El Departamento de Justicia acordó resolver una demanda que impugna su clasificación de algunos dispositivos de disparo rápido, conocidos como gatillos de reinicio forzado, como piezas de ametralladoras.
El 16 de mayo, la fiscal general Pam Bondi dijo que el departamento había acordado poner fin a sus batallas legales con Rare Breed Triggers, una empresa que fabrica algunos de estos productos de gatillos de reinicio forzado.
"Este Departamento de Justicia cree que la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase", declaró Bondi en un comunicado de prensa el viernes. "Y nos complace poner fin a un ciclo innecesario de litigios con un acuerdo que mejorará la seguridad pública".
La ley federal existente define un arma automática como "cualquier arma que dispara, está diseñada para disparar o se puede restaurar fácilmente para disparar automáticamente más de un tiro sin volver a cargar manualmente por una sola función del gatillo". Las armas automáticas tienen regulaciones estrictas y quienes posean armas automáticas no registradas pueden enfrentar condenas de hasta diez años de prisión.
El gatillo de reinicio forzado es uno de los varios productos para armas de fuego que surgieron en los últimos años y están diseñados para permitir a un usuario producir un efecto de disparo rápido sin ajustarse a la definición legal de arma automática.
Un gatillo semiautomático común y legal para civiles permite al usuario apretar el gatillo para disparar un solo tiro, tras lo cual el usuario debe soltar el gatillo para que se reinicie mecánicamente a la posición de no disparo. Después el usuario puede presionarlo otra vez para un tiro posterior. Un gatillo de reinicio forzado está diseñado de tal manera que, al apretarse, vuelve a la posición de descarga sin que el usuario lo suelte, lo que permite al usuario apretarlo de nuevo más rápidamente para disparos posteriores.
En marzo de 2022, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), bajo la administración Biden, emitió una carta en la que declaraba que algunos gatillos de reinicio forzado cumplen con la definición legal de parte de arma automática.
A su vez Rare Breed Triggers y varios defensores de los derechos de armas demandaron esta clasificación, argumentando que la decisión de la oficina era errónea. Estas impugnaciones han pasado por varias cortes federales distintas.
El Departamento de Justicia afirmó que esta decisión resolverá los casos ante las cortes de los circuitos 2.º y 5.º, y ante la Corte de Distrito de Utah.
Al anunciar la decisión del acuerdo, el Departamento de Justicia señaló la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Cargill contra Garland. El caso se refería a otros dispositivos de disparo rápido para armas de fuego, conocidos como "bump stocks", que ayudan a los usuarios a realizar una técnica denominada "bump-firing", mediante la cual pueden aprovechar el retroceso de sus armas para disparar más rápidamente.
La mayoría de la Corte Suprema falló a favor de los demandantes que impugnaban una norma de la ATF que trataba los bump stocks como armas automáticas. Al redactar la opinión mayoritaria en el caso de los bump stocks el juez Clarence Thomas concluyó “Un bump stock simplemente reduce el tiempo que transcurre entre funciones separadas del gatillo”.
Los defensores de los derechos de armas han citado la decisión de la Corte Suprema en Cargill contra Garland para buscar un fallo similar que proteja los gatillos de reinicio forzado.
Con el acuerdo el Departamento de Justicia aceptó devolver cualquier producto de gatillo de reinicio forzado que haya incautado. A cambio, el Departamento de Justicia dijo que Rare Breed Triggers acordó no desarrollar un producto de gatillo de reinicio forzado para ninguna pistola y “hacer cumplir sus patentes para evitar infracciones que puedan amenazar la seguridad pública”.
Lawrence DeMonico, presidente de Rare Breed Triggers, celebró la decisión del acuerdo en un vídeo declarado el viernes. DeMonico también se comprometió a reanudar la producción de productos con gatillos de reinicio forzado, que su empresa había suspendido durante la batalla legal.
DeMonico atribuyó la decisión del Departamento de Justicia de llegar a un acuerdo al cambio de administración de Biden a Trump.
“Con el renovado enfoque en la justicia de la administración Trump y su compromiso de corregir la militarización del DOJ bajo la administración Biden finalmente pudimos cerrar este conflicto” dijo.
Giffords, una organización defensora del control de armas, criticó la decisión del acuerdo en su propia declaración del viernes.
"La administración Trump acaba de legalizar efectivamente las armas automáticas. Se perderán vidas por sus acciones", afirmó Vanessa González, vicepresidenta de asuntos gubernamentales y políticos de Giffords. "Se trata de una medida increíblemente peligrosa que permitirá a los tiradores infligir daños horribles".
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