La administración Trump anunció el 20 de agosto que impondrá sanciones a cuatro funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), citando sus presuntas acciones contra ciudadanos israelíes y estadounidenses.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que los funcionarios han intentado “investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o de Israel, sin el consentimiento de ninguno de los dos países”.
El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado sancionaron a Nicolas Yann Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiyi; Mame Mandiaye Niang, de Senegal; y Kimberly Prost, de Canadá.
“Estados Unidos ha sido claro y firme en nuestra oposición a la politización de la CPI, su abuso de poder, su desprecio por nuestra soberanía nacional y su extralimitación judicial ilegítima”, dijo Rubio.
"La Corte es una amenaza para la seguridad nacional y ha sido un instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado, Israel".
“Exhorto a los países que aún respaldan a la CPI, muchos de los cuales alcanzaron su libertad gracias a grandes sacrificios de los estadounidenses, a resistir las pretensiones de esta institución en bancarrota”, agregó Rubio.
El portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, dijo a los medios que la CPI cuenta con el pleno apoyo del organismo mundial para llevar a cabo su labor. Señaló que la ONU está “muy preocupada” por el hecho de que Estados Unidos siga atacando a la corte internacional.
“Creemos firmemente que la CPI es un pilar fundamental de la justicia penal internacional y respetamos su trabajo”, agregó.
Los jueces de la CPI emitieron órdenes de arresto en noviembre pasado contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el exjefe de defensa de Israel, Yoav Gallant; y el líder de Hamás, Ibrahim al-Masri, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto en Gaza.
Netanyahu negó las acusaciones y advirtió el año pasado que los funcionarios estadounidenses podrían ser los siguientes.
A principios de este año, Trump escribió que impuso sanciones a la propia CPI porque esta “emprendió acciones ilegítimas e infundadas dirigidas contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado, Israel”, y agregó que el tribunal “se atribuyó jurisdicción e inició investigaciones preliminares sobre personal de Estados Unidos y de ciertos aliados, incluido Israel, y además ha abusado de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas” contra Netanyahu y Gallant.
En marzo de 2020, los fiscales abrieron una investigación en Afganistán que incluía presuntos crímenes cometidos por tropas estadounidenses. Sin embargo, desde 2021, el tribunal dejó en segundo plano el papel de Estados Unidos y se centró en los supuestos crímenes cometidos por el gobierno afgano y las fuerzas talibanes.
La CPI, que se estableció en 2002, tiene jurisdicción internacional para procesar casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en sus 125 Estados miembros o cuando una situación es remitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Algunos países no reconocen su autoridad, entre ellos Israel, Estados Unidos, China y Rusia, entre otros.
La administración Trump impuso sanciones al exfiscal jefe de la CPI, Karim Khan, quien renunció en mayo en medio de acusaciones de conducta sexual indebida. Varios otros jueces del tribunal también fueron sancionados en lo que va del año.
Durante el primer mandato de Trump, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la CPI que fueron revocadas por la administración del presidente Joe Biden a inicios de 2021.
The Epoch Times contactó a la CPI para solicitar comentarios el miércoles.
Con información de Reuters y The Associated Press.
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