El 13 de agosto, un juez federal anuló una norma que permite a los empleadores con objeciones religiosas excluirse de un requisito de la Ley de Asistencia Asequible que establece que el seguro de los empleadores debe cubrir el aborto y los anticonceptivos.
La jueza federal de distrito Wendy Beetlestone dijo que la norma y otra similar relacionada con las objeciones morales, ambas promulgadas en 2018 durante la primera administración Trump, resultaban arbitrarias y caprichosas y violaban la ley federal.
Beetlestone analizó los fundamentos para promulgar las normas, incluida la referencia a la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA), que prohíbe al gobierno "imponer una carga sustancial al ejercicio de la religión de una persona, salvo en determinadas excepciones" y concluyó que no respaldaba la norma.
"La norma no es arbitraria ni caprichosa porque traza líneas imprecisas. Es arbitraria y caprichosa porque las agencias identificaron un problema (violaciones de la RFRA) y luego propusieron una solución que no está racionalmente relacionada con la resolución de ese problema (eximir a las organizaciones cuyo cumplimiento de la adaptación no planteaba ningún conflicto potencial con la RFRA en primer lugar)", dijo la jueza en una decisión de 55 páginas.
Falló en contra del gobierno federal y a favor de Pensilvania y Nueva Jersey, que habían presentado una demanda contra las normas y las anuló.
La Casa Blanca y los fiscales generales de Pensilvania y Nueva Jersey no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Los abogados de Little Sisters of the Poor, una organización católica que es parte interviniente en el caso, condenaron la decisión.
"La corte de distrito bendijo un esfuerzo descontrolado de Pensilvania y Nueva Jersey para atacar a Little Sisters y la libertad religiosa", dijo Mark Rienzi, presidente de Becket, un instituto legal sin fines de lucro y de interés público, en un comunicado.
"Ya es bastante malo que la corte de distrito haya emitido un fallo a nivel nacional que invalida las normas federales sobre conciencia religiosa".
"Pero aún peor es que la corte de distrito simplemente haya eludido las evidentes cuestiones constitucionales de este caso, después de esperar cinco años y sin siquiera celebrar una audiencia. Es absurdo pensar que las Hermanitas puedan necesitar otro viaje a la Corte Suprema para poner fin a lo que ya son más de doce años de litigios sobre la misma cuestión. Lucharemos todo lo que sea necesario para proteger el derecho de las Hermanitas a cuidar de los ancianos en paz".
La última sentencia anterior sobre este asunto se dictó en 2020.
El juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, en nombre de la mayoría, dijo en ese momento que la Ley de Asistencia Asequible permitía a las agencias crear exenciones.
"El lenguaje sencillo de la ley permite claramente a los Departamentos crear normas de atención preventiva, así como exenciones religiosas y morales", escribió.
La mayoría también afirmó en la decisión, que trataba sobre la consolidación de varios casos, que los departamentos podían tener en cuenta la RFRA a la hora de emitir normas.
La corte no se pronunció sobre si las agencias cumplieron con los requisitos federales de que las acciones no fueran arbitrarias o caprichosas, aunque el juez Samuel Alito afirmó en una opinión concurrente que los departamentos no actuaron de forma arbitraria o caprichosa.
La corte devolvió los casos a las cortes inferiores.
El litigio sobre el asunto se prolongó durante años, mientras la administración Biden redactaba versiones actualizadas de las normas que habrían limitado las exenciones. A finales de 2024, el gobierno federal las retiró poco antes de que comenzara el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Beetlestone afirmó el miércoles que "con las normas definitivas aún en vigor, el asunto estaba listo para ser resuelto".
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