El juez del Distrito de EE. UU. Beryl Howell anuló el 2 de mayo la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la revocación de los contratos gubernamentales del bufete de abogados Perkins Coie. La orden también prohíbe a la administración Trump cancelar las autorizaciones de seguridad federales de los abogados de dicho bufete.
Howell dictaminó que la orden violaba la libertad de expresión y el debido proceso. Fue la primera vez que un juez decidió los méritos legales de las acciones ejecutivas dirigidas a abogados y bufetes involucrados con los opositores políticos de Trump y las investigaciones en su contra.
El Departamento de Justicia puede apelar la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.
En 2016, Perkins Coie LLP, representando a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, participó en la elaboración del expediente Steele, un documento de inteligencia utilizado en ese momento para promover las acusaciones de que Trump había coludido con Rusia para robar las elecciones presidenciales.
Esas acusaciones fueron posteriormente desmentidas, tal como Trump lo había sostenido todo el tiempo, pero el daño hacia su reputación ya estaba hecho.
El 6 de marzo, Trump emitió una orden en la que hacía referencia al papel del bufete en la creación del expediente, al que llamó "peligroso y deshonesto". La orden también acusaba a Perkins Coie de practicar discriminación racial en sus prácticas de contratación a través del uso de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Después de que Perkins Coie presentara una demanda, el Departamento de Justicia le pidió a Howell que se recusara del caso, alegando que había demostrado públicamente un sesgo anti-Trump. Howell se negó a hacerlo, calificando las alegaciones como una "estrategia retórica de ataque ad hominem".
En el tribunal, Howell interrogó al abogado del gobierno, John Lawton, durante dos horas sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva, la cual calificó como una "represalia" por el papel del bufete en la creación del expediente.
Howell dijo que otros nueve bufetes de abogados habían llegado a acuerdos con la administración Trump para evitar el escrutinio al que se enfrentaba Perkins Coie. En un caso, señaló, el bufete Paul/Weiss logró que se revocara una orden ejecutiva en su contra después de acordar proporcionar $40 millones en trabajo legal gratuito a la administración.
Ella cuestionó repetidamente a Lawton sobre los detalles de esos acuerdos, pero él dijo que no estaba al tanto de esas discusiones.
Howell comparó la revocación de las autorizaciones de seguridad con el "Red Scare" ("El Terror Rojo"), un período en la política de EE. UU. cuando algunas personas fueron castigadas por la acusación de ser comunistas.
"¿Es esto un regreso a la era McCarthy?", preguntó.
Lawton dijo que el presidente tiene “discreción inherente” sobre las firmas con las que el gobierno contrata y quiénes deben tener autorizaciones de seguridad.
“El factor esencial es la confianza en el titular” de esas autorizaciones, dijo.
“¿Y $40 millones en servicios legales son suficientes para ganar esa confianza?”, preguntó la jueza.
También cuestionó la acusación del gobierno de “prácticas de contratación racistas” y su decisión de iniciar una revisión por parte de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo sobre Perkins Coie.
“¿Por qué la administración ve esas tres palabras como sucias?”, preguntó, refiriéndose a diversidad, equidad e inclusión.
Howell también dijo que el momento de la revisión era sospechoso, señalando que se inició después de que Perkins Coie decidiera demandar en lugar de hacer un acuerdo como lo hicieron otras firmas.
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