cumplió los procedimientos de formación, investigación y mitigación antes de que se le concedaa cceso a los sistemas de pago del Tesoro”, concluía la orden.
La sentencia supone una victoria para DOGE y la administración Trump, que se han enfrentado a varias demandas por el acceso del grupo de trabajo a diversos sistemas gubernamentales.
En el caso del Tesoro, un grupo de estados liderados por los demócratas presentó una demanda para bloquear el acceso de DOGE, lo que llevó a Vargas a dictar una orden judicial temporal, pero permitió al grupo de trabajo crear un sistema para acceder a los datos con las garantías adecuadas intactas.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo en febrero que ella y otros 18 fiscales generales demócratas presentaron la demanda, según un comunicado de prensa de su oficina.
James, demócrata, afirmó que el presidente Donald Trump “no tiene el poder para regalar la información privada de los estadounidenses a quien quiera, ni puede recortar los pagos federales aprobados por el Congreso”, y añadió que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) “no tiene autoridad para acceder a la información privada de los estadounidenses ni a algunos de los datos más sensibles de nuestro país”.
Los abogados de la administración Trump sostuvieron en escritos ante la corte que lo que los estados solicitaron en la demanda excede su autoridad.
“Los demandantes confirman en su oposición que buscan algo extraordinario: una orden judicial que exija que una parte de una agencia ejecutiva sea acordonada de los ‘funcionarios políticos’, debidamente nombrados, mientras se da acceso a determinados ‘funcionarios públicos’”, escribieron.
"El gobierno no conoce ningún ejemplo de que una corte haya intentado gestionar de forma tan minuciosa una agencia ni de separar la supervisión política de la Rama Ejecutiva de esta manera".
Tras su creación por Trump en enero mediante orden ejecutiva, DOGE visitó varias agencias para detectar fraude, derroche y abuso. En su página web, DOGE afirma que sus esfuerzos han dado lugar a la cancelación de más de 25,000 subvenciones y contratos federales, lo que ha supuesto un ahorro de unos 175,000 millones de dólares hasta ahora.
También el martes, un juez federal, en un caso independiente, permitió a un grupo de 14 estados seguir adelante con una demanda contra DOGE y los intentos de Musk de recortar el gasto federal, rechazando los esfuerzos de la administración para desestimar el asunto.
La demanda de los estados podría seguir adelante contra Musk y DOGE porque alegaba de forma plausible que las actividades de recorte de gastos de Musk "no estaban autorizadas por ninguna ley", según la sentencia de la juez federal Tanya Chutkan en una corte federal de Washington.
Los fiscales generales de Nuevo México, Oregón y otros 12 estados presentaron su demanda en febrero, alegando que Trump ha otorgado a Musk "autoridad legal sin control" sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos. La demanda busca detener los esfuerzos de DOGE para recortar el gasto federal y cerrar las agencias estadounidenses que no cuentan con el favor de Trump.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento del Tesoro para obtener comentarios el miércoles, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
Con información de Reuters.
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