El Departamento de Justicia (DOJ) demandó el 28 de mayo a la junta electoral de Carolina del Norte, alegando que los funcionarios violaron la ley federal al no obtener ciertos datos de las personas que se registraron para votar.
Los funcionarios estatales han reconocido las violaciones de la Ley Ayude a América a Votar (HAVA) de 2002, pero tomaron medidas limitadas para evitar futuras violaciones, según la demanda.
Esto ha dejado a un "número significativo de votantes" registrados sin número de licencia de conducir u otro número de identificación, dijo el DOJ en la demanda.
La HAVA prohíbe a los estados aceptar solicitudes de registro de votantes a menos que el solicitante proporcione un número de licencia de conducir o los cuatro últimos dígitos de su número de la Seguridad Social. En el caso de las personas que no tienen carné de conducir ni número de la Seguridad Social, los estados "asignarán al solicitante un número que servirá para identificarlo a efectos del registro de votantes", dice la ley.
"Es fundamental que los censos electorales sean precisos para garantizar que las elecciones en Carolina del Norte se celebren de forma justa, precisa y sin fraudes", dijo en un comunicado la fiscal general adjunta Harmeet Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. "El Departamento de Justicia no dudará en presentar demandas contra las jurisdicciones que mantengan censos electorales inexactos en violación de las leyes federales sobre el voto".
La demanda citaba la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump en la que ordenaba a los funcionarios hacer cumplir las leyes federales sobre el registro de votantes y el voto ilegal.
Sam Hayes, director ejecutivo de la junta estatal, dijo en una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times que la junta estaba revisando la demanda, "pero el incumplimiento de la recopilación de la información requerida por la HAVA ha sido bien documentado". "Tengan la seguridad de que me comprometo a que Carolina del Norte cumpla con la ley federal", añadió.
El estado no había exigido a los solicitantes que indicaran su número de permiso de conducir o de la Seguridad Social, ni que certificaran que no disponían de ninguno de ellos, según una denuncia administrativa presentada el 6 de octubre de 2023.
Un abogado de la junta dijo durante una reunión celebrada poco después que el abogado de la junta estaba de acuerdo con la denuncia de que la HAVA "exige a los solicitantes, tanto a los que se inscriben por correo, que faciliten su número de licencia de conducir o los cuatro últimos dígitos de su número de la Seguridad Social, y solo si no disponen de ninguno de ellos, que marquen la casilla 'No tengo ninguno', lo que les permitirá inscribirse".
El abogado dijo en ese momento que el estado estaba renovando su formulario de registro de votantes.
La junta aprobó una moción en la que reconocía que podría producirse una infracción de la ley como consecuencia de que el formulario de solicitud "no exigiera a los solicitantes que proporcionaran un número de identificación o indicaran que no disponían de dicho número", dijo Alan Hirsch, presidente de la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte, en un escrito.
La junta rechazó la solicitud de ponerse en contacto con los votantes que no tenían licencia de conducir o número de la Seguridad Social, ya que esa medida "no está específicamente autorizada" por la ley y porque esos votantes no habrían podido votar sin proporcionar su identidad.
La junta también dijo que no ordenaría a las juntas electorales de los condados que rechazaran los formularios de registro de votantes que carecieran de la información requerida y que actualmente están en circulación. Las autoridades dijeron que podrían cumplir con la ley ordenando a las juntas que exigieran a los solicitantes que proporcionaran la información requerida antes de tramitar las solicitudes.
"Los demandados se han negado a tomar medidas suficientes para subsanar sus continuas violaciones" de la HAVA, afirma la nueva demanda.
El Departamento de Justicia solicita a la corte que declare que la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte ha infringido la ley y le prohíba incumplir la normativa.
La corte también debería ordenar a la junta que elabore un plan en un plazo de 30 días para subsanar las infracciones, según los funcionarios del Departamento de Justicia.
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