La socialité británica Ghislaine Maxwell instó a la Corte Suprema el 28 de julio a desestimar sus condenas por tráfico sexual, alegando que el Gobierno federal violó un acuerdo de inmunidad cuando la procesó.
La presentación legal se produjo después de que la antigua colaboradora del difunto Jeffrey Epstein se reuniera con funcionarios del Departamento de Justicia el 24 de julio. Epstein era un delincuente sexual condenado que murió bajo custodia en 2019 mientras estaba acusado de tráfico sexual.
El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo anteriormente que los funcionarios se pusieron en contacto con Maxwell para averiguar si “tiene información sobre alguien que haya cometido delitos contra las víctimas”.
Maxwell fue condenada en diciembre de 2021 en Nueva York por cinco delitos de tráfico sexual, incluida la conspiración para traficar con menores. En junio de 2022, fue condenada a 20 años de prisión. Actualmente se encuentra recluida en un centro penitenciario federal en Tallahassee, Florida.
Maxwell argumentó en una petición presentada ante la Corte Suprema en abril que el acuerdo de no enjuiciamiento que Epstein firmó en 2007 significa que ella no debería haber sido procesada.
En concreto, sostiene que el acuerdo de Epstein con el fiscal federal del Distrito Sur de Florida debería haber impedido que fuera procesada por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.
El acuerdo establece que el Gobierno “no presentará cargos penales contra ningún posible cómplice de Epstein”, según la petición.
El fiscal general D. John Sauer dijo en un informe el 14 de julio que la apelación de Maxwell carece de fundamento y pidió a los jueces que la rechazaran.
El escrito se refiere a Epstein como «cómplice» de Maxwell. Entre 1994 y 2004, Maxwell “coordinó, facilitó y contribuyó” al “abuso sexual de numerosas mujeres jóvenes y niñas menores de edad” por parte de Epstein.
El escrito afirma que solo Epstein y los fiscales federales de Florida eran partes del acuerdo.
“El Gobierno ni siquiera era consciente del papel de [Maxwell] en la trama de Epstein en ese momento”.
Maxwell es “como mucho, una tercera beneficiaria incidental del acuerdo”, según el escrito.
En su escrito del 28 de julio, Maxwell argumentó que tiene “legitimación para hacer cumplir el acuerdo como tercera beneficiaria”.
La legitimación se refiere al derecho de una persona a demandar ante un tribunal. Una parte debe demostrar una conexión lo suficientemente fuerte con una demanda para justificar su participación en un procedimiento legal.
La promesa de un fiscal federal emitida en nombre de los Estados Unidos “vincula a todo el país”, según el escrito.
Dado que el Gobierno reconoce que los tribunales federales de apelación discrepan sobre el alcance de los acuerdos de no enjuiciamiento, la Corte Suprema debería intervenir para resolver la cuestión, según el escrito.
“Los acuerdos de declaración de culpabilidad y de no enjuiciamiento resuelven casi todos los casos federales” y suelen abarcar a posibles testigos, familiares y cómplices, según el escrito.
“Si esas promesas significan cosas diferentes en diferentes partes del país, entonces la confianza en nuestro sistema se derrumba”.
Zachary Stieber contribuyó a este artículo.
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