Un juez federal impidió que la administración Trump establezca condiciones sobre los subsidios relacionados con la violencia doméstica, a aspectos como si el beneficiario de un programa promueve la ideología de género o los marcos de diversidad, equidad e inclusión.
En su dictamen del 8 de agosto, el juez William Smith, del Distrito Federal de Rhode Island, se abstuvo de declarar que las nuevas condiciones eran sustancialmente inválidas, pero decidió que la administración no había demostrado que se hubiera seguido el proceso adecuado.
Más concretamente, afirmó que la administración violó la Ley de Procedimiento Administrativo al aplicar las condiciones mediante un "proceso totalmente arbitrario y carente de fundamento", señalando, por ejemplo, que no se tuvo en cuenta el impacto de incluir un lenguaje ambiguo y confuso en las condiciones.
La orden de Smith es una medida cautelar, lo que significa que sirve como bloqueo temporal mientras se desarrolla el litigio. En su dictamen de 27 páginas, afirmó que, sin esta medida, las acciones de la administración "podrían dar lugar a la interrupción de servicios importantes y, en algunos casos, vitales para las víctimas de agresiones sexuales y violencia doméstica".
La demanda se presentó después de que la Oficina de Violencia contra las Mujeres del Departamento de Justicia, que administra los subsidios, estableciera nuevas condiciones a principios de este año. Fue una de las muchas que impugnaron las medidas de la administración en materia de financiación. Según el Departamento de Justicia, la Oficina de Violencia contra las Mujeres había analizado los subsidios a la luz de varias órdenes ejecutivas que emitió el presidente Donald Trump, entre ellas las relativas al género y la diversidad, la equidad y la inclusión.
La oficina estableció una serie de :actividades fuera del ámbito de aplicación: o aquellas que no pueden financiarse con los subsidios. Según los documentos judiciales, entre ellas se incluyen "inculcar o promover la ideología de género", "promover o facilitar programas o ideologías discriminatorias", programas que desalientan la colaboración con las fuerzas del orden e iniciativas que dan prioridad a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses.
Un grupo de coaliciones que trabajan contra la violencia doméstica presentó una demanda aduciendo múltiples violaciones de la ley federal y la Constitución. La orden de Smith se centró en una supuesta violación de la Ley de Procedimiento Administrativo y se negó a pronunciarse sobre las cuestiones constitucionales.
El Departamento de Justicia presentó varios argumentos, entre ellos que el caso correspondía a la Corte Federal de Reclamaciones de los Estados Unidos y no a un tribunal federal de distrito como el de Smith. Haciendo eco de los argumentos esgrimidos en casos anteriores, el Departamento de Justicia se remitió a la Ley Tucker, una ley federal que otorga a la Corte Federal de Reclamaciones la jurisdicción sobre las disputas contractuales con el gobierno federal.
Otra demanda relacionada con esta defensa llegó a la Corte Suprema a principios de este año después de que un tribunal bloqueara el intento de Trump de congelar los subsidios del Departamento de Educación. La Corte Suprema levantó ese bloqueo en una orden más temporal. En una opinión sin firmar, la Corte Suprema dijo que era probable que la administración lograra demostrar que la corte federal de distrito carecía de jurisdicción en ese caso.
Smith indicó que este caso era diferente a los demás porque se enfocaba en las condiciones para la concesión de subsidios.
"La corte considera que la Ley Tucker no cubre las impugnaciones de las condiciones de concesión de subsidios", dijo. "Es importante señalar que las Coaliciones no impugnan las condiciones, los términos o las medidas de la agencia relacionadas con las subsidios que la Oficina [sobre la Violencia contra las Mujeres] les ha concedido anteriormente; solo se oponen a las condiciones impugnadas en la medida en que se imponen o se impondrán a los subsidios que pretenden solicitar".
El Departamento de Justicia también argumentó que las condiciones de la subsidios no eran el tipo de medida de la agencia que podía bloquearse en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo. Smith no estuvo de acuerdo y rechazó la idea de que las condiciones de subsidios estuvieran protegidas por la discrecionalidad de la agencia.
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