Una Corte de apelaciones de EE. UU. dictaminó el martes que Florida puede restringir la compra de viviendas y terrenos por parte de ciudadanos chinos, desestimando las alegaciones de que la ley de 2023 es discriminatoria.
Esto se produce después de que una corte desestimara una impugnación de una ley similar en Texas que restringe la propiedad de inmuebles por parte de personas o entidades chinas.
La sentencia de 2 a 1 de la Corte de Apelación del Undécimo Circuito de Estados Unidos, con sede en Atlanta, allanó el camino para que Florida aplique la SB 264, o Ley de Intereses de Países Extranjeros, que prohíbe a las personas domiciliadas en China comprar propiedades en el estado, a menos que ya fueran propietarias de la totalidad o parte de una propiedad antes del 1 de julio de 2023.
La sentencia también podría animar a otros estados a adoptar las llamadas leyes de propiedad extranjera, que en su día fueron habituales, pero que cayeron en desuso hace un siglo.
La resolución podría ser copiada por otros estados y definir las leyes de propiedad para extranjeros, que en el siglo pasado cayó en desuso.
La corte afirmó que los demandantes carecen de legitimidad para impugnar la restricción de compra de la ley, ya que no demostraron un perjuicio inminente.
Según los documentos judiciales, tres de los demandantes individuales están domiciliados en Florida, y el cuarto, que "al menos podría decirse que está domiciliado en China", ya tiene una vivienda en Florida y no tiene planes de comprar otra. El último demandante, una empresa de intermediación inmobiliaria que presta servicios principalmente a clientes chinos y chino-estadounidenses, tampoco logró demostrar un perjuicio inminente, según los jueces del circuito.
La SB 264 exige a las personas domiciliadas en China que registren las propiedades que poseen en Florida y también exige a los compradores de propiedades que firmen una declaración jurada en la que se comprometen a cumplir la ley.
La Corte del Undécimo Circuito de Estados Unidos rechazó las alegaciones de que la ley se promulgó con intención discriminatoria.
Las declaraciones realizadas por el gobernador Ron DeSantis y un senador estatal, y citadas por los demandantes, "demuestran que la promulgación de la SB 264 estuvo motivada por preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional, individual, territorial y alimentaria. No hay nada en estas declaraciones que demuestre animadversión hacia los asiáticos o las personas de origen chino. Ni siquiera se hace referencia a estos grupos", escribió el juez de circuito Robert Luck.
A Luck se le unió el martes la jueza de circuito Barbara Lagoa, también nombrada por el presidente republicano Donald Trump. Ambos jueces trabajaron anteriormente en la Corte Suprema de Florida y fueron nombrados para esa corte por DeSantis.
El juez de circuito Charles Wilson disintió, afirmando que la regulación de la inversión extranjera es "un ámbito esencialmente federal" y que la ley de Florida estaba supeditada a la ley federal. Wilson fue nombrado por el expresidente demócrata Bill Clinton.
En respuesta a la sentencia, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, celebró la victoria y escribió en X que la ley impediría "la propiedad de tierras en Florida por parte del Partido Comunista Chino".
La abogada Ashley Gorski, de la Unión Americana por las Libertades Civiles, que representa a los demandantes, afirmó: "Aunque la decisión de hoy es decepcionante, seguiremos luchando contra leyes como estas, que se dirigen de forma descarada contra los inmigrantes por su origen nacional y su etnia".
Con información de Reuters.
