La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, cumplió el 16 de abril con su promesa anterior de desclasificar información relacionada con la estrategia de contraterrorismo doméstico del presidente Joe Biden.
Llamado “Plan de Implementación Estratégica” (SIP, por sus siglas en inglés), el documento de 15 páginas detalla los hallazgos de la administración Biden y su plan de acción para contrarrestar un presunto aumento del terrorismo doméstico de origen interno.
Gabbard publicó los documentos en respuesta a la presión de grupos conservadores como America First Legal, que expresaron su preocupación por el hecho de que la administración Biden supuestamente estuvo “censurando discursos desfavorables en Internet al etiquetar dichos discursos como ‘desinformación’, ‘información errónea’, ‘discurso de odio’ y ‘terrorismo doméstico’”.
Tras los hechos ocurridos el 6 de enero en el Capitolio —después de los cuales la administración Biden declaró que el terrorismo doméstico era la mayor amenaza terrorista que enfrentaba Estados Unidos—, el SIP representa la estrategia nacional de contraterrorismo a nivel gubernamental.
Esto es lo que revelan los documentos desclasificados:
Plan de Cuatro Pilares
El plan contenido en los documentos desclasificados se basa en cuatro pilares:“Comprender y compartir información relacionada con el terrorismo doméstico”
“Prevenir el reclutamiento y la movilización hacia la violencia del terrorismo doméstico”
“Interrumpir y disuadir la actividad del terrorismo doméstico”
“Confrontar los factores a largo plazo que contribuyen al terrorismo doméstico”
Los objetivos generales del plan incluyen identificar e intervenir ante “individuos potencialmente peligrosos”, “fortalecer las normas de expresión política no violenta y el rechazo al racismo y la intolerancia”, y aumentar la “confianza de los estadounidenses en la democracia y en el gobierno”.
El plan solicita una investigación y análisis dedicados al terrorismo doméstico, incluyendo cualquier posible vínculo con organizaciones o gobiernos internacionales. Con el mismo propósito, también propone un mayor intercambio de información dentro de las agencias federales de seguridad relacionadas con el terrorismo doméstico.
Además, este pilar plantea que el gobierno “explore” métodos para identificar el terrorismo doméstico a través de la actividad financiera, lo que incluiría una mayor colaboración con instituciones financieras y un escrutinio más profundo de los registros financieros de los ciudadanos.
El plan también solicita que el gobierno “mejore [su] comprensión de cómo las operaciones de información de estados extranjeros y actores no estatales, particularmente la desinformación, se relacionan con la amenaza del terrorismo doméstico”.
Eso es, esencialmente, lenguaje del gobierno federal para referirse al análisis del impacto de actores extranjeros en línea. La administración Biden y los demócratas han afirmado repetidamente que “trolls” rusos fueron responsables de difundir desinformación e información errónea en internet.
Relacionado con esto, el SIP revela un plan para “implementar programas de alfabetización digital basados en evidencia para combatir la desinformación en línea y el reclutamiento y las narrativas del terrorismo doméstico”.
El plan también ordena al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional, entre otros, que “compartan con empresas tecnológicas y otras compañías del sector privado pertinentes, según corresponda, de manera expedita y constante, información relevante sobre contenido en línea relacionado con el terrorismo doméstico y con el terrorismo transnacional asociado”.
El plan también pidió establecer salvaguardas en el intercambio de información con empresas tecnológicas, teniendo en cuenta “revisiones legales, de privacidad, derechos civiles y libertades civiles”.
Muchos conservadores han criticado durante mucho tiempo la supuesta colusión entre agencias federales y plataformas tecnológicas, argumentando que la administración Biden buscó censurar y eliminar puntos de vista conservadores, violando la Primera Enmienda.
Propuestas sociales
El último pilar del plan, que llama a “confrontar los factores a largo plazo que contribuyen al terrorismo doméstico”, está cargado de propuestas sociales potencialmente controvertidas.Esta sección identifica las “armas fantasma” —armas no registradas sin número de serie, a menudo creadas mediante impresoras 3D—, como uno de esos factores, y propone “[frenar la proliferación]” de dichas armas, “fomentar la adopción estatal de órdenes de protección por riesgo extremo, y promover otras acciones ejecutivas y legislativas, incluyendo la prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad”.
También propone “promover la inclusión” como parte de la respuesta a la pandemia de COVID-19 para “mitigar la xenofobia y los prejuicios”.
Esto, con el fin de “abordar las barreras en la denuncia de crímenes de odio que enfrentan las comunidades desfavorecidas, promoviendo la capacitación y los recursos en las fuerzas del orden para prevenir y enfrentar crímenes motivados por prejuicios”, según el SIP.
Adicionalmente, el plan alienta la “enseñanza y aprendizaje de la educación cívica que proporcione a los estudiantes las habilidades para participar plenamente en la vida cívica” y la promoción de “la alfabetización tanto para niños como para adultos, así como intervenciones comprobadas que fomenten la resiliencia ante la desinformación”.
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