El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró el 21 de octubre que una amplia investigación interna reveló que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) incurrió en una "evidente discriminación política" durante la administración Biden al retener o retrasar sistemáticamente la ayuda en caso de desastre a los estadounidenses cuyas casas exhibían carteles a favor de Trump o de la Segunda Enmienda.
La investigación, llevada a cabo por la Oficina de Privacidad del DHS, concluyó que entre 2021 y 2024 los empleados de la FEMA registraron las creencias políticas de los ciudadanos en las bases de datos de la agencia y que, en ocasiones, esos datos se utilizaron para denegar o posponer la ayuda a los supervivientes de catástrofes. Según los investigadores, esta conducta infringió la Ley de Privacidad de 1974 y otras normas del DHS sobre el tratamiento de datos destinadas a proteger los derechos de la Primera Enmienda de los estadounidenses.
"La información recopilada incluía datos claramente protegidos sobre la libertad de expresión de las personas, como carteles de campaña que mostraban el apoyo al entonces candidato presidencial Donald Trump o posiciones políticas, como el apoyo a la posesión de armas, o que indicaban que una persona expresaba su apoyo o su desacuerdo con un líder político", se lee en el informe, fechado en agosto de 2025 y publicado esta semana.
Las comunicaciones internas de la FEMA revisadas por el DHS muestran que varios supervisores y jefes de equipo ordenaron a los equipos sobre el terreno que evitaran o retrasaran las visitas a los hogares que exhibían banderas de la campaña de Trump u otros símbolos conservadores. Los datos extraídos del software de ayuda en caso de catástrofes de la FEMA muestran visitas domiciliarias omitidas, notificaciones de ayuda perdidas y notas de campo que citan carteles políticos como motivos para no establecer contacto.
El informe afirma que la FEMA nunca denunció estos casos como "incidentes de privacidad", tal y como se exige, y que sus mecanismos de supervisión no detectaron ni corrigieron esta conducta. Los investigadores también afirmaron que la agencia creó "bases de datos gubernamentales ocultas" que rastreaban expresiones políticas protegidas por la Constitución, lo que erosionó la confianza pública y la equidad en la respuesta ante desastres. El informe calificó las acciones de la FEMA como "un patrón de uso del poder federal como arma contra los estadounidenses".
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que los hallazgos eran impactantes y revelaban un abuso deliberado de poder.
"El gobierno federal estaba reteniendo la ayuda a los estadounidenses en crisis basándose en sus creencias políticas, lo que debería horrorizar a todos los estadounidenses, independientemente de su persuasión política", dijo Noem en un comunicado el 21 de octubre. "No vamos a permitir que esto quede así".
El asunto salió a la luz después de que el huracán Milton azotara la costa del Golfo de Florida en octubre de 2024. La FEMA despidió a un jefe de equipo, posteriormente identificado como Marn'i Washington, después de que The Daily Wire publicara capturas de pantalla con mensajes en los que se ordenaba a los trabajadores de campo que se saltaran las casas con carteles de la campaña de Trump. La entonces administradora de la FEMA, Deanne Criswell, condenó la conducta como reprensible y remitió el caso a la Oficina del Asesor Especial (OSC) de Estados Unidos, que se encarga de hacer cumplir la Ley Hatch, que prohíbe la actividad política partidista de los empleados federales.
En una denuncia presentada en febrero, la OSC alegó que Washington violó la Ley Hatch al participar en actividades políticas mientras estaba de servicio, señalando que "la presencia de un cartel de campaña no es una razón por la que el personal de la FEMA deba o no deba visitar una propiedad".
La oficina argumentó que "la Ley Hatch prohíbe a los empleados utilizar su autoridad o influencia oficial para interferir o influir en los resultados de unas elecciones".
Trabajadores de la FEMA en Asheville, Carolina del Norte, en esta fotografía de archivo. (Mario Tama/Getty Images)Washington negó haber iniciado la política. Declaró a Fox News y a otros medios de comunicación que evitar las casas con carteles de Trump "era la cultura" dentro de la FEMA y que los directivos ya desaconsejaban esas visitas por motivos de seguridad. Afirmó que la habían convertido en chivo expiatorio de directivas que se originaban en niveles superiores de la cadena de mando, una acusación que Criswell rechazó.
"No hay nada en nuestras políticas y procedimientos, ni en nuestra formación, que indique a ningún empleado que evite visitar la casa de alguien por su afiliación política", dijo Criswell a los legisladores en noviembre de 2024, afirmando que hubo "pruebas visuales" de que Washington escribió a su equipo para "evitar las casas que anunciaban a Trump". Criswell dijo que no creía que esa conducta reflejara un problema cultural más amplio dentro de la FEMA.
El informe de la Oficina de Privacidad del DHS concluyó lo contrario. Descubrió que se produjeron acciones similares ya en el huracán Ida en 2021, lo que afectó a múltiples desastres en todo el país. Los investigadores afirmaron que la FEMA no publicó los avisos de privacidad requeridos, utilizó datos políticos irrelevantes en la determinación de las ayudas y no informó de las infracciones.
El DHS declaró que, para evitar abusos en el futuro, Noem remitió el caso al Departamento de Justicia y al inspector general del DHS para su posible enjuiciamiento y revisión disciplinaria. También canceló la práctica de encuestas puerta a puerta de la FEMA, ordenó controles más estrictos para la recopilación de datos y ordenó a la agencia que impartiera nueva formación para definir las preocupaciones legítimas en materia de seguridad y hostilidad sobre el terreno.
El informe del DHS recomendó además eliminar los campos de comentarios de texto libre de la aplicación móvil de datos de la FEMA, añadir opciones desplegables para evitar entradas no autorizadas y crear nuevos mecanismos de auditoría y supervisión para salvaguardar la privacidad y la imparcialidad.
The Epoch Times se puso en contacto con la FEMA para recabar sus comentarios sobre las conclusiones del DHS y saber si la agencia tiene previsto iniciar su propia revisión interna o tomar medidas disciplinarias.
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