El 2 de junio, un juez federal bloqueó temporalmente al Departamento de Seguridad Nacional para que no pusiera fin a la negociación colectiva de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), concluyendo que el gobierno probablemente actuó de manera indebida como represalia contra un sindicato por cuestionar las medidas de la Administración Trump.
La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE) "ha demostrado que existe una alta probabilidad de que la decisión de Noem constituya una represalia inadmisible contra ella por su negativa a aceptar el ataque de la administración Trump contra los trabajadores federales", dijo la jueza federal Marsha Pechman en un escrito de 41 páginas.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, emitió en marzo una decisión que prohibía a los agentes de la TSA participar en la negociación colectiva.
La resolución también anulaba un convenio colectivo que la AFGE y la TSA habían firmado en 2024.
Pechman afirmó que el convenio establecía que su duración de siete años solo podía modificarse "por consentimiento mutuo por escrito de las partes", y que el sindicato no había aceptado la anulación.
"La AFGE ha demostrado que la decisión de Noem probablemente viola el debido proceso, al no haber dado aviso ni proceso alguno a la AFGE y a sus miembros para que colaboraran con [el Gobierno] a fin de resolver cualquier desacuerdo antes de simplemente romper las promesas contractuales [del acuerdo]", escribió la jueza. "Y la AFGE ha demostrado que es probable que consiga demostrar que la Determinación Noem es arbitraria y caprichosa, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, especialmente teniendo en cuenta su total desprecio por el CBA de 2024 y su caracterización errónea del papel de la AFGE".
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo a The Epoch Times por correo electrónico que la orden judicial "es otro obstáculo indebido que los jueces activistas están utilizando para socavar los poderes constitucionales del presidente en virtud del artículo II".
"Poner fin a la negociación colectiva de los agentes de seguridad del transporte de la TSA garantiza que los estadounidenses contarán con una plantilla más eficaz y modernizada en todas las redes de transporte del país, lo que se traducirá en una mayor seguridad y protección. La Administración Trump se ha comprometido a volver a las políticas de contratación y despido basadas en los méritos, y ese compromiso no ha cambiado", añadió.
La AFGE, que aún no ha reaccionado a la sentencia, había afirmado en su demanda que la supuesta rescisión del acuerdo "va en contra de uno de los principios más sagrados del sistema político estadounidense: la inviolabilidad de los contratos". El sindicato también alegó que era objeto de represalias por haber presentado una demanda en respuesta a las medidas de la Administración Trump.
En 2011, el entonces administrador de la TSA, John Pistole, decidió permitir la negociación colectiva tras descubrir la baja moral entre los empleados de la TSA. Los agentes habían podido sindicalizarse hasta que Noem tomó su reciente decisión.
De los aproximadamente 47,000 agentes, casi 26,000 son miembros de la AFGE, según los documentos judiciales.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
