La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, declaró estado de emergencia en el condado de Rio Arriba, la ciudad de Española y los pueblos cercanos de Santa Clara y Ohkay Owingeh, citando un fuerte aumento de la delincuencia violenta, el tráfico de drogas y otras amenazas a la seguridad pública.
Con una población de más de 10,000 habitantes, Española es la ciudad más grande del condado de Rio Arriba —que cuenta con alrededor de 40,000 personas, según el Censo—, y se encuentra a unos 25 millas al norte de Santa Fe.
El condado se extiende hasta la frontera con Colorado y ha enfrentado durante mucho tiempo problemas de consumo de opioides y altas tasas de muertes por sobredosis de drogas, con la aparición de campamentos de personas sin hogar en áreas más pobladas en los últimos años, según funcionarios estatales.
La declaración, emitida el 12 de agosto mediante la Orden Ejecutiva 2025-358, sigue a solicitudes de asistencia de los gobiernos locales y autoriza hasta 750,000 dólares en fondos de emergencia para el Departamento Estatal de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias.
La orden también permite el despliegue de la Guardia Nacional de Nuevo México y ordena a todas las agencias estatales bajo control gubernamental que colaboren en los esfuerzos de respuesta.
Según la oficina de la gobernadora, las llamadas policiales en Española se han más que duplicado en los últimos dos años, mientras que los despachos a negocios en Santa Clara se han cuadruplicado.
El condado de Rio Arriba actualmente registra la tasa de muertes por sobredosis más alta del estado, impulsada por el fentanilo y otras drogas ilícitas. El aumento de la criminalidad se ha relacionado con el incremento de la población sin hogar, la inestabilidad familiar y las sobredosis fatales.
En una carta de julio dirigida a Lujan Grisham, el gobernador del pueblo Santa Clara, James Naranjo, instó al estado a actuar, citando los efectos “directos y negativos” del abuso de fentanilo y alcohol en los niños, y advirtiendo que la crisis se extiende más allá del pueblo hacia la comunidad en general.
“Cuando nuestros líderes locales pidieron ayuda para proteger sus comunidades, respondimos de inmediato con acción decisiva”, dijo Lujan Grisham en un comunicado.
“Estamos poniendo todos los recursos a disposición para apoyar a nuestros socios locales en el terreno y restaurar la seguridad y estabilidad pública en estas áreas más afectadas por esta crisis”.
Entre las muertes recientes en la región vinculadas por los investigadores médicos al uso de fentanilo y alcohol se encuentra la del sheriff del condado de Rio Arriba, Billy Merrifield.
Según su oficina, la orden de la gobernadora permanecerá vigente hasta que se gasten todos los fondos autorizados o ya no se necesite asistencia de emergencia. Los fondos de emergencia pueden usarse para horas extra de la policía, equipamiento y respuestas policiales coordinadas.
Lujan Grisham ha declarado emergencias similares anteriormente, incluida en abril en Albuquerque, donde autorizó la asistencia de la Guardia Nacional para enfrentar el aumento de la delincuencia.
En 2023, suspendió temporalmente el derecho a portar armas en ciertos lugares públicos en respuesta a una serie de tiroteos que dejaron niños muertos.
La medida en Nuevo México se da mientras el presidente Donald Trump ha mostrado interés en expandir el control federal sobre departamentos de policía locales en otras ciudades, tras su intervención de 30 días en el Departamento de Policía Metropolitana de Washington a principios de esta semana.
Bajo la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, el presidente puede tomar control de la policía de Washington por dos días y extenderlo a 30 notificando al Congreso. Cualquier extensión adicional requiere aprobación del Congreso.
Trump declaró que buscaría “extensiones a largo plazo” y sugirió declarar una emergencia nacional si el Congreso no actúa. Tropas de la Guardia Nacional fueron desplegadas en Washington el 12 de agosto para asistir a la policía federalizada.
Lujan Grisham criticó recientemente el enfoque de Trump en Washington, calificándolo de “exceso ejecutivo” y lo contrastó con la estrategia de Nuevo México de abordar la delincuencia mediante acción coordinada entre el estado y los gobiernos locales.
En 2020, Trump envió agentes federales, incluidos oficiales de Seguridad Nacional, a Albuquerque como parte de un esfuerzo por contener la violencia.
Aunque ambas acciones buscan enfrentar aumentos de delincuencia, las autoridades legales son diferentes. La orden de emergencia de Grisham se basa en la ley estatal para dirigir recursos y personal dentro de Nuevo México, incluidas agencias bajo control estatal y la Guardia Nacional.
La acción de Trump en Washington se apoya en poderes federales bajo la Ley de Autonomía del Distrito, con límites de tiempo y supervisión del Congreso incluidos en la normativa.
Con información de The Associated Press
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