Un grupo de fiscales generales estatales demócratas y un gobernador demandaron al gobierno de Trump el 10 de abril para intentar evitar que pusiera fin a más de 1.1 mil millones de dólares en fondos destinados a abordar los efectos a largo plazo de la pandemia COVID-19 en los estudiantes de primaria y secundaria.
Presentada en la corte federal de Manhattan, la demanda judicial es en respuesta al anuncio del 28 de marzo del Departamento de Educación de que ya no permitiría a los estados utilizar fondos dentro de programas implementados por una ley de ayuda pandémica aprobada durante la administración Biden. Anteriormente, la agencia dijo que los fondos estarían disponibles hasta marzo de 2026.
Los estados demandantes dijeron que planearon la financiación y ahora están lidiando con importantes déficits presupuestarios debido al cambio de política de la agencia, afirma la demanda.
Dijeron que la financiación estaba destinada a mejoras en las instalaciones, a ofrecer clases particulares a los estudiantes que se retrasaron durante la pandemia COVID-19 y alimentar a los estudiantes sin hogar.
"El último ataque de la administración Trump a nuestras escuelas perjudicará a nuestros estudiantes más vulnerables y dificultará su progreso", dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las demandantes. "Recortar el acceso de los sistemas escolares a recursos vitales de los que dependen nuestros estudiantes y profesores es indignante e ilegal".
A ella se unieron los fiscales generales de California, Illinois, Massachusetts, Michigan, Minnesota y el Distrito de Columbia, así como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que también fue demandante.
El grupo alega que la revocación de la administración Trump de permitir el acceso a los fondos violó los procedimientos necesarios por la Ley de Procedimientos Administrativos. Están pidiendo a la corte que emita una orden anulando la terminación de fondos del Departamento de Educación y restableciendo su política anterior, permitiendo a los estados acceder a los fondos hasta marzo del próximo año.
La Casa Blanca y el Departamento de Educación no respondieron a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación.
El presidente Donald Trump declaró que la autoridad educativa debía volver a los estados y que los padres deberían decidir qué es lo mejor para sus hijos. El mes pasado firmó una orden ejecutiva en la que ordenaba a su administración acelerar el proceso de desmantelamiento del Departamento de Educación, que requiere la aprobación del Congreso.
El fiscal general de California, Rob Bonta, uno de los que demandaron el jueves, acusó a Trump de "sumir a nuestras escuelas en el caos y poner en peligro el éxito académico de una generación de niños estadounidenses" al desmantelar el Departamento de Educación.
"Voy a llevar al presidente a la corte por decimotercera vez para ayudar a garantizar que nuestros hijos obtengan las oportunidades educativas que merecen", escribió Bonta en un comunicado de prensa.
Numerosos grupos presentaron demandas en contra de los recortes radicales de la administración, argumentando que está revocando contratos y subvenciones aprobados por el Congreso sin antes obtener el aporte del poder legislativo.
Con información de Reuters.
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