El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU. dijo el 12 de marzo que ha dejado de alojar a niños inmigrantes ilegales no acompañados en los refugios gestionados por el proveedor de viviendas Southwest Key Programs Inc. debido a las denuncias de acoso y abuso sexual. El HHS afirmó que ha trasladado a todos los menores que se encontraban alojados en esas instalaciones a otros refugios.
El departamento declaró que había decidido dejar de alojar a niños en las instalaciones de Southwest Key "debido a las continuas preocupaciones relacionadas con estos alojamientos".
El Departamento de Justicia (DOJ) también desestimó su demanda de derechos civiles contra el proveedor con sede en Texas, dijo el HHS en un comunicado de prensa.
Southwest Key Programs Inc. ha trabajado con el gobierno federal desde 1996, según su sitio web. Opera refugios residenciales en Arizona, California y Texas, proporcionando alojamiento temporal a niños menores de 18 años que entran en Estados Unidos sin un padre o tutor y sin estatus migratorio legal.
Southwest se financia con subvenciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS, según el HHS. El departamento dijo que revisará sus subvenciones con la organización.
"Esta administración está trabajando sin miedo para poner fin a la tragedia de la trata de personas y otros abusos de niños extranjeros no acompañados que entran ilegalmente en el país", dijo el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr. "Durante demasiado tiempo, agentes perniciosos han explotado a estos niños tanto antes como después de entrar en Estados Unidos. La acción de hoy es un paso significativo para poner fin a este atroz abuso de inocentes".
La demanda judicial contra Southwest Key Programs fue presentada inicialmente por el Departamento de Justicia en julio de 2024. El departamento alegó que, al menos desde 2015 hasta 2023, los empleados de Southwest Key sometieron a los niños a su cargo a "abusos sexuales, acoso y conductas inapropiadas repetidas y no deseadas, así como a un entorno de alojamiento hostil".
Los demandantes también afirmaron en la demanda que algunos de los niños fueron amenazados por los empleados para que guardaran silencio sobre los abusos.
Además, afirmaron que Southwest Key estaba al tanto del abuso, pero no tomó las medidas adecuadas para proteger a los niños bajo su cuidado y no cumplió con los requisitos federales para prevenir, detectar y denunciar el abuso, incluido el acoso sexual.
"Asegurar nuestra frontera y proteger a los niños del abuso son algunas de las misiones más importantes del Departamento de Justicia y de la administración Trump", dijo el miércoles la fiscal general Pamela Bondi. "Bajo las políticas fronterizas de la administración anterior, se incentivó a los malos actores a explotar a los niños y violar nuestras leyes: esto se acaba ahora".
El Departamento de Justicia alegó en su demanda que las acciones de Southwest Key constituían un "patrón o práctica de discriminación en la vivienda debido al sexo" en violación de la Ley de Vivienda Justa.
Solicitó un juicio con jurado, una cantidad no especificada en daños monetarios para las víctimas y pidió al tribunal que prohibiera a Southwest Key cualquier discriminación futura.
En el momento en que se presentó la demanda, la portavoz de Southwest Key, Anais Biera Miraclea, dijo a The Epoch Times que el objetivo principal del proveedor de viviendas era la "seguridad, salud y bienestar de cada uno de los niños y jóvenes que cuidamos".
Miraclea añadió que la denuncia no "presentaba una imagen precisa de la atención y el compromiso que nuestros empleados brindan a los jóvenes y niños".
El miércoles, el Centro Nacional de Derecho Juvenil pidió a la corte que no desestimara el caso y que le concediera la oportunidad de intervenir formalmente en nombre de los afectados por el presunto abuso. De ser concedida, la organización tendría 30 días para presentar una moción en la demanda.
El miércoles, el Centro Nacional de Derecho Juvenil pidió al tribunal que no desestimara el caso y que le concediera la oportunidad de intervenir formalmente en nombre de los afectados por el presunto abuso. De ser concedida, la organización tendría 30 días para presentar una moción en la demanda.
Al menos dos empleados han sido acusados de cargos penales relacionados con las denuncias desde 2020.
The Epoch Times se puso en contacto con un portavoz de Southwest Key Programs Inc. para solicitar sus comentarios, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación de este artículo.
Con información de The Associated Press.
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