Un juez federal anuló el martes una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que en parte buscaba suspender las autorizaciones de seguridad de los abogados de WilmerHale, y la declaró inconstitucional.
En un dictamen de 73 páginas, el juez federal Richard Leon afirmó que la orden de Trump violaba los derechos de libertad de expresión y al debido proceso del bufete, señalando que la orden utiliza sanciones y otras formas de "coerción" para suprimir la "representación de causas y clientes desfavorecidos" por parte de WilmerHale.
"La orden grita a través de un megáfono: si defiendes causas que no son del agrado del presidente Trump, ¡serás castigado!", escribió Leon. “Otros bufetes que enfrentan órdenes similares se han rendido ante el presidente Trump”.
La decisión del juez se produce tras la emisión por parte de Trump de múltiples órdenes ejecutivas que apuntan a importantes bufetes de abogados.
"Mi Administración se compromete a abordar los importantes riesgos asociados a los bufetes de abogados, en particular los denominados "grandes bufetes", que participan en conductas perjudiciales para los intereses fundamentales de Estados Unidos", afirmó Trump en una orden emitida el 27 de marzo.
En dicha orden, Trump afirmó que WilmerHale "abandonó los ideales más altos de la profesión y abusó de su práctica pro bono para realizar actividades que socavan la justicia y los intereses de los Estados Unidos".
Trump afirmó que WilmerHale se dedicaba a "representaciones partidistas evidentes para lograr fines políticos" al contratar a abogados que, según él, abusaban de su poder fiscal.
La orden citaba específicamente a WilmerHale por contratar al exfiscal especial Robert Mueller, quien investigó previamente las acusaciones de cooperación entre la campaña presidencial de Trump en 2016 y agentes rusos. La investigación finalmente no encontró pruebas de que conspiraran para influir en las elecciones.
“La investigación de Mueller ejemplifica la utilización del gobierno como arma, pero WilmerHale afirmó que él ‘encarna el valor más alto de nuestro bufete y de la profesión’”, afirma la orden. "Este uso del sistema judicial como arma no debe ser recompensado, y mucho menos tolerado".
La orden dirigió a todos los departamentos y agencias ejecutivas que suspendieran las autorizaciones de seguridad de cualquier persona de WilmerHale, en la medida en que lo permitiera la ley, mientras se revisaban dichas autorizaciones para comprobar si eran compatibles con el interés nacional.
WilmerHale presentó una demanda el 28 de marzo, alegando que la orden de Trump violaba los derechos de la firma en virtud de la Primera Enmienda y su derecho al debido proceso. El bufete de abogados elogió la decisión de Leon del 27 de mayo.
“La decisión de la corte de bloquear de manera permanente la orden ejecutiva ilegal en su totalidad afirma de forma contundente nuestros derechos constitucionales fundamentales y los de nuestros clientes”, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a The Epoch Times. “Nos sentimos orgullosos de defender nuestro bufete, nuestra gente y nuestros clientes”.
El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, dijo en un comunicado que Trump actuó dentro de sus competencias al revocar las autorizaciones de seguridad de los abogados del bufete.
Fields subrayó que revisar las decisiones del presidente en materia de autorizaciones "queda fuera de la competencia del poder judicial".
La orden de Trump también afirma que WilmerHale utilizaba sus prácticas pro bono para apoyar iniciativas destinadas a permitir el voto a los no ciudadanos y que discriminaba a sus empleados por motivos raciales.
La orden también exigía a las agencias federales que rescindieran cualquier contrato con el bufete de abogados y restringieran el acceso de sus empleados a los edificios gubernamentales.
En un caso similar, el 23 de mayo, un juez federal anuló la orden de Trump contra el bufete de abogados Jenner & Block, vinculado a Mueller. Otro juez anuló la orden de Trump contra el bufete de abogados Perkins Coie el 2 de mayo.
Nueve bufetes de abogados han llegado a acuerdos con Trump que incluyen la prestación de servicios jurídicos pro bono por valor de cientos de millones de dólares, definidos de forma imprecisa como destinados a causas de apoyo mutuo.
El Departamento de Justicia puede apelar la orden de Leon ante la Corte de Apelación del Distrito de Columbia.
Con información de Reuters.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
