Un juez federal detuvo el intento de la administración Trump de expandir las deportaciones rápidas en Estados Unidos, dictaminando que la política viola los derechos constitucionales de los inmigrantes indocumentados al debido proceso.
En una decisión del 29 de agosto, la jueza del Distrito de EE. UU. Jia Cobb bloqueó temporalmente la orden de enero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que autorizaba la “remoción acelerada” de inmigrantes indocumentados arrestados en cualquier parte del país que no puedan demostrar dos años de residencia continua.
El fallo de Cobb suspende tanto la designación del DHS del 21 de enero que ampliaba la remoción acelerada a nivel nacional así como la guía del 23 de enero que la implementaba, conocida como el Memorando Huffman, mientras el caso sigue su curso.
Ella señaló que la política de la administración corre el riesgo de afectar a personas que han vivido en el país el tiempo suficiente para merecer audiencias completas antes de la deportación. A diferencia de los recién llegados en la frontera, escribió Cobb, esos individuos “tienen un importante interés de libertad en permanecer aquí y, por lo tanto, se les debe garantizar el debido proceso”.
Bajo la remoción acelerada, señaló Cobb, los oficiales de inmigración, en lugar de los jueces de inmigración, pueden ordenar deportaciones en cuestión de días, a menudo tras una sola entrevista y con pocas oportunidades de reunir pruebas, consultar a un abogado o apelar. Ese proceso simplificado, dijo, puede ser eficiente en la frontera, pero es peligrosamente inadecuado cuando se aplica a personas con vínculos establecidos en el interior del país.
“Al defender este proceso escueto, el Gobierno presenta un argumento verdaderamente sorprendente: que quienes ingresaron al país ilegalmente no tienen derecho a ningún proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar la gracia que les otorgue el Congreso”, escribió. “Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, sino todos estarían en riesgo”.
El Departamento de Seguridad Nacional criticó el fallo, afirmando que socava la autoridad constitucional del presidente para controlar la inmigración.
“El fallo de este juez activista ignora las claras facultades del Presidente según el Artículo II de la Constitución y el lenguaje explícito de la ley federal”, dijo un funcionario del DHS a The Epoch Times en un comunicado enviado por correo electrónico. “El presidente Trump tiene el mandato de arrestar y deportar a los peores de los peores. Contamos con la ley, los hechos y el sentido común de nuestro lado”.
Aunque la orden de Cobb bloquea la designación del DHS y la guía que implementa la expansión, mantiene intacto el uso de larga data de la remoción acelerada en los puntos de entrada, en el mar y dentro de los 100 millas de la frontera para quienes sean detenidos dentro de los 14 días posteriores a su ingreso.
La demanda fue presentada en enero por Make the Road New York, representada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y sus afiliadas, quienes afirmaron que la norma era inconstitucional. “Ampliar la remoción acelerada le daría a Trump un código de trampa para eludir el debido proceso y la Constitución, y estamos nuevamente aquí para combatirlo”, dijo Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, en un comunicado en enero.
En junio, los grupos solicitaron bloquear la política mientras se resolvía el caso, citando informes de agentes de ICE que arrestaban a inmigrantes en tribunales y los sometían a procedimientos de vía rápida. “Las personas que cumplen con sus obligaciones legales básicamente están siendo emboscadas por ICE en sus citas judiciales”, dijo Balakrishnan en ese momento.
La administración Trump ha sostenido que la remoción acelerada es una herramienta necesaria para deportar rápidamente a quienes ingresaron ilegalmente al país y para disuadir futuros cruces ilegales. En su moción de abril para desestimar el caso, afirmaron que el Secretario de Seguridad Nacional tiene “discreción exclusiva e incuestionable” para aplicar la remoción acelerada a nivel nacional a los no ciudadanos que ingresaron ilegalmente en los últimos dos años. También argumentaron que la designación de enero estaba completamente alineada con el mandato del Congreso.
“La designación se aplica legalmente a los extranjeros que cruzaron ilegalmente, ya que no fueron inspeccionados previamente”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia. “Sostener lo contrario recompensaría a esos extranjeros por su entrada ilegal y limitaría significativamente la operación del esquema de remoción acelerada”.
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