El 9 de junio, un juez federal bloqueó temporalmente el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la Administración Trump a los registros de los empleados del gobierno federal.
La jueza federal Denise L. Cote, del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra de la Administración Trump, al considerar que la Oficina de Gestión de Personal (OPM) violó la Ley de Privacidad de 1974 y sus prácticas establecidas en virtud de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Cote no determinó el alcance de su orden judicial contra el DOGE y la OPM, pero indicó en su fallo que lo hará esta semana.
«Los demandantes han demostrado que los demandados revelaron registros de la OPM a personas que no tenían derecho legal a acceder a ellos», escribió Cote en su fallo de 99 páginas. «Al hacerlo, los demandados violaron la Ley de Privacidad y se apartaron de las normas de ciberseguridad que están obligados a cumplir.
«Se trata de una violación de la ley y de la confianza. Decenas de millones de estadounidenses dependen del gobierno para que proteja los registros que revelan sus asuntos más privados y sensibles».
La jueza se pronunció sobre una demanda presentada en febrero por varios sindicatos federales, entre ellos la Federación Americana de Empleados del gobierno, contra el DOGE, OPM y el antiguo líder de facto del DOGE, Elon Musk.
Cote afirmó que su fallo se basaba en los argumentos esgrimidos por la Administración Trump, según los cuales el DOGE necesita acceder a los sistemas de la OPM para actualizar los sistemas informáticos del gobierno.
«La modernización de los sistemas informáticos ha sido un objetivo indiscutible del gobierno durante años», escribió la jueza. «Los demandados no han demostrado que el cumplimiento de los mandatos de la Ley de Privacidad o la adhesión a los protocolos de ciberseguridad establecidos por la OPM vayan a obstaculizar el esfuerzo de modernización».
Los abogados que defienden a la Administración Trump afirmaron que los demandantes no han podido demostrar que permitir el acceso a los registros de la OPM a un número limitado de empleados del DOGE que «están sujetos a los requisitos aplicables en materia de privacidad, ética y otros, y han recibido la formación adecuada» violará los derechos de privacidad de los estadounidenses.
«Los demandantes no explican cómo, y de hecho no pueden demostrar, que el acceso intragubernamental de los empleados de la OPM [...] dará lugar a la divulgación de información personal a agentes extra gubernamentales o permitirá al DOGE tomar represalias contra ellos», argumentó también el gobierno.
El grupo de trabajo del DOGE fue creado por el presidente Donald Trump en enero para investigar el fraude, el despilfarro y los abusos en el gobierno. Los funcionarios han afirmado que el DOGE necesita acceder a los sistemas federales para cumplir su misión.
El DOGE ha sido bloqueado el acceso a registros, incluidos los datos de la Seguridad Social, en varios otros casos. Pero hasta ahora, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado en contra del DOGE en los casos que se han llevado ante el alto tribunal.
La semana pasada, el tribunal falló a favor de la Administración Trump y del DOGE en dos casos distintos, permitiendo al grupo de trabajo acceder a los registros de la Seguridad Social y bloqueando también un intento de obligar al DOGE a presentar registros relacionados con sus actividades.
Los abogados de la Administración Trump, en su apelación de los casos del DOGE y otros, han argumentado que algunos jueces de tribunales inferiores se han extralimitado en su autoridad al dictar medidas cautelares que afectan a funciones básicas del poder ejecutivo.
Musk, antiguo empleado especial del gobierno y asesor de la Casa Blanca, abandonó la Administración a finales de mayo y se volvió crítico con la Administración Trump por un proyecto de ley presupuestaria respaldado por el Partido Republicano.
En medio de una guerra pública de palabras entre Trump y Musk en los últimos días, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo la semana pasada que el trabajo del DOGE continuará.
Mientras tanto, el director de la Seguridad Social, Frank Bisignano, dijo recientemente a The Wall Street Journal que seguirá trabajando con el DOGE para actualizar los sistemas de su agencia y renovar el servicio de atención al cliente.
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