La administración Trump perdió su inusual demanda contra una corte federal de Maryland que estableció un proceso para bloquear automáticamente las deportaciones de las personas que impugnaban su detención por parte del gobierno federal.
El juez federal de distrito Thomas Cullen dijo en un dictamen del 26 de agosto que los jueces federales de Maryland, cada uno de los cuales había sido demandado por la administración, gozaban de inmunidad judicial frente a lo que él describió como "un litigio potencialmente calamitoso".
"Como han revelado los acontecimientos de los últimos meses, estos no son tiempos normales, al menos en lo que respecta a la interacción entre el poder ejecutivo y esta rama coordinada del gobierno", escribió Cullen.
"No es de extrañar que el poder ejecutivo haya elegido un camino completamente diferente y más conflictivo".
Su fallo supuso una victoria para el poder judicial, que ha visto cómo se intensificaban las tensiones con el poder ejecutivo a través de una avalancha de litigios contra la agenda del presidente Donald Trump.
La Corte de Distrito de Maryland, en particular, ha sido escenario de batallas de gran repercusión sobre la autoridad judicial, que han dado lugar a al menos dos importantes decisiones de la Corte Suprema en los últimos meses.
Antes de suspender el bloqueo nacional de un juez de Maryland a la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, la Corte Suprema confirmó la orden de la jueza Paula Xinis de que la Administración facilitara el regreso de Kilmar Abrego García, que había sido deportado a El Salvador.
Justo un día antes de la sentencia de Cullen, Xinis detuvo la deportación de Abrego García a Uganda por parte de la administración.
Su orden formaba parte de un intento más amplio del tribunal de conseguir más tiempo para revisar las posibles expulsiones en medio de una avalancha de peticiones de hábeas corpus.
En mayo, el juez presidente George Russell emitió una orden permanente que impedía automáticamente a la administración alterar la situación legal de los demandantes o expulsarlos del territorio continental de Estados Unidos.
Citando dificultades de programación, Russell describió la orden como una forma de preservar la jurisdicción de la corte sobre los casos y garantizar que los solicitantes pudieran participar en los procedimientos judiciales.
Durante una audiencia celebrada el 13 de agosto, el Departamento de Justicia alegó que la orden de Russell equivalía a una medida cautelar preliminar que no tenía en cuenta ciertos factores que los jueces suelen tener que sopesar al dictar este tipo de órdenes.
Su demanda fue más allá al alegar que la orden de Russell estaba disminuyendo "los votos de los ciudadanos que eligieron al jefe del poder ejecutivo".
Cullen pareció escéptico durante la audiencia del 13 de agosto y dijo en su opinión más reciente que, en lugar de solicitar una orden judicial contra los jueces, la administración Trump debería seguir el proceso de apelación normal.
Cullen, juez del Distrito Oeste de Virginia, presidió el caso después de que la administración solicitara la recusación de los jueces demandados en Maryland.
Se negó a abordar si la orden de Russell era un ejercicio adecuado del poder judicial, afirmando que había otras cuestiones previas que lo impedían.
Según él, la administración no tenía legitimidad para presentar la demanda porque, aunque el ejecutivo se viera perjudicado en sus funciones relacionadas con la inmigración, Cullen no tenía autoridad para bloquear a los jueces.
Hacerlo, dijo, carecería de base histórica.
"La supuesta infracción de una rama sobre el poder exclusivo de otra no da licencia para una libertad constitucional total", afirmó.
Añadió que la Corte de Distrito de Maryland era una entidad de Estados Unidos soberanos y describió la demanda como una controversia entre iguales.
"Como corte federal creado por el Congreso, una corte de distrito de Estados Unidos forma parte de esa soberanía combinada que no puede ser demandada sin la renuncia del Congreso".
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