Un juez federal bloqueó temporalmente este martes al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de recortar los fondos destinados a la salud pública de cuatro municipios, y ordenó restablecer dicha financiación.
En una opinión de 42 páginas, el juez de distrito Christopher Cooper concedió una orden judicial preliminar solicitada por cuatro gobiernos locales: el condado de Harris, Texas; Columbus, Ohio; el condado de Davidson y Nashville, Tennessee; y Kansas City, Missouri.
Los municipios, junto con la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales, presentaron la demanda en abril para impedir que se cancelaran los fondos a nivel nacional.
Sin embargo, Cooper aclaró en su fallo que la medida cautelar preliminar solo se aplicará a los cuatro municipios incluidos en el caso.
Según los documentos judiciales, los fondos se otorgaron durante la pandemia de COVID-19 para apoyar esfuerzos de salud pública como vigilancia de enfermedades infecciosas, campañas de vacunación y preparación ante emergencias para prevenir futuras pandemias.
El HHS afirmó que decidió cancelar los fondos porque la pandemia ya había terminado, y argumentó que las subvenciones y acuerdos de cooperación ya no eran necesarios, pues “su propósito limitado había llegado a su fin”.
De acuerdo con la resolución del tribunal, cuando se cancelaron los fondos, aún se debía a los cuatro gobiernos locales alrededor de 32.7 millones de dólares.
Cooper concluyó que las disposiciones sobre los fondos “no estaban expresamente vinculadas a la duración de la pandemia”, y que el Congreso había autorizado que el dinero estuviera disponible hasta que se agotara por completo.
“En otras palabras, el Poder Ejecutivo no puede negarse a gastar fondos asignados por el Congreso simplemente porque prefiere no hacerlo”, afirmó el juez.
El fiscal del condado de Harris, Christian Menefee, celebró la decisión judicial y la calificó como “una victoria” para los residentes del condado y para los departamentos de salud pública en todo el país.
“El gobierno federal no puede simplemente ignorar al Congreso y desconectar servicios esenciales de los que dependen nuestras comunidades”, dijo Menefee en un comunicado.
“Esta decisión devuelve la estabilidad a nuestro sistema de salud pública y reafirma que es el Congreso, no burócratas no electos, quien decide cómo se gasta el dinero público”, agregó.
La oficina de Menefee informó que los recortes afectaron las labores de vigilancia de aguas residuales del Departamento de Salud Pública del condado de Harris, así como una iniciativa para asegurar que los residentes de bajos ingresos tengan acceso a servicios de salud, asistencia alimentaria y otros apoyos esenciales.
Según el comunicado, la cancelación también puso en riesgo las clínicas móviles de vacunación y dificultó el seguimiento de más de ochenta enfermedades infecciosas, como el sarampión y la tuberculosis.
Hasta el momento de la publicación, el HHS no respondió a la solicitud de comentarios.
El departamento también enfrenta demandas de una coalición de veintitrés estados y el Distrito de Columbia, que buscan evitar que se recorten más de once mil millones de dólares en fondos de salud pública.
El mes pasado, la jueza de distrito Mary McElroy accedió a emitir una orden preliminar para frenar temporalmente dichos recortes. El HHS había argumentado que las subvenciones ya no eran necesarias porque la pandemia había terminado.
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