La Comisión Federal de Comercio (FTC) advirtió a los prestatarios que se mantengan alejados de las estafas de alivio de la deuda de préstamos estudiantiles, tras cerrar el mes pasado un grupo de empresas que presuntamente cobraban millones en comisiones ilegales y dejaban a los clientes en una situación peor.
La advertencia, emitida el 6 de junio, forma parte de una iniciativa más amplia de la FTC para concienciar sobre los planes engañosos de alivio de la deuda dirigidos a los estadounidenses con préstamos estudiantiles.
En una reciente medida de ejecución, la agencia prohibió permanentemente a Panda Benefit Services, con sede en California y a sus filiales, operar en el sector de la condonación de deudas. La FTC afirmó que las empresas se hacían pasar por socios del Departamento de Educación y prometían a los prestatarios una rápida condonación de sus préstamos a cambio de pagos por adelantado.
Según la FTC, las empresas recaudaron más de 16.7 millones de dólares de consumidores a los que se les dijo que sus préstamos serían condonados o reducidos significativamente. En cambio, los estafadores se quedaron con el dinero y nunca cumplieron sus promesas.
«Es ilegal que alguien cobre comisiones antes de ayudarle o que se haga pasar por afiliado al Departamento de Educación», afirmó la FTC en la alerta al consumidor.
El Departamento de Educación no colabora con empresas privadas que exigen pagos por adelantado y los prestatarios deben desconfiar de cualquiera que afirme lo contrario.
Las empresas ahora prohibidas, incluidas las que operaban bajo nombres como Prosperity Benefit Services y Pacific Quest Services, fueron demandadas por primera vez en 2024. En ese momento, la FTC alegó que los operadores enviaban correos engañosos con la indicación «ÚLTIMO AVISO» y «Urgente» y hacían falsas promesas de condonación total de los préstamos.
También se engañó a los prestatarios para que compartieran datos financieros personales, como su número de identificación de ayuda federal para estudiantes, que los estafadores podrían utilizar para acceder a sus cuentas o robar su identidad.
El caso fue uno de los primeros de la FTC en virtud de una nueva norma federal que refuerza su capacidad para sancionar a quienes se hacen pasar por organismos gubernamentales. Varias sentencias dictadas en el caso ordenaron a los demandados que entregaran sus activos y les prohibieron realizar telemarketing y hacer declaraciones falsas sobre servicios financieros.
La FTC hizo hincapié en que ninguna empresa privada puede hacer nada por los prestatarios que estos no puedan hacer por sí mismos de forma gratuita en StudentAid.gov. Esto incluye solicitar planes de pago basados en los ingresos, consolidar préstamos o explorar opciones de condonación, ninguno de los cuales requiere el pago a servicios de terceros.
La ley federal también prohíbe a las empresas fingir estar afiliadas al Departamento de Educación. Sin embargo, los estafadores suelen hacer un uso indebido de nombres y sellos que parecen oficiales para parecer legítimos.
Los prestatarios que tienen dificultades para pagar sus préstamos federales pueden explorar opciones gratuitas, como el aplazamiento, la moratoria y los planes de pago basados en los ingresos. En algunos casos, también pueden tener derecho a la condonación en función de su historial de pagos a largo plazo o de su empleo en el servicio público.
La agencia insta al público a denunciar los presuntos fraudes en ReportFraud.ftc.gov, a ponerse en contacto con el fiscal general de su estado y a obtener más información en ftc.gov/StudentLoans.
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