El 3 de junio, un juez federal emitió una orden judicial que mantiene una medida cautelar previa que impedía al Departamento de Educación revocar las prórrogas concedidas a los estados para acceder a los fondos relacionados con el COVID-19 destinados a los distritos escolares.
El juez de distrito Edgardo Ramos, del Distrito Sur de Nueva York, dijo que la orden judicial que dictó el 6 de mayo seguirá en vigor mientras se resuelva el litigio en el que están involucrados 16 estados y el Distrito de Columbia, que presentaron la demanda el 10 de abril alegando que la revocación por parte del Departamento de Educación de las prórrogas para acceder al Fondo de Estabilización de la Educación (ESF) era arbitraria y violaba la ley.
El ESF asignó más de 276,000 millones de dólares para ayudar a los distritos escolares a mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19. Inicialmente, se concedió a los estados hasta el 30 de septiembre de 2024 para comprometer el uso de los fondos y hasta el 28 de enero de 2025 para acceder a los fondos para liquidar las obligaciones. Posteriormente, el departamento concedió prórrogas a los demandantes, permitiéndoles acceder a los fondos hasta marzo de 2026.
Posteriormente, la secretaria de Educación, Linda McMahon, informó a los estados en marzo de este año que se revocaban las prórrogas concedidas anteriormente porque la pandemia había terminado y la ampliación del plazo ya no se ajustaba a las prioridades actuales del departamento, aunque los estados podían volver a solicitar prórrogas.
En la sentencia del 3 de junio, Ramos ordenó al departamento que tramitara "sin demora" las solicitudes pendientes y futuras de financiación de los demandantes y que presentara un informe de situación en el que se detallara el pago.
Según la sentencia, también se prohibió al departamento aplicar una directiva del 11 de mayo que exigía a los demandantes liquidar sus obligaciones en virtud del ESF antes del 24 de mayo.
El Departamento de Educación no respondió a una solicitud de comentarios antes de la publicación de este artículo.
Los abogados del gobierno argumentaron en un escrito del 24 de abril que las medidas del departamento no eran arbitrarias ni caprichosas "porque la revocación de la prórroga anterior estaba dentro de la discrecionalidad del Departamento" y que "no entraban en conflicto con las leyes de asignaciones pertinentes".
Los abogados también afirmaron que los demandantes no sufrirían un daño irreparable en ausencia de una orden judicial, ya que aún tenían la opción de solicitar una nueva prórroga, pero habían decidido no hacerlo.
Ramos dictó la orden judicial preliminar el 6 de mayo, impidiendo al departamento rescindir las prórrogas previamente aprobadas para acceder a los fondos. El juez también exigió a los funcionarios del departamento que notificaran a los demandantes con al menos 14 días de antelación antes de realizar cualquier cambio en las prórrogas.
La demanda fue presentada por los fiscales generales de Nueva York, Arizona, California, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregón y el Distrito de Columbia, así como por el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.
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