Un gran jurado de Arizona imputó a 22 personas y entidades vinculadas a un fraude masivo de Medicaid que involucra residencias de ancianos.
Los cargos incluyen lavado de dinero, robo, conspiración, esquemas de falsedad, fraude en la referencia de pacientes y usurpación, anunció el martes el fiscal general de Arizona, Kris Mayes.
Estas imputaciones forman parte de una investigación en curso sobre un fraude de 2700 millones de dólares que explotó el sistema de salud de Arizona, especialmente a indígenas estadounidenses que buscaban tratamiento para la adicción a las drogas y el alcohol.
Según el acta de acusación, las 20 personas imputadas están asociadas con una iglesia y una organización de salud mental llamada Happy House Behavioral Health.
La fiscalía alega que Happy House recibió más de 60 millones de dólares por servicios que nunca se prestaron o que solo se completaron parcialmente. Parte de la facturación, según afirman, correspondía a clientes fallecidos o encarcelados.
La fiscalía también alega que los centros de vida sobria derivaban clientes a Happy House, que a su vez recibía fondos del Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS), la agencia estatal de Medicaid. Happy House presuntamente pagó a los centros de vida sobria que derivaron a los clientes por la colocación de esos clientes, un acuerdo que está en el centro de los cargos de fraude.
Entre los cargos de lavado de dinero se encuentra un pago de 5 millones de dólares que Happy House presuntamente realizó en julio de 2023 a la Iglesia Internacional Esperanza de Vida, que posteriormente transfirió 2 millones de dólares a una entidad en Ruanda.
No fue posible contactar de inmediato a los abogados de Happy House y de la Iglesia Internacional Esperanza de Vida para que hicieran declaraciones.
Hasta la fecha, más de 100 personas y varias empresas fueron acusadas en casos relacionados con la amplia ofensiva de Arizona contra el fraude a Medicaid y las residencias de vida sobria sin licencia, muchas de las cuales se dirigían específicamente a miembros de tribus indígenas estadounidenses.
A partir de 2019, aproximadamente, los estafadores atrajeron a personas a programas de tratamiento fraudulentos prometiéndoles comida, alojamiento y servicios de recuperación de adicciones. En cambio, las internaron en centros de rehabilitación donde los operadores a menudo permitían o incluso incentivaban el consumo continuo de drogas y alcohol, según funcionarios estatales. Las víctimas a menudo eran privadas de contacto familiar y, en algunos casos, retenidas contra su voluntad, según los cargos.
"Aisladas por estas organizaciones, las personas tenían que escapar por las ventanas y saltar vallas en plena noche solo para acceder a un teléfono y comunicarse con el mundo exterior", declaró la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, en 2023, durante el anuncio de una ofensiva que suspendió los pagos a 102 proveedores.
Mientras tanto, los estafadores facturaron de más al Programa de Salud para Indígenas Americanos (AHCCCS), un plan de Medicaid para miembros de tribus, por servicios que nunca se prestaron. El AHCCCS indicó que, entre 2019 y 2022, las reclamaciones por servicios ambulatorios de salud conductual aumentaron de 53 millones de dólares a 668 millones de dólares.
En respuesta a lo que Hobbs describió como una crisis humanitaria, el estado otorgó una subvención de 6 millones de dólares en noviembre de 2024 para apoyar a las comunidades tribales afectadas por la estafa.
En abril, Hobbs firmó una ley que refuerza la supervisión de los centros de vida sobria. Bajo la nueva ley, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona establecerá estándares para los centros con el fin de garantizar un ambiente libre de drogas y alcohol y promover la recuperación. El departamento también tendrá la autoridad para suspender o revocar licencias, o multar a los infractores con hasta 1000 dólares por cada día que una infracción no se aborde.
Como mínimo, la ley exige que el departamento realice inspecciones anuales, haga un seguimiento de las quejas e informe a los legisladores cuántas de ellas dieron lugar a investigaciones o medidas de cumplimiento.
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